El 1º de mayo de 2003, 20 días después de la toma de Bagdad por parte de la coalición ofensiva integrada por Estados Unidos y Gran Bretaña con el apoyo del gobierno español de José María Aznar, el presidente estadounidense George W. Bush declaró el “fin de las hostilidades” en territorio Irakí. Sin embargo, lo cierto era que los conflictos en Irak estaban lejos de acabarse.

La crisis humanitaria crecía día a día, las carencias de la población eran cada vez mayores, y las víctimas civiles de la guerra iniciada el 23 de marzo alcanzaban casi las 10.000 (aunque su contabilización se hacía irregular debido al caos que enfrentaban los servicios de sanidad). Y lo que era aún más grave, el nivel de inseguridad no disminuyó tras el cese oficial del conflicto. En un país cuyas autoridades habían virtualmente desaparecido o sido capturadas por las fuerzas ocupantes, el caos y la incertidumbre crecían cada día.

Tras el anuncio del presidente Bush, la discusión se ramificó hacia varios lados: dónde estaban las armas de destrucción masivas cuya destrucción había justificado, según Bush y su principal aliado, el primer ministro británico Tony Blair, la guerra; cuál sería el rol de Naciones Unidas en la reconstrucción de Irak, después de que el organismo internacional viera atropellados sus intentos de una solución diplomática al conflicto; quién gobernaría el país; y, sobre todo, cuál sería la situación de Medio Oriente en el marco del combate al terrorismo después del 11 de setiembre de 2001.

Las armas nunca aparecieron, pero Bush y Blair no se arrepintieron de sus acciones porque sintieron el deber de “liberar a Irak de la tiranía de Saddam Hussein”, a quien finalmente afirman haber capturado en las afueras de Tikrit, su ciudad natal, el 13 de diciembre de 2003. Mientras tanto, los días 23-24 de octubre se realizó en Madrid una Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Irak, cuyo costo se evaluaba en 100.000 millones de dólares. Sin embargo, pese a la destrucción causada por la invasión, lo más costoso en Irak no es la recuperación de su infraestructura sino el mantenimiento de las tropas norteamericanas. Washington paga 51.000 millones de dólares anuales por el emplazamiento de sus 140.000 efectivos.

Un año después de anunciado el fin del conflicto armado, han muerto en Irak dos veces más soldados norteamericanos que durante el tiempo de la guerra “oficial”, el mundo es un lugar más inseguro sin Saddam Hussein en el poder, y los pueblos han comenzado a hacerle pagar sus consecuencias a los gobernantes que esgrimieron débiles argumentos para ir a la guerra. En España, estremecida tras los serios atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid como represalia por el apoyo del gobierno a la guerra de Bush y Blair, el electorado le retiró su apoyo al presidente Aznar a favor del opositor Partido Socialista; inmediatamente después de asumir su cargo, el electo presidente José Luis Rodríguez Zapatero ordenó el retiro de las tropas españolas de Irak.

Pero hubo más. El 28 de abril de 2004, la cadena de televisión CBS publicó las primeras de una serie de fotografías donde se veía a soldados estadounidenses cometiendo todo tipo de abusos contra prisioneros iraquíes. A partir de allí, los medios de Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a mostrar a la opinión pública los abusos que se cometieron en las cárceles iraquíes dirigidas por las fuerzas de ocupación, principalmente en la prisión de Abu Ghraib, tristemente célebre desde los tiempos de Saddam Hussein. El escándalo, de aún impredecibles consecuencias, obligó no sólo al Pentágono sino a Bush y a Blair a mostrarse perplejos y a pedir disculpas, y las investigaciones para determinar responsabilidades se pusieron en marcha.

Pero a pesar de que las autoridades, tanto estadounidenses como británicas, insistieron en que ese no era el modo como la mayoría de sus soldados se comportaba, lo cierto es que los testimonios y documentos que empezaron a surgir demuestran que se trató de una “práctica sistemática” en total violación de la Convención de Ginebra relativa al trato debido a los prisioneros de guerra. El 8 de mayo, horas después de las disculpas públicas de Tony Blair, el gobierno británico reconoció que el Comité Internacional de la Cruz Roja le había remitido en febrero un informe sobre supuestas torturas a prisioneros iraquíes cometidas por soldados de Gran Bretaña y Estados Unidos.


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