Los problemas en el acceso a la salud de los países en desarrollo tienen su origen en la crisis económica de la década de los 80 y las reformas con las que los gobiernos intentaron manejarla.

La coyuntura política y económica de esa época cortó en seco las promesas de salud para todos proclamadas en la conferencia internacional de Alma- Ata en 1978, convocada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Allí, en una declaración histórica sobre la atención primaria, 134 países proclamaron la salud como un derecho fundamental que debía ser velado por los estados. También subrayaron la necesidad de diseñar una estrategia de salud amplia que tuviera en cuenta las causas sociales, económicas y políticas que subyacen a los problemas de salud.

El peso de una deuda con altísimos intereses redujo, en los años sucesivos, el gasto público en salud, educación y otros servicios básicos. Las reformas exigidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (condición imprescindible para habilitar nuevos préstamos) incluyeron una mayor reducción del gasto, una medida que únicamente reforzó el impacto negativo de la crisis económica.

Las privatizaciones, promovidas en nombre de la modernización, a la vez que disminuyeron el déficit fiscal (transitoriamente) transfirieron a los individuos una responsabilidad históricamente asumida por los gobiernos. Este proceso se desarrolló a través de la introducción de cuotas, descentralización y desarrollo de los seguros de salud. Las privatizaciones fueron instrumentadas desde un marco más general: los programas de ajuste estructural del Banco Mundial.

A pesar de que esta institución financiera no deja de elogiar las ventajas de la participación del sector privado, en los países en los que se han aplicado estas reformas el acceso a la salud es cada vez es más restringido y de menor calidad. Los sectores vulnerables de la población no pueden afrontar el costo de la salud y progresivamente se van retirando del sistema.

Los servicios básicos forman parte de los derechos humanos. La ONU dispuso la creación de un comité para los derechos económicos, culturales y sociales. Este organismo ha promovido una declaración a propósito del GATS (acuerdo general sobre el comercio de servicios, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la Organización Mundial de Comercio. La declaración incluye la promoción y protección de los derechos humanos entre los objetivos de la liberalización del comercio, analiza sus efectos sobre las personas y promueve políticas y legislación comercial que tome en cuenta los derechos de todos, en especial los individuos y grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.