Argumentando la necesidad de una acción “preventiva” para eliminar supuestas armas de destrucción masiva, y de acabar con el “régimen tiránico” del presidente Saddam Hussein, el gobierno de Estados Unidos emprendió acciones militares contra Irak, sin la autorización de Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2003. George W. Bush obtuvo cierto apoyo internacional –principalmente de parte del Primer Ministro británico Tony Blair- pero también enfrentó en el camino la oposición de algunos países ‘de la vieja Europa’, como Francia y Alemania, que insistieron con una salida diplomática.

Sin embargo, esta vía diplomática fracasó desde el momento en que dentro del propio Consejo de Seguridad de la ONU no se llegó a un acuerdo sobre la crisis. Las Naciones Unidas, ante la inminencia del ataque, se limitaron a sacar a sus inspectores de armas de Irak –quienes no encontraron ninguna evidencia de que Hussein poseyera armas de destrucción masiva- y a preparar la ayuda humanitaria destinada al pueblo iraquí. Un pueblo que, lejos de haberse recuperado de la primera Guerra del Golfo de 1991, sufría ya los efectos de un bloqueo económico impuesto desde 1990 por el Consejo de Seguridad cuando debió enfrentar la devastación de este nuevo ataque.

Antes y después de la ocupación, las voces más firmes contra la guerra fueron las de la sociedad civil internacional, que se movilizó principalmente desde la histórica fecha del 15 de febrero de 2003. Ese día, en unas 600 ciudades de los cinco continentes, se reunieron millones de personas en una manifestación pacifista como nunca se había realizado antes.