La asistencia de público, así como la necesidad de traducción simultánea de tres idiomas (inglés, francés y español), obligó a trasladar un seminario sobre la Corte Penal Internacional (CPI) desde un salón de clase hasta un moderno teatro de la Pontificia Universidad Católica (PUC), el principal punto focal en que se viene llevando a cabo el III Foro Social Mundial en Porto Alegre.
Bajo el título "Globalizando la justicia: la Corte Penal Internacional", el seminario del lunes 27 en la mañana contó con una mesa integrada por activistas y abogados internacionales que expusieron el establecimiento de este organismo permanente, internacional, e independiente. La CPI es la primera corte de esas características creada con la finalidad de juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La jurisdicción de la Corte sobre estos crímenes se inició el 1o de julio de 2002 con la entrada en vigor del Tratado de Roma, ratificado hasta ahora por 87 países. Sus primeros magistrados serán elegidos el próximo mes de febrero. El establecimiento de la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), ha sido calificado como el avance más grande en el derecho internacional desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El seminario contó con la participación de William Pace, Coordinador General -desde hace ocho años- de la Coalición de ONG por la CPI (CCPI) y Director del World Federalist Movement - Institute for Global Policy (WFM-IGP). Pace explicó las potestades generales de la CPI, que no podrá juzgar a estados sino a individuos que cometan crímenes contra la humanidad sin importar su cargo o rango oficial. Al mismo tiempo advirtió que habrá países temerosos que tratarán de matar a la CPI "desde su gestación". Y recordó que en apenas 18 días serán elegidos los primeros 18 jueces (incluyendo mujeres) que integrarán la primera cámara, a iniciar funciones en el mes de abril. Tras el proceso de elección de los fiscales de la Corte, está previsto que para agosto de este año ya hayan entre 80 y 100 jueces y fiscales operando dentro de la CPI.
"Es muy importante que la sociedad civil global conozca y entienda lo que es la CPI y el Tratado de Roma", enfatizó Pace, "de manera de presionar a los países que aún no se han sumado al proceso". De los 87 países que han ratificado el Tratado, apenas cinco han adoptado los cambios en su legislación necesarios para acompañar los procesos impulsados por la CPI. Pace aseguró que estos cambios legislativos nacionales es la gran tarea de los próximos cinco años. Sólo de esa manera, apuntó, quedarán cada vez menos lugares en la Tierra en los que un criminal de guerra pueda ocultarse para no enfrentar un proceso.
"Optimismo estratégico"
Otros oradores del seminario fueron Sidiki Kaba, Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos - FIDH (quien ofició a la vez de moderador); Raji Sourani, Director del Centro Palestino para los Derechos Humanos; Alirio Uribe, Presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia y Vicepresidente de la FIDH; y Jeanne Sulzer, Oficial del Programa de Justicia Internacional de la FIDH.
El palestino Sourani recalcó que, en el conflictivo contexto internacional actual, o existe esta ley (el Tratado de Roma) o existe la ley de la selva. "La gran mayoría ha votado por esta ley", afirmó. Sin embargo, Sourani demostró preocupación por su región, Oriente Medio, en donde sólo Jordania ha ratificado el Tratado. "No estamos orgullosos", dijo, "debemos coordinar nuestros esfuerzos". Y desestimó las dos excusas "no legítimas" que suelen poner los "demagogos árabes"
para no adherir al Tratado, y que son las negativas propias de Estados Unidos e Israel. De todos modos, Sourani dijo que es necesario mantener un "optimismo estratégico" para avanzar en este proceso.
Jeanne Sulzer dio cuenta de la firme oposición que está ejerciendo Estados Unidos contra la CPI, sobre todo a partir de su lucha global contra el terrorismo posterior al 11 de setiembre de 2001. Sulzer recordó que Estados Unidos ha apoyado en el pasado la creación de otros tribunales internacionales, como el de la ex Yugoslavia, por lo que atribuye el rechazo actual a la CPI (que no puede juzgar crímenes anteriores al 1o de julio de 2002) a las intenciones del gobierno de George W. Bush para el futuro. "La mejor manera de combatir (la posición de Estados Unidos) es demostrar que la batalla ya está ganada", dijo. Y agregó que el tribunal de la CPI es una realidad ya irreversible.
