Foro Social Mundial 2003
Porto Alegre
Mientras la inminencia de la guerra contra Irak acapara la atención internacional, otros conflictos iguales o más graves han pasado a un segundo plano. Es el caso notorio de Colombia, un país sumido desde hace 40 años en una guerra civil que parece incapaz de resolver. Desde Porto Alegre, dirigentes de la sociedad civil y hasta una senadora colombiana han clamado por ayuda.
La reunión denominada “La guerra en Colombia: cambios geopolíticos e intervención militar”, convocada por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, fue tal vez una de las más dramáticas en cuanto a su contenido. Algunas de las cifras y realidades planteadas por los oradores no hicieron más que darle la justa medida a una realidad de la cual la comunidad internacional se entera, a medias, a través de los medios de comunicación.
El conflicto en Colombia, según Jorge Rojas, padece del síndrome del corcho (en el agua): sigue dando vueltas sin llegar a ningún lado. Para este activista de la Asamblea Permanente, una red colombiana de organizaciones, comunidades, partidos, sindicatos y hasta iglesias, la guerra en Colombia no se va a ganar, aunque tiene que resolverse. El gobierno del presidente Alvaro Uribe ha apostado por una militarización de la sociedad colombiana, por una negativa a la negociación, y también por una permanente intimidación de los defensores de los derechos humanos y la paz. Como muestra de esto, la sede de la Asamblea Permanente fue allanada el 25 de octubre de 2002 por la Policía Judicial y el Ejército, sin que existiera ninguna explicación oficial acerca de los motivos de semejante acción.
Ante un público silencioso, atento, Rojas criticó a ambas partes del conflicto -el Estado y la guerrilla- y apuntó que, como en toda guerra, la principal víctima es la sociedad civil. “¿Hasta cuándo se va a mantener la lucha armada?”, preguntó. “Esa es una pregunta ideológica que tenemos que hacernos”. El dirigente pacifista agregó que no es agrediendo civiles que se hace la revolución, en clara alusión a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y opinó que hoy en día, en Colombia, es más revolucionario hacer la paz que hacer la guerra.
En el país sudamericano, cada día, mueren 20 personas, 15 de las cuales son asesinadas en sus casas, sus lugares de trabajo, o en la calle, siempre desarmadas. Se han producido 1.000 desplazados por día en los últimos tres años; sólo la Unión Patriótica, un partido político de oposición, ha enterrado a más de 3.500 militantes en los últimos 15 años. “Un país no soporta ese nivel de desfragmentación social”, enfatiza Rojas. La única salida posible es una solución política y negociada exigible al gobierno, a Estados Unidos, y a la guerrilla, cuyas reivindicaciones son a grandes rasgos las mismas que promueve la sociedad civil, pero por la vía de la violencia.
La sociedad civil está dispuesta a generar una propuesta política que contemple esos temas, pero antes debe luchar por una paz negociada y duradera. Los puntos principales de esta propuesta de paz, que ya fue presentada, son: 1) solución política al conflicto armado; 2) soberanía, no intervención militar, que debe ser una exigencia social y política: 3) un acuerdo global y humanitario de derechos humanos, presentado a todas las partes: 4) garantías para la acción civil exigible al gobierno; 5) una evaluación independiente de la política anti drogas que ha llevado adelante el Estado.
La charla, que contó con participación de unas 60 personas mayormente latinoamericanas, se enriqueció mediante el testimonio de varios de los presentes. Olga, una dirigente de la región Antioquia, sumó la voz de las mujeres en la lucha por la paz. Dijo que ellas se están organizando para no dar hijos a la guerra, campaña en la que cuentan con la colaboración de los jóvenes que se oponen al reclutamiento forzoso, un fenómeno creciente en ambos bandos del conflicto.
Olga dio cuenta del alto grado de militarización que está padeciendo la sociedad colombiana, y convocó a manifestarse contra todas las guerras el 15 de febrero, en todo el mundo, pero principalmente en América Latina.
El encuentro se cerró con el testimonio de la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal Colombiano, reciente víctima de un atentado y secuestrada por los paramilitares en 1999. La senadora hizo una enérgica convocatoria a la solidaridad internacional frente al conflicto colombiano. Advirtió que Colombia se encamina hacia una crisis humanitaria mucho más seria de lo imaginado, debido a que el gobierno está destinando todos los recursos de su Plan de Desarrollo a la guerra militar y no al combate de la pobreza. Y denunció las medidas de militarización impulsadas por el presidente Alvaro Uribe, que incluyen el reclutamiento de 15.000 nuevos soldados, 150.000 soldados campesinos y una red de un millón de informantes como herramienta de control de la sociedad con el fin de eliminar a quien piense de manera diferente.
Al igual que los dirigentes de la Asamblea Permanente, reclamó un acuerdo global humanitario ante la incapacidad del Estado para detener la violencia, y señaló que los verdaderos enemigos de Colombia son la pobreza, la exclusión, y las políticas de Estado en un país que posee el 12% de su población en condiciones de indigencia.
La senadora también elogió el trabajo llevado a cabo por las organizaciones no gubernamentales. Tras su angustioso llamado recibió un cerrado aplauso que parecía querer transmitir toda la solidaridad y la voluntad de paz de los presentes.