Investigadora
Liliana Zamudio Vaquiro
Hildebrando Vélez
Director de Censat Agua Viva, AdT Colombia
Tatiana Roa
Coordinadora de proyectos
Bogotá D.C. Colombia
2002
CONTENIDO
SIGLAS
INTRODUCCIÓN
Parte A
El sector eléctrico en América Latina
Las políticas del BID y el sector eléctrico
El sector eléctrico y el papel del Estado
Contexto energético de la región Andina
Desregulación del sector eléctrico en Colombia
Reforma del sector eléctrico colombiano
Desregulación del sector eléctrico en Bolivia
Reforma del sector eléctrico boliviano
Desregulación del sector eléctrico en Ecuador
Reforma del sector eléctrico ecuatoriano
Desregulación del sector eléctrico en Perú
Reforma del sector eléctrico peruano
Parte B
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
SIGLAS
AL América Latina
ALC América Latina y el Caribe
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
BMD Banca Multilateral de Desarrollo
Cenace Centro Nacional de Control de Energía (Ecuador)
CND Centro Nacional de Despacho (Colombia)
CNDC Comité Nacional de Despacho de Carga (Bolivia)
COES Comité de Operación Económica del Sistema
Comosel Consejo de Modernización del Sector Eléctrico
Conam Consejo Nacional de Modernización
Conelec Consejo Nacional de Electrificación (Ecuador)
CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas (Colombia)
DGE Dirección General de Electricidad (Perú)
ENDE Empresa Nacional de Electricidad (Bolivia)
FMI Fondo Monetario Internacional
GART Gerencia Adjunta de la Regulación de Tarifas (Perú)
MEM Mercado Eléctrico Mayorista (Colombia, Ecuador)
Olade Organización Latinoamericana de Energía
Osinerg Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Perú)
OSA Otros sistemas aislados menores
RA Región Andina
SA Sistema Aislado
SICN Sistema Interconectado Centro Norte (Perú)
SIN Sistema Interconectado Nacional (Colombia)
Sisur Sistema Interconectado del Sur (Perú)
SSP Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
INTRODUCCIÓN
Este documento pretende puntualizar la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus alcances frente al desarrollo en el sector eléctrico en Latinoamérica, destacando el análisis en el sector eléctrico de Colombia.
Se ha seleccionado el sector eléctrico porque es un sector en el cual el Banco ha tenido una significante participación e injerencia en toda América Latina y el Caribe (ALC), por las inversiones que éste ha hecho en materia de recursos y, además, porque muchas de las transformaciones estructurales en este sector han observado lineamientos de la política sectorial formulada desde el BID.
El documento comprende dos partes, la primera consiste en mostrar cuál ha sido la dinámica del sector en términos generales; en segunda instancia trataremos de ver cómo desde las políticas del Banco se evidencian ciertas inconsistencias en su formulación que, sin embargo, fueron dando lineamientos de reestructuración del sector eléctrico en el marco de un proceso que no sólo ha tenido impactos en el sector sino que ha desencadenado impactos sociales y ambientales muy importantes. Finalmente veremos el producto de los ajustes en este sector en el caso colombiano. La otra parte la integran las conclusiones y recomendaciones dirigidas principalmente al planteamiento de acciones a corto y mediano plazo.
La información con la cual se realizó este documento se obtuvo de las páginas electrónicas de las instituciones encargadas del sector eléctrico de los países de la Región Andina (RA), y del BID. Como documentos base están las políticas y estrategias del sector energético propuestas por el Banco, las cuales cobran importancia en la medida que éstas "definen objetivos para la acción, delinean aproximaciones a un tema y establecen prioridades" , en un sector determinado, y por ende también define los empréstitos que se establezcan con los países.
EL SECTOR ELÉCTRICO EN AMÉRICA LATINA
El crecimiento del sector energético de la región y del sector eléctrico en particular ha sido auspiciado desde 1961, por el BID como principal fuente de financiamiento multilateral, asistiendo de esta forma al proceso de desarrollo de las fuentes de energía y al abastecimiento de los consumidores.
Tal proceso se llevó a cabo durante las primeras décadas del siglo XX mediante las figuras de concesiones a multinacionales y a monopolios privados integrados verticalmente que atendían el sector eléctrico, pero con la incapacidad en el abastecimiento que tuvieron estos monopolios para cubrir la creciente demanda de electricidad, la reducida oferta que dilataba el crecimiento de las economías y su desarrollo, y la adopción del paradigma de posguerra acerca de la importancia estratégica del sector eléctrico, llevaron a la participación efectiva del Estado mediante la nacionalización de las empresas del sector.
Durante las siguientes décadas, hacia la mitad del siglo, este tipo de participación del Estado permitió cubrir las crecientes necesidades tanto de consumo local como del nivel rural, ampliando la cobertura en una forma representativa. En la mayoría de los países la población rural sin servicio eléctrico fue disminuyendo en términos absolutos durante 20 años (1960-1980) , sin embargo, tal crecimiento implicó una tipología viciada de endeudamiento económico y financiero externo que a la larga no fueron sostenibles para el sector.
El modelo de abastecimiento eléctrico se basó en monopolios estatales integrados verticalmente y subsidios no discriminados al consumidor, que en el largo plazo condujeron a una crisis continúa en el funcionamiento y financiamiento del sector que deterioraron la prestación del servicio y menoscabaron las finanzas estatales forzando a buscar alternativas de reestructuración para aliviar tal coyuntura.
Estos problemas fueron complicándose, de un lado, por las condiciones endógenas de la región: minúsculo comercio interregional, crecimiento sin planificación de las ciudades —lo que trajo consigo el aumento no sólo de la demanda de electricidad sino de transporte y gasolina— y por las necesidades de consumo y crecimiento local de la industria demandante de electricidad.
Y de otro lado, porque a nivel internacional la crisis energética que comenzó en 1973 disminuyó la oferta de petróleo en el mundo e incrementó su precio en forma exorbitante obligando a los países más industrializados a reducir o retrasar sus programas de crecimiento, mientras conseguían el petróleo necesario para mantener la marcha de sus economías. Bajo estos hechos se suscitó la proliferación de propuestas en materia de política energética, y la necesidad de encontrar y desarrollar fuentes alternativas de energía, tales como otros combustibles fósiles (carbón y gas), energía nuclear y/o recursos energéticos renovables que permitieran mover el crecimiento económico.
A la luz de esta crisis, las políticas que se emitieron durante los años 70 estuvieron enmarcadas dentro del contexto general de reformas macroeconómicas que buscaban la estabilización de precios a través del equilibrio fiscal; tales políticas en el sector eléctrico supuestamente respondían a las preocupaciones del momento y al apoyo a las economías nacionales que en ese momento estaban soportadas en el modelo económico keynesiano, el cual convenía en que el Estado tuviese el control de las variables macroeconómicas de los diferentes sectores de los cuales dependía la economía.
El crecimiento del sector durante las décadas de los años 80 y 90, fue impulsado mediante los créditos de BID que fueron destinados principalmente a la provisión de sistemas eléctricos centralizados de gran escala (enormes represas y centrales hidroeléctricas), con grandes impactos sociales y ambientales, y a la provisión de grandes obras civiles como construcción de carreteras y sistemas de transporte movidos por combustibles que fomentaran la integración de mercados globales. Estas inversiones constituyeron una nueva forma de establecimiento de sistemas eléctricos en donde se pasó de una concepción de las fuentes energéticas como bienes y servicios públicos estratégicos para el desarrollo de los países, a una concepción de bienes-mercancía, que estaban a disposición del juego libre del mercado y de los agentes privados, estableciendo mercados para bienes y servicios con sistemas “descentralizados” para los Estados, pero totalmente centralizados y monopolizados desde el punto de vista financiero.
El apoyo del Banco se orientó a la conversión de las economías regionales al sistema de libre mercado, sin apuntar en las consecuencias negativas en la distribución de la riqueza y los recursos, y en el aceleramiento de la explosión irracional y del deterioro ambiental y de la calidad de vida que esta transición causó en la mayoría de los países de la región.
En los últimos años el proceso de desarrollo de las fuentes de energía y del abastecimiento de los consumidores en América Latina y el Caribe muestra que en el acceso a la energía existen grandes desequilibrios que son agudos en Bolivia, Perú y los países centroamericanos, donde la cobertura del servicio de energía eléctrica no alcanza el 50%. Uruguay, Brasil y Chile alcanzan niveles de cobertura iguales o superiores al 90%; en otros países como Colombia, Ecuador o Paraguay, ese novel fluctúa entre estos dos rangos. Al tiempo, en la región hay países que exportan energía a pesar de que no satisfagan la demanda interna, esos países son Argentina, Colombia, Venezuela, y Paraguay .
El común denominador en todos los países de América Latina es que la población no servida con energía eléctrica se concentra en el sector rural y en las áreas pobres y marginales urbanas: en el Brasil existen 4,35 millones de domicilios sin electricidad y otros 4,84 millones que sólo tienen acceso a la energía eléctrica mediante conexiones clandestinas .
LAS POLÍTICAS DEL BID Y EL SECTOR ELÉCTRICO
En el marco global de paralización de las economías de las grandes potencias mundiales, y como forma de aliviar y estabilizar la crisis de oferta y los precios energéticos, a finales de la década de los 70 el Banco emite algunas políticas en materia energética: la de electricidad, la de medio ambiente y la de minería .
En la política OP-733-1 de Electricidad de noviembre de 1977 los planteamientos de la política apuntaron a: a) la sustitución de los recursos energéticos no renovables (hidrocarburos) por recursos energéticos renovables; b) la extensión de costo mínimo como instrumento para afirmar una asignación óptima de recursos en monopolios estatales verticalmente integrados. En la política OP-703 del Medio Ambiente de mayo de 1979 los planteamientos generales estaban orientados a: a) mejorar y preservar el medio ambiente; b) asegurar que el manejo ambiental de los recursos no fuese adverso atendiendo a sus costos y beneficios económicos y sociales; c) fomentar la asistencia y utilización de ciencia y tecnología que aseguren la conservación del medio ambiente. La política OP-725 de Minería mayo de 1979 insiste en el uso de fuentes de energía minera y se dan unos criterios de evaluación no muy consistentes; su orientación se dirigía a dar apoyo a proyectos y programas cuya finalidad fuese la identificación y explotación económica de los recursos minerales, aumentando su valor agregado y la eficiencia en su explotación para expandir al sector minero.
Las nuevas políticas, además de plantearse como formas de apoyo y fortalecimiento al proceso de desarrollo de las fuentes de energía y al abastecimiento de los consumidores, asegura el mantener una estrecha relación con todos los organismos internacionales que operan en el campo de la energía, especialmente los que orientan sus esfuerzos hacia América Latina .
Para el caso que nos ocupa, los objetivos específicos trazados en la política eléctrica, a los cuales posteriormente se le allegaron las orientaciones ambientales, fueron:
1. Aumento de la disponibilidad y seguridad de los sistemas de energía eléctrica.
2. Estimulación de la planificación a largo plazo.
3. Estimulación e integración regional.
4. Estimulación del uso de fuentes renovables de energía.
5. Fortalecimiento de las instituciones afines.
6. Estimulación de la energía eléctrica mediante la sustitución de los usos de recursos energéticos no renovables por recursos energéticos renovables.
7. Estimulación de la transferencia y adaptación tecnológica.
El marco general de estos objetivos tenía como fin apoyar el desarrollo del sector eléctrico estatal de los países de la región. El cumplimiento de este objetivo se canalizó por medio de empréstitos que degeneraron en un gran endeudamiento externo por parte de los países prestatarios, que llegó a reprensar aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto (PIB); este proceso de endeudamiento, unido a factores internos y externos de la región finalmente terminó por convertirse en el ahogamiento del sector y del planteamiento de unas estrategias de manejo y operación del sector energético. En este proceso tanto el BID como el Banco Mundial (BM) jugaron un papel trascendental.
Tales objetivos fueron dirigidos a tres campos de actividad en los cuales se implantó la política:
el primero de ellos apuntó a la cadena de electricidad, financiando proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica ;
el segundo campo fue dispuesto para atender los proyectos de electrificación rural;
y el tercero se dirigió al sector de planificación del sistema eléctrico, en términos del largo plazo.
Los proyectos formulados en estos campos del sector eléctrico susceptibles de ser financiados eran los que observaran los siguientes criterios:
los proyectos con menor costo y que hicieran parte de programas de expansión a largo plazo.
los proyectos que desde el punto de vista ambiental se presentaran como coexistencia, es decir, que permitieran preservar la calidad del aire, del agua y de la tierra que fuera afectada por el proyecto;
los proyectos de electrificación rural que estuvieran en programas de desarrollo rural.
Haciendo un primer razonamiento de los objetivos, los campos de actividad y los criterios básicos de esta política que debían cumplir los proyectos propuestos por los países prestatarios para obtener financiación, se puede observar:
Que al dirigir las inversiones en términos económicos del BID hacia la mejor utilización de los recursos energéticos y el menor costo en proyectos que fueran determinados en el largo plazo, no se contemplaron las particularidades sociales, políticas, económicas y geográficas de los países de la región, que al considerarlas tentativamente modificarían por lo menos uno de los dos requerimientos.
El desarrollo del proceso de formulación de proyectos de electrificación tiene que ver con el crecimiento de infraestructura en la mayoría de los países, y de fortalecimiento de la ya existente; en este sentido, cuando la política expone, “Estimular la producción de energía eléctrica con la sustitución de los usos de recursos energéticos no renovables por recursos energéticos renovables” , ubicándola por ejemplo en el campo de actividad que expresa
... el Banco asigna alta prioridad a la cooperación técnica y al financiamiento directo para el estudio y ejecución de proyectos de electrificación rural. En este sentido, el Banco procurará financiar, cuando ello sea viable, programas de electrificación rural a través de cooperativas rurales, adoptando las tecnologías existentes a las realidades del progresivo incremento de la demanda eléctrica en el área rural latinoamericana, en forma tal de que mayor número de proyectos sean factibles con los mismos recursos
y, atendiendo a los criterios de ser:
proyectos alternativos de menor costo ... de expansión a largo plazo del sistema de desarrollo (...) desde el punto de vista del medio ambiente aceptables y, que (...)complementan un programa aceptable de desarrollo rural como elemento de infraestructura .
Podemos advertir entonces que los recursos energéticos renovables juegan un papel fundamental en el sector rural especialmente en la tarea de electrificación, y es allí donde deberían garantizarse las condiciones para incentivar su uso; ahora bien, cuando el Banco propone financiar proyectos de electrificación rural, y los restringe “a la adopción de tecnologías existentes a las realidades del progresivo incremento de la demanda”, está excluyendo directamente los proyectos que proponen la aplicación de las fuentes de energía renovables, ya que este tipo de fuentes energéticas tiene una mayor aplicación como sistemas rurales distribuidos, y no como una economía a escala; en todo caso, estos sistemas a menor escala traerían sistemas descentralizados basados en fuentes renovables con valores agregados que fomentarían el desarrollo rural, permitiendo la autonomía y el control local de tales recursos.
De un lado, los criterios básicos propuestos por el Banco se contradecían con la propuesta de estimular el uso de las fuentes energéticas renovables y fuentes no tradicionales, ya que al restringir la financiación a los proyectos de menor costo no se podían tener en cuenta las tecnologías para generación de electricidad con tales fuentes de energía, más aún entre las décadas del 70 y 80 , donde los costos de estas tecnologías eran muy elevados, además, por ser tecnologías relativamente nuevas en el ámbito de generación de electricidad rural, en muchas regiones debido a su geografía éstas requerían altos costos de inversión inicial. De otro lado, el Banco da prioridad a los proyectos que complementan un programa de desarrollo rural como elemento de infraestructura; dicho criterio pareciera desconocer lo que ello significaba ya que, al hablar de desarrollo rural debió haberse consentido un análisis que contemplase los diferentes sectores que se despliegan en el campo de los países latinoamericanos, sectores como el agrario, económico, energético, productivo y educativo entre otros, que al desarrollarse separadamente no estarían fortaleciendo un programa de desarrollo rural. Así las cosas, quedan en el ambiente las siguientes preguntas, tanto para el Banco como para los países prestatarios: ¿cómo entraría la electrificación a complementar un programa de desarrollo rural, cuando ni siquiera existían programas de reforma agraria que impulsaran este desarrollo? ¿A qué tipo de programa rural se refiere el Banco? ¿El privilegiar los bajos costos no hace que los procesos a largo plazo sean cortados desde el principio? ¿Cuando se atiende al criterio de costos bajos se lo está haciendo desde el punto de vista del mercado o se puede afirmar que de esta forma se asegura una asignación óptima de recursos en monopolios estatales verticalmente integrados?
Del otro lado, el Banco solicitaba que los proyectos hicieran parte de planes de expansión a largo plazo y, al mismo tiempo, que fueran compatibles con el medio ambiente. Este punto es crucial si se tiene en cuenta que los sistemas de generación de electricidad para la década de los setenta eran predominantemente hídricos, y los planes de expansión (rural y urbana) se basaban en esta forma de generación de electricidad; tanto el Banco como los países prestatarios tenían conocimiento del impacto social y ambiental que ocasionaba la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, que además implicaban grandes inversiones que debían complementarse en las áreas de distribución y transmisión. Este punto no es muy claro en la política, como tampoco lo es el grado de prioridad entre estos dos criterios.
Toda esta falta de consideraciones sobre su implementación y sobre la escogencia de proyectos financiables dentro de la política del Banco se reflejaría, en el largo plazo, en el desarrollo del sector eléctrico en América Latina durante la siguiente década, haciendo que a finales de los 80 y comienzos de los 90 se presentara una creciente disfuncionalidad en los sistemas eléctricos de los países y en las operaciones del Banco en la región.
Durante la década de los 80 el Banco, por medio de la Política de Tarifas de Servicios Públicos, planteó algunos requerimientos tarifarios mínimos para las empresas estatales, los cuales debían ser adoptados por éstas, ya que el crecimiento de su infraestructura dependía de los préstamos del Banco ; el BID emite la política OP-733 de Energía de abril de 1985, la cual tiene como objetivo extender a todos los subsectores energéticos la política OP-733-1, pretendiendo satisfacer las necesidades energéticas derivadas del proceso de desarrollo socioeconómico de ese entonces, acelerar el incremento y la diversificación de la oferta energética, y la conservación de la energía; los campos de actividad a que se extiende son el sector petrolero y el carbón.
Los lineamientos de la política de tarifas se enmarcaron dentro de la política de modernización e integración, que hace parte del Programa de Préstamo del Banco, estos lineamientos son: 1) apoyar al proceso de modernización de infraestructura; 2) fomentar la participación del sector privado; 3) buscar la integración energética; 4) desarrollar e implantar marcos regulatorios, y 5) desarrollar planes y programas para financiar proyectos de energías limpias y de eficiencia energética.
En la política OP-708 de Servicios Públicos Domiciliario de octubre de 1996, se encuentran los lineamientos anteriormente enunciados como las condiciones básicas que solicita el Banco para financiar los proyectos del sector, a éstos se le adicionaron otros elementos que sirvieron para soportar y apoyar los anteriores, estructurando la política de manera que fuera lo suficientemente clara y directa en cuanto a su aplicación, es decir, se define dónde y cómo hacer las reformas del sector, sin tener en cuenta las diferencias sociales, económicas y políticas entre los países de la región.
Los lineamientos dados por el mandato del Octavo Aumento del BID tejieron la estructura de lo que sería la nueva política en materia energética para todos los países de la región (ALC), donde el punto principal consistió en la apertura del sector energético al sector privado, para lo cual debía reestructurarse la legislación y la regulación antigua del sector que estaba en manos del Estado, esto con el fin de asegurar la inversión privada. Es en este sentido, que tanto los objetivos como las condiciones básicas para el cumplimiento de los mismos, están dispuestos de tal manera que los sujetos que representan al sector privado son los actores más importantes en el proceso de financiación.
Al parecer, los objetivos planteados en la política aparecen como los motivos por los cuales se deben abrir la puertas al sector privado, y las condiciones básicas corresponden a la reestructuración que debe hacerse en el sector energético de los países de ALC.
De esta manera, las condiciones básicas de dicha política se convirtieron en la nueva legislación para el sector, además de convertirse en un punto de apoyo para las reformas económicas que se estaban dando en forma simultánea; estas condiciones pueden concretarse en siete puntos: 1) separación de funciones del Estado; 2) estructura sectorial; 3) régimen reglamentario; 4) reglamentación; 5) marco jurídico; 6) modelo de gestión, y 7) firme compromiso del gobierno.
Aunque la política se publicó en octubre de 1996, ésta se venía discutiendo y trabajando desde antes en la Cumbre de las Américas , en donde el trabajo sobre el tema energético fue liderado por Estados Unidos, Venezuela y la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), por esta razón, para la época en que la política fue publicada algunos países latinoamericanos ya habían emprendido la reforma al sector energético.
Después de la política OP-708, el Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco preparó un documento base con elementos estratégicos para el sector energético en ALC, en el cual presentó un estudio de mercados energéticos, analizó las reformas en algunos países de la región, vislumbró sus perspectivas y, finalmente, presentó un esbozo de lo que serían los puntos de la futura estrategia para el sector energético. Éste hace parte de una plataforma de documentos que sirvieron para consolidar la estrategia del sector, la cual se ha estado elaborando desde inicios de la década del 90, recogiendo los estudios, análisis y resultados de las políticas antes mencionadas.
La estrategia para el sector energía propuesta por el BID plantea como objetivo general, el “apoyo a los procesos de reestructuración y reforma del sector energético en los países prestatarios, de tal suerte que estos sectores puedan desarrollarse en forma económica, financiera, ambiental, social y políticamente sostenible” , si se analiza la trayectoria histórica de los estudios y propuestas en materia de política energética realizada por el BID, se evidencian los propósitos del Banco y la manera como éste ha presionado a los países para que acepten sus pronunciamientos, propuestas y políticas.
Todos los documentos del BID que hacen referencia al tema energético pueden resumirse en cinco puntos estratégicos que son: 1) consolidación de las reformas estructurales y reguladoras emprendidas a mediados de la década del 90; 2) extensión de las opciones modernas de energía; 3) desarrollo de patrones de producción y uso eficiente de la energía; 4) atracción del capital extranjero y nacional necesarios para el financiamiento; y 5) integración de los mercados energéticos.
Si se analiza desde el punto de vista del medio ambiente todo el proceso de las políticas para el sector energía, se evidencia un supuesto interés del Banco, sin embargo sus maniobras no se han compadecido con sus acciones y operaciones para la población de los países latinoamericanos, tal orientación del desarrollo sostenible evidencia un proceso más amañado en el cual se justifica el dominio de las fuentes naturales energéticas a escala mundial en manos de las potencias financieras avaladas por las instituciones y organizaciones nacionales, apoyando la provisión de proyectos que han deformando culturas, etnias, idiosincrasias y sociedades.
EL SECTOR ELÉCTRICO Y EL PAPEL DEL ESTADO
En el sector eléctrico la participación del Estado durante las décadas del 60 al 80 cumplía las funciones de regulador, formulador de políticas y empresario, es decir, las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos, como las empresas de generación, transmisión y distribución de electricidad eran del Estado, quien regulaba y formulaba sus políticas. Este modelo de gestión que se enmarcaba en el modelo económico keynesiano fue cediendo a un nuevo modelo, basado en la apertura económica, la modernización del Estado y la descentralización.
Bajo el funcionamiento del modelo económico de Keynes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Banca Multilateral dirigieron todos sus esfuerzos a impulsarlo, brindando el apoyo financiero necesario a los países de la región y publicando algunas políticas como soporte del modelo, entre las que están las políticas OP-733-1 y OP-733. En el momento en que las condiciones de rentabilidad y crecimiento económico cambian para los grandes mercados internacionales se plantea la incorporación de un modelo más favorable a tales intereses: el modelo económico neoliberal, y fueron las mismas instituciones (FMI, BM y BID) las que se encargaron de realizar, emitir y promover las políticas y estrategias de apoyo e implantación del nuevo modelo. Esto se ve reflejado en las políticas sectoriales que posteriormente publicaron como es el caso de la OP-708 de Servicios Públicos Domiciliarios, en la cual se concretizan el favorecimiento de la participación del sector privado a costa de la separación de los intereses públicos, y de la separación del Estado como agente activo en la determinación y dinamización del sector, en este sentido el documento expresa:
La separación de funciones se dejó al Estado con un solo oficio que fue el de formular las políticas del sector energético, ya que para la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) el Estado no debía jugar un rol de regulador, empresario y formulador de políticas como antiguamente lo hacía, por tanto era necesario crear un ente público encargado de regular el sector y asignar a proveedores estatales o privados la función empresarial. En la actualidad la mayoría de las empresas del sector eléctrico que cumplen con la actividad de generar, distribuir y comercializar electricidad están en manos privadas, y cuando ha habido voluntad por parte de los entes territoriales en hacer parte de la administración de alguna de estas empresas, se argumenta corrupción, malos manejos y baja competitividad. La regulación del sector y la protección a los usuarios en manos del Estado, han presentado anomalías que siempre favorecen a los inversionistas dueños de las empresas.
En cuanto a la estructura del sector eléctrico, se precisó segmentar verticalmente la cadena eléctrica, es decir, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización debían estar contablemente apartadas unas de otras, y administradas por diferentes entidades, esto en aras de la eficiencia y competitividad del sector; pero lo que no se ha analizado ni rebatido es la integración vertical de las empresas transnacionales del sector energía por medio de sus filiales. La separación horizontal de las empresas de servicios públicos domiciliarios también hace parte de dicha política, aunque no es explícita su aplicación en cuanto a quiénes deben cumplirla y cómo, parece ser que se ha hecho caso omiso de este aspecto, ya que las empresas transnacionales del sector energía en ALC están dominando no sólo el servicio de energía eléctrica, sino también los demás servicios públicos domiciliarios como el gas, el agua y la telefonía.
El régimen reglamentario de los países debe cambiar con el fin de conseguir un ambiente favorable para los inversionistas, rebajar el costo de capital, promover la competencia, regular los monopolios naturales y mantener la sostenibilidad financiera; para este régimen se postulan cinco ítems: 1) reducir el riesgo de los inversionistas y prestamistas; 2) promover la competencia en aras de la eficiencia, donde el Banco argumenta que “la competencia directa del mercado reduce los precios que en definitiva paga el usuario y maximiza la satisfacción” ; 3) regular las tarifas de los monopolios naturales para garantizar la eficiencia económica; 4) eliminar los subsidios argumentando que pueden ser usados para “lograr objetivos más amplios, que guardan relación con la equidad social y la protección del medio ambiente” , y 5) evitar abusos de poder dominante del mercado por parte de los proveedores del servicio, para que los usuarios perciban los beneficios de un sector eficiente. Si todo este nuevo régimen reglamentario para el sector eléctrico trajera consigo tanto beneficio, ¿por qué cada día aumenta el número de poblaciones que protestan contra unos servicios de energía ineficientes y sumamente costosos?
Para el marco jurídico
los países deben analizar cuidadosamente la idoneidad y compatibilidad de las opciones que se propongan dentro de sus regímenes jurídicos, habida cuenta que muchas opciones reglamentarias, la existencia de competencia en el mercado y ciertas clases de participación del sector privado, sólo pueden operar eficazmente dentro de determinado marco jurídico. Si es necesario, el país debe considerar la viabilidad de cambios más amplios en el sistema que comprendan, entre otros aspectos, los procedimiento de adquisiciones y la legislación de contratos del sector público, a fin de facilitar los distintos modos de participación del sector privado .
El modelo de gestión consiste en obtener la participación del sector privado mediante la venta de activos, contratos de arrendamiento, concesiones, contratos de construcción, propiedad y operación, o de construcción, operación y transferencia. En el caso de que no resulte viable la participación privada, las empresas deben convertirse en empresas públicas en sociedades comerciales; sin embargo, estas transformaciones sólo son requisitos previos a la privatización que se hacen para sanear la contabilidad. Para el sector rural se propone el modelo de cooperativas, sin hacer un análisis concreto sobre las necesidades rurales en materia global.
Por último, el Banco determina que el cabal desarrollo del proceso depende de un compromiso firme del gobierno con los objetivos de la política, y que de esto dependería su participación en la financiación de los proyectos. Luego de exponer sus condicionamientos para el sector energético, el BID presentó su estrategia de participación en el proceso de financiación
“para asegurar un apoyo coherente y eficaz a los países, la participación del Banco debe reflejar el grado de compromiso del gobierno con los requisitos acordados mutuamente en el marco de la estrategia del país; el grado de intensidad de la participación del Banco debe armonizarse con el avance en la ejecución del programa de reforma acordado, y sólo podrá emprenderse una acción significativa cuando el gobierno haya asumido un compromiso público e irreversible con el proceso convenido, mediante la adopción de algunas de las condiciones básicas o por lo menos, el avance significativo hacia su consecución. Si así no fuere, las acciones del Banco deberán ser de alcance relativamente modesto y concentrarse en la meta de fortalecer el compromiso del gobierno hasta llegar a un punto en que exista base adecuada para proporcionar mayor apoyo financiero .
Queda claro que los empréstitos de los países de la región con el Banco están atados al cumplimiento de la política OP-708 de Servicios Públicos Domiciliarios.
Un punto a destacar durante este proceso fue la creación de la ventanilla para el sector privado, la cual se creó en el Octavo Aumento del Banco, reunión realizada antes de la publicación de la política OP-708.
Durante los últimos años de las década de los 90, la política sectorial para el sector energía que elaboró el BID estaba soportada sobre el discurso del desarrollo sustentable, discurso que actualmente es utilizado por los sectores financieros, empresariales y transnacionales en la formulación de sus proyectos, con el fin de obtener las licencias ambientales que son un requisito más en el proceso de aprobación financiera para la ejecución de los mismos, especialmente en proyectos de construcción de infraestructura energética; también es utilizado en aras del cumplimento de acuerdos internacionales con otras organizaciones, y en la mayoría de los casos, en la venta de una imagen ambientalista que se contrasta con las adversidades ambientales a nivel mundial, utilizando los mass media.
Al parecer, el concepto de desarrollo sustentable contenido en las estrategia y en los últimos documentos del BID propugna por un bienestar social, económico y ecológico para la humanidad, con la intención de hacer sostenible el actual modelo económico, apoyado por las orientaciones de instituciones como la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se refiere al desarrollo sostenible como el crecimiento económico que debe impulsarse en todos los países del mundo; esta idea presenta una objeción, ya que el crecimiento económico como hasta ahora se ha venido dando a implicado un deterioro del medio ambiente en donde la tasa de restitución energética que posee la tierra es mucho menor a la tasa de explotación energética a la cual es sometida, sumándole a esto la producción de residuos sólidos no biodegradables que cada vez es mayor.
CONTEXTO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN ANDINA
Los países de la región Andina se caracterizan por poseer diversas fuentes energéticas clasificadas como renovables y no renovables , las cuales son utilizadas en generación de electricidad para uso interno y, en el caso colombiano, para uso externo con Venezuela y Ecuador; también son utilizadas en el sistema de transporte local, y en suplir la demanda de los países industrializados.
En la figura 1 puede verse la producción y el consumo de la canasta energética de cada uno de estos países, la cual está conformada por los hidrocarburos convencionales como petróleo, carbón y gas, y la hidroelectricidad.
Fuente: Datos tomados de la página web de Olade.
Es necesario realizar una investigación que permita visualizar tanto la procedencia de los recursos financieros dirigidos a cada una de las fuentes energéticas, como la destinación de los recursos financieros después de ser explotadas dichas fuentes. Este estudio enfatiza en uno de los subsectores del sector energético, el eléctrico, para el cual se hará un contraste entre las reformas eléctricas y la política OP-708 de Servicios Públicos Domiciliarios que se encuentra recogida en la Estrategia para el Sector Energía.
DESREGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN COLOMBIA
REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO
La reforma del sector eléctrico en Colombia se inició al finalizar la década de los 80, con un "ajuste" económico recetado por los acreedores internacionales, que fue aplicado en 1985 en concordancia con un fuerte control de las importaciones, medidas favorecidas por medio de decretos-ley que modificaron las funciones de algunas empresas del sector. Esta política, además de catalizar las condiciones para el auge cíclico de 1986 a 1988, produjo un auge de las exportaciones tras la decisión de devaluar el peso en más del 50% durante el 1985. Para el 1986 las exportaciones legalmente registradas superaron por primera vez en la historia los 5 mil millones de dólares (la marca era de 4.296 millones en 1980). Se pasó de 3.147 millones registrados en 1983 hasta 7.106 millones en 1990. La devaluación significó además aumentar el número de pesos necesarios para pagar la deuda externa, mayoritariamente contraída por el sector eléctrico, aumentándose las tarifas de electricidad y de otros servicios. La carrera inflacionaria desatada significó una pérdida para los salarios, cuyo índice se redujo de 104,4 en 1986, hasta 96 en 1991, medidas de ajuste que al sector eléctrico en la siguiente década le cobraran la disfuncionalidad en su sistema y en la onerosa carga económica y financiera cargada a su favor por causa de los créditos externos y las crisis inflacionarias que los aumentaron.
En 1994 se aprobaron las leyes 142 y 143 que aplican totalmente la reforma al sector eléctrico, y con las cuales se crearon los mecanismos que permitieron la transferencia de activos del Estado al sector privado, además se crearon organismos para la regulación y la supervisión del funcionamiento de los nuevos actores. De acuerdo con las necesidades de ese momento para los proyectos que requería el sector eléctrico en los próximos diez años, el gobierno adelanta una reestructuración que permitiría la participación de inversionistas privados en el sector. Esta reforma se hace para acceder a los créditos de la banca multilateral, que ha declarado su negativa a continuar financiando las antiguas empresas estatales. Los cambios que implicó esta reestructuración pueden conducir a sobrecostos y desabastecimiento en el suministro eléctrico.
“Como parte de dicha reestructuración se establecieron límites a la integración vertical con la determinación de cuatro actividades: generación, transmisión, distribución y comercialización, se creó el Mercado Mayorista de Electricidad y se reorganizó el esquema institucional del sector.”
la cual contiene en su Título XII, Capítulo 5, " De la finalidad del Estado y los servicios públicos", artículos 365 a 370, los lineamientos gruesos de cómo debe funcionar el sector eléctrico.
En la figura también puede observarse, que luego de ser aprobadas las leyes que delinean el sector (142 y 143), se fueron creando los organismos que le permitían al Estado ejercer sus nuevas funciones como ente regulador y promotor de políticas, y que igualmente le permitían al sector privado ejercer su función de empresario; para lo primero fue creada la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSP), para lo segundo fue creada la Bolsa de Energía, el Centro Nacional de Despacho (CND) y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
En todo el proceso de reforma del sector eléctrico ¿cuál ha sido el papel del BID? ¿En qué sustenta esta institución financiera internacional la injerencia en dicho proceso?
En Colombia la injerencia del Banco en la reforma del sector eléctrico ha sido directa, éste ha concedido préstamos que en su mayoría se han dirigido a la modernización del sector eléctrico en aras de la intervención del sector privado, y ha argumentado dichos préstamos en la competitividad y el desarrollo sostenible que debe darse en la región.
“En 1988 concedió un préstamo de 350 millones de dólares, destinados a la modernización del sector eléctrico, es decir, a la creación de un modelo de desarrollo basado en la competencia y participación del sector privado.”
Actualmente, un alto porcentaje del sector eléctrico está en manos privadas, y su funcionamiento se desarrolla acorde con las leyes del mercado, cumpliéndose uno de los objetivos del Banco, pero el argumento inicial que se vendió para poder implantar la reforma al sector se ha quedado corto, primero, porque la calidad y cobertura del sector no han mejorado, y los índices de calidad de vida con los que la institución mide a su nación son cada vez más bajos; segundo, el desarrollo sostenible no ha tenido nada que ver con los desarrollos de grandes proyectos en materia energética, tanto hídrica como térmica; tercero, el impulso de tecnologías limpias para generar electricidad se ha visto opacado por el programa de Uso Racional y Eficiente de Energía, financiado por el BID, ya que han confundido los fines, pues promover el uso eficiente de la energía y promover empresas extranjeras para asesorar la industria colombiana para mostrar cómo se ahorra energía, no tiene el fin social que permite el uso de tecnologías limpias para el sector rural.
Fuente: www.minminas.gov.co
DESREGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN BOLIVIA
REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO BOLIVIANO
La reforma al sector eléctrico boliviano se estableció con la Ley 1604 del 21 de diciembre de 1994, con la cual se inicia la reglamentación del sector que fue dirigida a la operación del mercado eléctrico, al establecimiento de las tarifas del servicio de energía, a los contratos de concesión, a la entrega de licencias, al uso de bienes de dominio público, a la constitución de servidumbres, a la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, y a las infracciones y sanciones, estos fueron los puntos que contempló la reforma y para los cuales fue necesario la aprobación del Decreto Supremo 24043 de junio de 1995.
Después de establecido el marco reglamentario, el Estado boliviano transfiere los activos del sector eléctrico al sector privado por medio de contratos de concesión ; para hacerlo fue necesario separar contablemente las empresas encargadas de realizar actividades de la cadena energética, así,
El artículo 15 establece que las empresas eléctricas en el Sistema Interconectado Nacional, deberán estar desagregadas en empresas de generación, transmisión y distribución, y dedicadas a una sola de tales actividades. Por otra parte, establece limitaciones al derecho de propiedad de los titulares y de los accionistas o socios y empresas vinculadas a fin de que no se formen monopolios o se asuman posiciones dominantes en el mercado. Este artículo fue reglamentado por el Decreto Supremo24651 de 13 de junio de 1997 .
Las empresas registradas en la siguiente tabla obtuvieron la primera adjudicación en el proceso de capitalización de las empresas del sector eléctrico en Bolivia, para esto, el BID concedió el préstamo ATN/MT-4451-BO en febrero de 1994.
Empresas adjudicatarias del sector eléctrico boliviano
Empresas capitalizadas Actividad Empresas adjudicatarias Monto (MMUS$)
Corani S.A. Generación Dominion Energy Inc. 58,79
Guaracachi S.A. Generación Energy Initiatives Inc. 47,13
Valle Hermoso S.A. Generación Constellation Power 33,92
Transportadora de electricidad Transmisión Unión Fenosa Desarrollo y Acción 39.991,20
Actualmente la estructura del sector eléctrico en Bolivia se encuentra conformada por el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el cual se creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que es un mercado competitivo donde la oferta de energía eléctrica está constituida por los generadores, y la demanda por los distribuidores y consumidores no regulados. La operación y administración de los retiros y entregas de electricidad está a cargo del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), el cual se encarga de planificar una operación segura, confiable y de mínimo costo al SIN, con el fin de satisfacer la demanda. Los resultados de las actividades de este comité son consignados y entregados a la Superintendencia de Electricidad.
La reforma hecha al sector eléctrico boliviano se ciñó a los cinco elementos clave que sugirió el BID para que la reforma pudiera implantarse con éxito, estos elementos son: “... el tránsito del Estado empresario al Estado regulador, la búsqueda de la eficiencia mediante la competencia, la participación empresarial del sector privado, el manejo de los aspectos sociales y el impacto ambiental...” .
Al proponer los cinco objetivos de su estrategia, el Banco explica que el cumplimiento de ésta hace parte de un proceso paulatino, en el que los demás objetivos deben irse desarrollando después de ejecutarse la reforma.
Cuando se analizan los otros cuatro objetivos que apuntan a la sostenibilidad social, ambiental y financiera, y a la integración regional, se ve una disparidad entre el discurso de la estrategia y la realidad boliviana.
La “extensión de las opciones modernas de energía en términos accesibles a todos” no ha sido posible, en la medida en que el sector rural —que es donde pueden instalarse sistemas distribuidos aislados de la red— se ha dejado en las manos del sector privado que presente interés en invertir. El asunto en cuestión es analizar si este campo es más rentable o no para el inversionista; actualmente los costos del kilovatio instalado demuestran que las tecnologías a escala son más competitivas que los sistemas distribuidos para generar electricidad, entonces, ¿qué ocurre con el campo cuando no hay interés de los inversionistas privados? ¿El Estado boliviano ha cumplido con el papel social que le corresponde, de llevar la electricidad a su nación?
Paralelamente a la reforma del sector eléctrico, el BID apoyó otros mecanismos para justificar los proyectos y reformas que se estaban presentando, dentro de éstas se encuentra el préstamo 929/OC-BO para el fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo Sostenible en noviembre de 1994, y el préstamo ATN/IF-4446-BO para desarrollar las estrategias para el Ministerio de Desarrollo Sostenible en enero del mismo año.
DESREGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN ECUADOR
REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO
Por disposiciones legales y como resultado de la reforma al sector eléctrico, el Ministerio de Minas y Energía ecuatoriano no tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de la generación y distribución de energía eléctrica, estas responsabilidades están bajo jurisdicción del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), el Ministerio sólo participa en el lineamiento de políticas, para las cuales tiene un soporte que se basa en la implantación de un sistema interconectado internacionalmente, tanto en el aspecto físico como en el comercial.
La estructura orgánica del sector eléctrico actual partió de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, la cual estableció los mecanismos para la reestructuración del sector.
Esta reestructuración comenzó con la desverticalización de las empresas que conformaban el sector eléctrico, que estaban en manos del Estado y en un 51% pasaron al sector privado; este hecho se argumentó en la introducción del criterio de competencia que debían hacer parte de la industria nacional.
El Cenace se creó con el fin de administrar el MEM, y el Conelec como ente de planificación, regulación y control.
En la venta de los activos el 51% se dio a los inversionistas privados, y el 10% a los trabajadores y extrabajadores del sector, quedando con una estructura institucional como se observa en la figura 4.
Como una fase más dentro de los proyectos aprobados para el Ecuador del BID.
DESREGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN PERÚ
REFORMA DEL SCTOR ELÉCTRICO PERUANO
A partir de 1990 Perú implantó una nueva estrategia de desarrollo, basada en el predominio de los mecanismos del mercado y la hegemonía de la propiedad privada; las reformas que se llevaron a cabo se orientaron a establecer un marco institucional que promoviera la liberación del mercado y la libre competencia.
Dependiendo del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Electricidad (DGE) es el órgano encargado de promover y/o expedir la normatividad de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.
La normatividad que está a cargo de la DGE se encuentra en el marco de la desregulación estatal del sector promovida por la Ley de Concesiones Eléctricas aprobada por Decreto-Ley 25844 de noviembre de 1992, y reglamentada posteriormente por el Decreto 009-93-EM, esta ley tuvo como objetivo primordial la apertura del sector a la inversión privada, y para esto realizó algunas reformas previas basadas en la competencia y el libre mercado.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg) es el ente encargado de la fiscalización de la calidad de los servicios y el cumplimiento de la normatividad.
La Gerencia Adjunta de la Regulación de Tarifas (GART) establece las tarifas públicas y su aplicación.
Hasta el año 2000 existía el Sistema Interconectado Centro Norte (SICN) y el Sistema Interconectado del Sur (Sisur); a partir de esa fecha éstos se integraron conformando el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) es el órgano que coordina, planifica y organiza la operación del SEIN al mínimo costo, garantizando la seguridad y calidad del abastecimiento de energía eléctrica.
Actualmente la misión del Ministerio es asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a toda la nación, promoviendo la inversión privada, hasta el momento, el proceso de privatización del sector eléctrico peruano lleva 174 documentos legislativos, entre leyes y decretos, que aseguran la operación y el paquete de reformas al sector para que el estado quede como ente regulador.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los aspectos más visibles de las transformaciones energéticas y del sector eléctrico son, sin duda, la mayor vinculación y participación privada pero además, y decididamente, las reformas al sector que persiguen la reestructuración de los mercados de la cadena eléctrica, nuevos esquemas de contratación y generar mayor eficiencia en los oferentes y demandantes.
Los nuevos mecanismos que dinamizan el proceso del supuesto ahorro para los fiscos nacionales y de inversión privada en donde el papel regulador del Estado es reforzado no excluyendo las funciones empresariales.
Sin embargo, los informes de este proceso dan cuenta de los avances que se han producido hasta el momento, considerando los impactos sobre el crecimiento y la eficiencia económica, pero dejando de lado la equidad social y el medio ambiente, en contravía de los objetivos y criterios de las mismas políticas emitidas desde el Banco; la operatividad de los recursos del BID corresponde a los meros criterios de crecimiento y eficiencia del mercado.
Entre los principales problemas que tienen relación con el crecimiento y la eficiencia económica pueden mencionarse entre otros: concentración de la industria y algunas prácticas de posición dominante en el mercado; dificultades en la fijación de precios y en la transparencia de la información; tendencias a una captura del regulador por el regulado; y ciertas barreras que afectan el traspaso de los logros en eficiencia a los usuarios y a la sociedad en su conjunto, problemas que son más notorios en la regulación de la industria eléctrica.
De todas formas, una evaluación preliminar muestra mayores resultados por el lado del crecimiento y la eficiencia económica pero arroja desafíos pendientes en la equidad social y el medio ambiente.
Que el proceso de cambio estructural radical, referido por el Banco como un proceso: “para proveer en forma sostenible un insumo básico para el desarrollo y el bienestar de los pueblos como es la energía”, en efecto, posiciona el sector de energía como actor principal en cada una de las prioridades globales de desarrollo de la región: la reforma del sector social, la reforma del Estado y la competitividad, pero que se plantea desafíos importantes en cuanto a la observación de la equidad social y ambiental de tales concepciones.
Recomendaciones
A la luz de los planteamientos expresados en el documento Estrategia para el Sector de Energía de septiembre de 1999 del BID de ... fomentar nuevos mercados energéticos para el uso eficiente de energía, la producción de energía limpia, y la energía rural adoptando mecanismos novedosos y maximizando el potencial para la autosuficiencia y para reproducirse, enviando señales claras al mercado sobre las políticas y prioridades del Banco, y ayudando a identificar y a superar las barreras iniciales a su desarrollo...” y también “... identificar operaciones que presenten la oportunidad de contribuir simultáneamente a otras de las grandes prioridades del Banco, como son la equidad, la lucha contra la pobreza y la preservación del medio ambiente...” y luego de todo el camino recorrido en el proceso de desarrollo de las fuentes de energía como del abastecimiento de los consumidores que ha implicado para América Latina ...
Las acciones y las inversiones del BID coherentes con sus prioridades y los planteamientos de sus políticas y estrategias en el sector en camino a la sustentabilidad, corresponderían con acciones y operaciones en las que:
Tanto el Banco como los gobiernos se decidan a promover y apoyar el aprovisionamiento de electricidad a usuarios rurales con sistemas descentralizados basados en fuentes renovables, a través de empresas locales y/o comunitarias, que observan en todo caso el menor impacto ambiental y que generen dinámicas regionales propias para su desarrollo. Estas iniciativas se pueden dinamizar con el programa de microempresarios que tiene el Banco.
Se amplíen y hagan efectivos los espacios de diálogo y discusión del Banco con la sociedad civil que traería elementos de gran importancia que contribuirían a que las estrategias y su implementación efectiva apunten a la sustentabilidad. El establecimiento de mecanismos efectivos de definición de las políticas y estrategias de energía sobre todo en el contexto de los consejos asesores de la sociedad civil en cada país.
Se promueva y desarrolle programas en ciencia y tecnología y de capacitación para el uso eficiente de la energía y las fuentes renovables en pequeña escala (pequeñas hidroeléctricas, energía eólica y solar) que es justamente el enfoque que debe ser prioritario en búsqueda de la sustentabilidad, actividad que podría ser canalizada a través del Fondo para la Energía Sostenible (FES) y/o el Programa de Mercados Sostenibles para Energía Sostenible (SMSE) cuya función esta orientada a: “encontrar formas de cooperación entre los donantes, el Banco y los gobiernos de los países para dirigir la asistencia técnica a la identificación y solución de los obstáculos al desarrollo y adopción de tecnologías de energía sostenible en la región de manera que pueda generar un mercado para ellas..”
Se reconsideren las premisas sobre las cuales el Banco se basa para las propuestas de adecuación ambiental, a la luz de las recientes discusiones que sobre esta problemática socio-ambiental se llevan a cabo en diversos sectores y particularmente entre las organizaciones de la sociedad civil.
Se debe revisar el programa de reformas estructurales del sector ya que es plenamente opuesto a uno de los principios de la sustentabilidad: la autonomía y el control local sobre los recursos, ya que la provisión de energía para las comunidades cada vez más queda a merced de centros de decisión regidos por intereses económicos totalmente lejanos de sus realidades y de su control; dicha revisión tiene que plantear el no traspaso de los sistemas de provisión desde el Estado y de las comunidades a compañías multinacionales, que de ninguna manera han respondido a los intereses y derechos reales de las comunidades servidas.
Los créditos y la inversión de la banca multilateral en el sector deben apartarse de la financiación de proyectos centralizados de gran escala y con grandes impactos ambientales y sociales que fomentan la integración a mercados globales que van en detrimento de las condiciones socioeconómicas particulares de la economías pequeñas.
Se promueva la extensión de opciones modernas de energía, principalmente en los sectores rurales, que tiene un gran potencial para la implementación de sistemas de energía alternativa, creativos, descentralizados, controlados por las propias comunidades, ambiental, cultural y socialmente apropiados. Para esto se requiere un decidido apoyo de el Banco en conjunto con la participación de las comunidades en el diseño, la implementación y el funcionamiento de los sistemas que favorezcan el desarrollo de patrones de producción y uso de energía eficiente y compatibles con el medio ambiente.
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