4 de Febrero, 2009
En el “thesaurus visual” de Internet [www.visualthesaurus.com] que ubica los sinónimos en un mapa gráfico para explicar mejor cómo las ideas se vinculan, la palabra haven aparece a mitad de camino entre sus acepciones de “puerto” o “albergue” (harbour) y la de “oasis”. Tal vez por estas últimas acepciones, o por la similitud con heaven (cielo), algún traductor distraído escribió “paraíso fiscal” donde el original decía “tax haven”, en vez de, por ejemplo, “refugio impositivo”. La traducción incorrecta prendió tanto que, en un caso insólito de rebote lingüístico, hoy es frecuente leer “tax heaven” en inglés, en lugar de “tax haven”, quizás porque, puestos a competir en beneficios, el paraíso es mejor que cualquier puerto, por seguro que sea.
Estos paraísos, con su secreto bancario, cuentas anónimas numeradas, facilidad para establecer compañías “de papel” y exoneración de impuestos para las mismas, son un verdadero infierno para los recaudadores de impuestos del resto del mundo de cuyas redes se escapa cada año una suma estimada entre un billón y 1,6 billones (millones de millones) de dólares, la mitad de los cuales, a juicio del Banco Mundial, procede de países en desarrollo. Si estas rentas pagaran un módico impuesto de veinticinco por ciento, los gobiernos obtendrían un ingreso adicional entre tres y cuatro veces superior al total de la ayuda externa que hoy reciben los países pobres. El doble de lo que se estima necesario para acabar con la pobreza extrema en el mundo.
A pesar de esta sangría de recursos, facilitada y ampliada en las últimas dos décadas por las aperturas al movimiento internacional de capitales y las transacciones electrónicas, poco eco han encontrado hasta ahora los reclamos de los afectados por poner un coto a estos “refugios de piratas” (una designación más adecuada que la de paraísos, ya que protegen crímenes fiscales y de los otros, suelen establecerse en islas y no pocos están en el Caribe).
Todo esto podría cambiar a partir de la reunión a puertas cerradas de los ministros de Finanzas del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) en Roma el 13 y 14 de febrero, donde se ha deslizado en la agenda el arcano tema titulado “estándar legal global”.
En su discurso ante el Foro Económico Mundial en la lujosísima estación suiza de esquí de Davos, Angel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el “club” de los países más ricos del mundo, apoyó la propuesta del ministro italiano Giulio Tremonti de “un estándar legal global que fortalezca la gobernanza de las corporaciones y haga más por combatir las facetas oscuras de la globalización, como son la corrupción y la evasión de impuestos”.
La próxima reunión de presidentes del G-8 (el G-7 más Rusia) va a ser precisamente en Italia, bien a salvo de manifestantes en la isla de La Maddalena, al nordeste de Cerdeña, lo que dará a Silvio Berlusconi la Presidencia del grupo y cierta influencia sobre la determinación de la agenda. La oficina del primer ministro italiano ha dejado filtrar a ONG que una eventual regulación de los paraísos fiscales y el control de la fuga de capitales serían discutidos en La Maddalena, dentro de la sección de la cumbre dedicada al “desarrollo”.
Si bien ambos temas son de vital interés para los países en desarrollo, Francia y Alemania presionan para incluirlos en la agenda porque están afectados en carne propia. Para otros países que el informante no quiso identificar, el tema sería demasiado urticante para tratarlo como propio, pero aceptarían hablar de él en el contexto de las relaciones Norte-Sur.
Con este desplazamiento, se caracteriza sólo a los gobiernos de los países pobres como ineficaces cobradores de impuestos, tolerantes con la fuga de capitales o cómplices de corrupción.
Esta fórmula sería aceptable para Canadá y Japón, y tolerable incluso para Reino Unido, que tradicionalmente se opuso a toda regulación internacional de los paraísos fiscales, muchos de los cuales son o fueron sus colonias (Islas Cayman, Bahamas, Hong Kong e islas de Jersey y Man, entre otros).
“La City de Londres es en realidad el mayor paraíso fiscal y centro de banca offshore del mundo”, denunció la semana pasada en el Foro Social Mundial de Belém John Christensen, fundador de la red internacional de justicia impositiva (Tax Justice Network) en el marco de un debate sobre la crisis financiera organizado por Social Watch. Pero con toda la banca británica en bancarrota inminente o ya nacionalizada y el público reclamando transparencia en el uso de sus impuestos, el primer ministro Gordon Brown no puede negarse a este debate. Menos aun cuando el gran socio de Reino Unido al otro lado del Atlántico está presidido por Barack Obama, quien como senador propuso en 2008 una ley pata limitar el secreto bancario en Estados Unidos.
Todo indica que las oficinas de Berlusconi y de Tremonti no hablan entre sí sobre este tema, a pesar de que ambas están trabajando en él, por lo que la propuesta común del tesoro italiano y la OCDE puede no ser la misma que la del Palazzo Chigi. Pero ambas estarían de acuerdo en reivindicar para Italia y para el G-8, que Berlusconi presidirá por un año, un papel protagónico. Y para eso buscan, sin decirlo, que fracase la reunión cumbre del G-20 (los veinte países “sistémicamente importantes”, o sea todo el G-8 y varios países en desarrollo), el 2 de abril en Londres.
Si no hay grandes acuerdos en Londres –sobre los cuales Gordon Brown se atribuirá los méritos–, Berlusconi lanzaría en La Maddalena su propuesta de transformar al G-8 en G-13, incorporando permanentemente al grupo de “los otros cinco”: Brasil, China, India, México y Sudáfrica.
Lo que no se explica, sin embargo, es cómo lograría el G-8, o el G-13, disciplinar a una treintena de países sin su consentimiento. La vía de la colaboración, adoptada hasta ahora por la OCDE, ha establecido algunos criterios de intercambio de información y, en consecuencia, ha reducido la lista de los oficialmente llamados “Uncooperative Tax Havens” (paraísos fiscales que no colaboran) a sólo tres: Andorra, Liechtenstein y Mónaco. Pero estos tres miniestados son sólo una parte de la red de banca offshore desperdigada por el mundo y sólo la ONU puede tener la legitimidad para disciplinar a los gobiernos que la albergan. Es por eso que la canciller alemana Angela Merkel reclama un consejo de seguridad económico y social, y que el padre Miguel d'Escoto, presidente de la Asamblea General de la ONU, quiere fijar el 26 de mayo como fecha para discutir la crisis financiera en una cumbre universal (“el G-192”, según dijo con humor, aludiendo al total de miembros de la ONU). O sea que a mitad de camino entre el G-20 y el G-8, los líderes tendrán una oportunidad de resolver en Nueva York el cierre de estos refugios que contaban, antes de la caída de la bolsa de Wall Street, con diez millones de clientes con más de un millón de dólares cada uno extraídos de toda jurisdicción nacional y liberados de todo impuesto.
Un mundo en el que menos de dos de cada mil personas acceden a un resguardo para sus riquezas mientras que el resto expone sus pobrezas a la intemperie dista mucho de ser un paraíso.
(1) Roberto Bissio es Coordinador de la Red Social Watch
© Este artículo fue publicado el 4 de Febrero de 2009 en el suplemento semanal Agenda Global, publicado por La Diaria de Montevideo, Uruguay.
