Durante el foro "Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable", realizado en Bogotá el 29 de octubre de 2008, se presentó el informe final de la Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia, llevada a cabo entre el 3 y 10 de octubre de 2008.
En el informe final de la Misión Internacional de Observación se manifiestan las preocupaciones recogidas del intercambio con familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, y autoridades. Entre los temas de preocupaciónse encuentran: los patrones de comisión de las ejecuciones extrajudiciales; la existencia de incentivos económicos, profesionales y premios a la Fuerza Pública por la presentación de “positivos” (bajas al enemigo causadas en el desarrollo de operaciones militares); las dificultades procesales para que las víctimas participen en los procesos judiciales, y el ambiente de intimidación en contra de familiares y testigos de los hechos.
El informe considera que se ha generado un patrón persistente de ejecuciones extrajudiciales y de impunidad que ha venido cambiando en el tiempo en su modalidad. Ahora las victimas ya no son campesinos de organizaciones sociales acusados de ser guerrilleros, como en los primeros años.
Estos primeros falsos positivos llamaban la atención de los medios y las protestas de varios actores sociales. Según la CCEEU, ahora las fuerzas armadas secuestran jóvenes en los barrios marginales de las grandes ciudades, o sea una población más vulnerable cuya desaparición no llama la atención. Estos jóvenes son llevados hacia aéreas rurales en donde se simula un enfrentamiento con el ejército y estos jóvenes son dados de baja y registrados como integrantes de grupos emergentes o de criminalidad común. Luego son enterrados en fosas comunes como NN. Esto genera mucha menos atención de los medios de comunicación y ha favorecido una difundida impunidad.
Las razones de estos homicidios son los sistemas de incentivos y premios que el alto gobierno ha venido implementando. Cada guerrillero o criminal dado de baja es recompensado generosamente en términos económicos y de licencias. Por esta razón se ha creado este macabro mercado de cuerpos humanos cazados, comprados y vendidos por peso, como si fuesen animales. Para algunos militares la vida humana de un inocente vale menos que unos días de vacación.
El informe analiza también la estructura de impunidad de la cual la fiscalía forma parte. Los fiscales, violando normas elementales, dejan las investigaciones y los procedimientos a la justicia militar y no las asumen en los aparatos de la justicia civil. “Existen unidades de fiscalía ubicadas al interior de las guarniciones militares o policiales, que actúan en combinación con la Fuerza Pública para legalizar operativos en desarrollo de la lucha contrainsurgente”.
Las mismas acusaciones llegan también de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, reconoció: "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército", señalando además que "algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos".
El informe de la CCEEU será presentado a la Corte Penal Internacional y a la misma Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Navi Pillay que justo el miércoles inició su gira por Colombia.
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