Intervención de la sociedad civil en la mesa redonda 1: apropiación democrática

Presentado por Gigi Francisco
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)

2 de setiembre, 2008

Apropiación

La Declaración de París, en sentido estricto, define la “apropiación” como el ejercicio por parte de los países en desarrollo de "un liderazgo efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo." El borrador de la Agenda de Accra para la Acción (AAA) establece compromisos tanto de países donantes como receptores de “ampliar el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel nacional” (párr. 13). Esto es claramente una mejora en el lenguaje que nos lleva hacia adelante en la elaboración práctica de la apropiación democrática entendida como un PROCESO que empodera a todas las partes involucradas.

Sin embargo, tomado en su conjunto, el compromiso de apropiación democrática que se encuentra en la AAA sigue siendo deficiente e inaceptable para las organizaciones de la sociedad civil por las siguientes razones:

(1) Deja intacto el modelo de apropiación arriba-abajo impuesto desde afuera, que se basa en los análisis del Banco Mundial de los Documentos sobre la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (redactado y evaluado por los donantes);

(2), Si bien hay una referencia a los sistemas de los países (párrafo 14), no hay plazos concretos de compromiso para todos los donantes;

(3) Hay poco acerca de cómo el comportamiento de los donantes puede limitar la apropiación democrática (por ejemplo, temas sobre el control de los donantes y la transparencia);

(4) La referencia a los estándares internacionales y buenas prácticas “establecidas” opera como un manto en el que los donantes se pueden cubrir para imponer reformas; y

(5) Al tiempo que acogemos con beneplácito el párrafo 9 que dice que las desigualdades y la exclusión social socavan el desarrollo y la equidad de género; que el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental son cruciales para buenos resultados de desarrollo, hacemos hincapié en que estos no pueden ser prescritos como nuevas condicionalidades.

Para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), el principal problema que presentamos aquí en el Foro de Alto Nivel (HLF) es que la apropiación democrática tiene que realizarse dentro de un ambiente amplio basado en derechos donde la ayuda significativa y genuina debe trabajar para el desarrollo a largo plazo de los países en desarrollo. En este sentido, desafiamos tanto el contenido y la apropiación institucional de las metas fijadas en la Declaración de París (DP) y los instrumentos de evaluación.

Para nosotros, es fundamental que la DP se armonice con los objetivos y mediciones existentes en torno a convenios clave de las Naciones Unidas y sus seguimientos en el plano económico y social, como en los derechos humanos, los derechos de la mujer, los estándares laborales y objetivos de desarrollo internacionalmente acordados que ya están siendo monitoreados por diversos organismos especializados. La DP deberá tener debidamente en cuenta los sistemas existentes y los mecanismos de revisión colectivos que se están discutiendo y desarrollando por nuevos donantes que no pertenecen a la DAC y a través de la cooperación Sur-Sur y modalidades triangulares, así como las propuestas innovadoras sobre estrategias de salida de la deuda diseñadas por expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Condicionalidades e indicadores

El diálogo social y político es fundamental para las mutuas transformaciones de los paradigmas del desarrollo. Como tal, todos debemos trabajar hacia la promoción de la responsabilidad mutua, la responsabilidad y los criterios de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo entre todas las partes y sitios institucionales. Nuestra historia está llena de ejemplos sobre cómo el uso del poder y los recursos para extraer obediencia en el comportamiento, no importa cuan benevolente fue la intención, han dado lugar a resultados desastrosos, incluyendo efectos extremadamente costosos en los grupos sociales que supuestamente estaban destinados a beneficiarse de esas condicionalidades.

Habiendo dicho esto, las organizaciones de la sociedad civil afirman lo siguiente:

Los esfuerzos en el desarrollo de la capacidad de los países para la apropiación democrática no debe limitarse a los estándares y competencias patrocinadas por el Banco Mundial en torno a las exigencias de una limitada modalidad de gestión de la ayuda. En cambio, debe centrarse en la competencia exigidas por una planificación, monitoreo y evaluación de desarrollo amplia y basada en derechos, algunos de los cuales han sido desarrolladas por otros organismos especializados de Naciones Unidas y defensores de los derechos humanos.

Por otra parte, mientras que la ayuda puede desempeñar un papel catalizador en el desarrollo, la coordinación entre los acreedores es necesaria dadas las preocupaciones por la calidad, cantidad y la eficacia de la ayuda y en plataformas multilaterales más incluyentes. Sabemos que la vinculación entre políticas es crucial. La DP no debe ir en contra de los compromisos de Naciones Unidas para la adopción de medidas nacionales que mejoran la elasticidad macroeconómica y financiera de los países receptores, incluyendo su capacidad de adoptar políticas macroeconómicas contra-cíclicas, políticas de empleo y garantizar la prestación pública de servicios. La DP tampoco debería socavar la coordinación entre acreedores para reducir los riesgos de sobreendeudamiento de los países en desarrollo.

Los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE deben comprometerse explícitamente a "utilizar los sistemas de los países en el desembolso de al menos el 80% de la ayuda para el año 2010" y "reducir la carga de la condicionalidad para el año 2010 para que los acuerdos de ayuda se basen en objetivos de mutuo acuerdo."

La AAA debe comprometerse a desarrollar capacidades a nivel de países, incluso en el plano regional y multilateral para llevar a cabo el monitoreo y evaluación a través de datos desglosados por sexo, apoyando el monitoreo y los sistemas de evaluación liderados por los ciudadanos/nas independientes y acordar un proceso de evaluación incluyente para medir el impacto de la DP en la lucha contra la pobreza, la reducción de las inequidades, la salida de la dependencia de la deuda, y la promoción de la equidad de género, los derechos humanos, los derechos laborales y la sostenibilidad ambiental.



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