En el proceso hacia Accra redes feministas caribeñas y latinoamericana se reunieron para discutir la implementación de la Declaración de París y la eficacia de la ayuda al desarrollo.

LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y CARIBEÑAS OPINAN: CONSULTA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EFICACIA DE LA AYUDA AL DESARROLLO

Bogotá, Santa Marta
3 de Junio de 2008
(Versión preliminar)

En Septiembre de 2008, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y algunos países en desarrollo se reunirán en el Tercer Foro de Alto Nivel en Accra, Ghana (1), para evaluar los progresos alcanzados en la implementación de la Declaración de París (2) sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo firmada en 2005 y para consensuar una nueva ‘agenda para la acción’. En este contexto se realizó una reunión paralela en Bogotá el día 3 de junio convocada por la Red de Educación Popular entre Mujeres REPEM, La Red Internacional de Género y Comercio, Capítulo Latinoamericano y la Confluencia Nacional de Redes de Colombia, apoyadas por Action Aid Internacional, AWID, WIDE y UNIFEM.

Las organizaciones participantes reconocieron que hoy América Latina está buscando alternativas de afianzamiento democrático e integración regional. Asimismo, reconocieron los avances en la igualdad entre mujeres y hombres: el paso del ámbito privado a lo público, el acceso de las mujeres latinoamericanas a la salud, a la educación y el incremento de su participación en el mercado laboral y en la vida pública. Sin embargo, estos logros no se traducen en mejores oportunidades de ingreso ni en su acceso a los altos niveles del poder político y ejercicio de sus derechos.

En América Latina, los países denominados de ingresos medios, cada vez tienen menos acceso a la cooperación internacional y prácticamente están fuera de las grandes decisiones de los países de la OCDE en cuanto a las asignaciones de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). Estas asignaciones se realizan a partir de indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB) (3), que desconocen las desigualdades inherentes a las sociedades latinoamericanas, que afectan particularmente a las mujeres por el efecto multiplicador de la desigualdad, que acumula discriminaciones por género, raza, etnia, edad, clase social y orientación sexual, entre otras.

El modelo de desarrollo en América Latina se caracteriza por una inserción subordinada en el contexto de la globalización, que implica un crecimiento con desigualdad basado en la explotación de materias primas, recursos naturales y mano de obra, con altos niveles de concentración de la riqueza; dejando poblaciones, grupos sociales y territorios en situación de pobreza extrema sin acceso a los recursos de la cooperación internacional.

Sumado a lo anterior, se continúan impulsando acuerdos económicos y comerciales que desconocen las brechas en diversas áreas –tecnología, desarrollo económico, e ingresos, entre otras-, que aumentan la vulnerabilidad de las economías por la creciente liberalización de los flujos financieros y la especulación. La Ronda de Doha en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no ha logrado avanzar en sus compromisos con el desarrollo y grandes regiones del mundo se debaten por la falta de alimentos, mientras los países desarrollados mantienen condiciones de comercio injusto en la agricultura, que penalizan entre otros a los pequeños y medianos productores de alimentos de nuestra región.

Los temas de equidad y redistribución desde un enfoque de derechos, se han mantenido como ejes de la agenda de las organizaciones de mujeres y sus propuestas de desarrollo. En este marco de acción los temas como la feminización de la pobreza y las migraciones en condiciones de precariedad, al lado de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la violencia de género y el feminicidio, son asuntos relevantes en la agenda. No obstante la importancia e impacto del trabajo de las organizaciones de mujeres, éstas cuentan cada vez con menos recursos.

Este análisis de la situación latinoamericana debe alimentar el debate actual sobre la eficacia de la ayuda y la efectividad del desarrollo. Si el proceso de Accra pretende ser inclusivo y participativo debe reconocer las particularidades de la región aquí esbozadas y la agenda de las organizaciones de las mujeres.

Por eso, instamos a los participantes de la reunión de Santa Marta a considerar las siguientes recomendaciones:

1. Integrar los debates sobre eficacia de la ayuda en el marco del proceso de Financiamiento al Desarrollo de Naciones Unidas -seguimiento del Consenso de Monterrey- (4).

2. Los gobiernos donantes y los de los países de América Latina y el Caribe deben cumplir con los compromisos asumidos a través de marcos de referencia internacionales en derechos humanos y los acuerdos establecidos sobre derechos de las mujeres y el desarrollo (tales como plataforma de Acción de Beijing, y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer -CEDAW-),(5) entre otros) que constituyen compromisos de los gobiernos con los derechos de las mujeres y no condicionalidades para la cooperación.

3. En Accra, los gobiernos deben reafirmar la igualdad entre hombres y mujeres como un objetivo del desarrollo y reconocer que el financiamiento para el desarrollo no puede ser neutral en términos de género.

4. Fomentar la apropiación democrática e inclusiva de las políticas de desarrollo, garantizando la participación ciudadana y universal de las organizaciones de la sociedad civil y en particular de las organizaciones de las mujeres, en los procesos de formulación, implementación y evaluación. Esto significa una apropiación del desarrollo a nivel de países y no de gobiernos, garantizando una participación ciudadana sustantiva y sostenida, con mecanismos claros y financiamiento adecuado.

5. Integrar a la ciudadanía en la mutua rendición de cuentas por medio de mecanismos e instrumentos claros, así como de indicadores que incluyan la equidad social y de género, garantizando el acceso a la información y la transparencia en la evaluación de resultados.

6. Para América Latina son prioritarias las políticas de redistribución de la riqueza y no solo las de reducción de la pobreza, por lo tanto, sería fundamental la inclusión de indicadores de desigualdad tales como el coeficiente de Gini (6), entre otros, en las definiciones para las atribuciones de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y la evaluación del impacto del financiamiento para el desarrollo y la eficacia de la ayuda.

Organizaciones firmantes (lista inicial): Afrolider, AWID, Campaña Mis Derechos NO se Negocian, Católicas por el Derecho a Decidir, Centrap, Codacop, Confluencia de Redes de Mujeres de Colombia, Escuela de Estudios Gènero Universidad Nacional de Colombia, Fundac, Fundeìn, GAP, LIMPAL, Red Nacional de Mujeres, Red Internacional de Género y Comercio Capitulo América Latina, Red Mujer y Habitat, Repem.

(1) Información de Choike sobre Accra
Sitio oficial
(2) Declaración de París. Texto completo en formato pdf.
(3) Valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o un año). El PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los bienes o servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios de servicios entre conocidos, etc.).
(4) Consenso de Monterrey, formato pdf.
(5) Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), formato pdf.
(6) El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.

Nota: Las llamadas y los links son de autoría de Choike.