17 Diciembre 2007
En el marco del llamado Plan Puebla Panamá el Estado de Honduras, adquirió el compromiso de construcción, mejoramiento y ampliación del denominado "canal seco", también conocido CA-5 Norte que busca habilitar una vía de comunicación para el traslado de mercadería entre los puertos de La Unión, en el Mar Pacifico salvadoreño y Puerto Cortés, en el mar Caribe hondureño.
"La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada."
(Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos 1/(párr. 1)
Para sanear la propiedad a favor del Estado de Honduras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó en el 2006 el préstamo No. 1565/SF-HO por un valor de US$ 63,190,000.00 (sesenta y tres millones ciento noventa mil dólares con 00/100) que al cambio actual significan mas de mil doscientos millones de lempiras (Lps. 1,200,610,000.00), para pagar indemnizaciones a las familias afectadas en sus terrenos y mejoras por encontrarse en el derechos de vía del tramo que va desde el Valle de Comayagua, departamento de Comayagua, hasta la comunidad de La Barca, Villanueva, Cortés.
A la fecha ninguna de las familias pobres afectadas han recibido una propuesta decente y justa por parte de los funcionarios del Estado de Honduras, al contrario, las ofertas que reciben son insultantes a la inteligencia y van en contra de los costos actuales de sus propiedades. Los afectados y afectadas, la mayoría madres de familia solas, han recibido amenazas y hostigamiento de los funcionarios de SOPTRAVI facultados para negociar no para imponer, y de la titular del Juzgado I de Letras de Comayagua, abogado Maritza Mejía, facultada para brindar justicia y no para coaccionar.
Ninguno de los pobladores afectados por el tramo carretero se opone a desalojar el derechos de vía que ocupará el proyecto CA-5, todos reconocen que es importante para el desarrollo del país, pero no están dispuestos a sacrificar su patrimonio para darle gusto a los funcionarios estatales y sobre todo cuando se sabe que hay recursos para reconocerles el valor comercial actual de los terrenos y sus mejoras, entiéndase esto último como casas de habitación con los servicios de agua potable y energía eléctrica en sus predios, escuelas, templos religiosos y lugares comerciales. En esta misma posición, rechazo a la subvaloración de las propiedades, se encuentra el cura párroco de la Villa de San Antonio, padre Germán Cálix, que se niega a firmar los documentos de traspaso a favor del Estado de Honduras por tres templos que le afectan a la iglesia Católica.
El hostigamiento de los funcionarios del Estado, específicamente de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y del Juzgado I de Letras de Comayagua hacia los pobladores que se niegan a aceptar los insultantes valores por sus propiedades han ocasionado daño psicológico a niños y mujeres. El 10 de agosto de 2007 falleció de un paro cardiaco respiratorio la señora ESMERALDA MEZA RAUDALES (59), dos días antes había recibido la visita la ingeniera civil Nidia Durán (Colegiación No. 6616) contratada por el Juzgado I de Letras de Comayagua para hacer el "trabajo" de avalúo de las propiedades afectadas por la mencionada obra.
Los pobladores afectados del valle de Comayagua agregan que a la lista de funcionarios del Estado de Honduras que se han dedicado a hostigar, presionar, acosar, amenazar y coaccionar a las personas para que firmen se suman la ingeniera civil Dora Roque (Colegiación No. 1028) de SOPTRAVI, Irma Liliam Castillo del Proyecto BID-SOPTRAVI, la abogada Lily Girón del departamento legal de SOPTRAVI, el licenciado Ramón Hernández, asignado por el ministro Rosario (Saro) Bonano como Coordinador del Proyecto Carretera CA-5, un empleado de este ultimo de nombre Selvin y Carlos Harlinston Velásquez, también empleado de SOPTRAVI. A esta lista se agregan el Ministro de SOPTRAVI ingeniero José Rosario Bonano como jefe de ellos y a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, abogada Vilma Cecilia Morales Montalván, por las actuaciones de su subalterna, la titular del Juzgado I de Letras de Comayagua.
FIAN Honduras, organización nacional de voluntarios por los derechos humanos con personería jurídica No. 4068-2004 y Sección Nacional de FIAN Internacional, lamenta que el Estado de Honduras, a través de sus funcionarios y empleados, no esté garantizando, respetando y mucho menos protegiendo los derechos humanos de nuestros compatriotas y tolere que funcionarios investidos de autoridad se dediquen a violarlos sistemáticamente.
Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, toda autoridad del Estado tiene que respetar, proteger y garantizar los derechos reconocidos en estos tratados, en particular el derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la propiedad y a la alimentación.
Demandamos una negociación justa con los pobladores del Valle de Comayagua y el cese a la violación sistemática de los derechos humanos.
Junta Directiva Nacional
FIAN/Honduras
Más información:
El derecho a la vivienda y a la tierra frente a los proyectos de desarrollo
COHRE
Organizaciones internacionales analizan impactos de proyectos de desarrollo vinculados al Plan Puebla Panamá sobre derechos a la vivienda y la tierra de pueblos indígenas y campesinos.
