Cuidad de México, jueves 9 de agosto de 2007
Organizaciones internacionales analizan impactos de proyectos de desarrollo vinculados al Plan Puebla Panamá sobre derechos a la vivienda y la tierra de pueblos indígenas y campesinos.
La forma en la que se imponen los planes y proyectos de desarrollo de infraestructura, energía y turismo analizados tienden a agudizar los conflictos de tierras y la tensión social, afirman COHRE y HIC
Los proyectos de desarrollo deben respetar y garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas, recomiendan.
El Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE) con la colaboración de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) y del Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), presentaron públicamente hoy en el Club de Periodistas de la Cuidad de México la publicación "El Derecho a la Vivienda y a la Tierra frente a los Proyectos de Desarrollo" (pdf). Este Informe da a conocer las conclusiones de la misión de investigación que llevaron a cabo en México, Guatemala y Honduras, en septiembre de 2006, con la finalidad de analizar los impactos de los proyectos de desarrollo sobre los derechos a la tierra y a la vivienda de comunidades indígenas y campesinas.
Basado en información obtenida en reuniones y entrevistas con diversos actores (ONG, movimientos sociales, autoridades, académicos, y periodistas), dicho informe evidencia la relación entre la implementación de proyectos de desarrollo de infraestructura, energía y turismo (varios en el marco del Plan Puebla Panamá - PPP), y los cambios en las legislaciones y políticas sobre los derechos a la tierra y a la propiedad de la población campesina y las comunidades indígenas. Se apunta que, en el caso de México, las reformas a la legislación agraria de 1992 – además de no haber logrado resolver las limitaciones del modelo anterior de acceso a la tierra y a la propiedad – han permitido la venta y la concentración de tierras por grandes propietarios y, paralelamente, eliminar los obstáculos para la implementación de proyectos de desarrollo en las áreas previstas. En la mayoría de los casos, estos proyectos violan los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de los afectados.
Un ejemplo de ello es el caso del Proyecto Hidroeléctrico La Parota que, por falta de adecuada información sobre sus impactos, su necesidad y relevancia, por parte de las autoridades y falta de consulta, ha generado tensiones y conflictos dentro de las comunidades afectadas y ya ha costado la vida a 3 ejidatarios. Este conflicto ha sido enfrentado por el Gobierno Federal y del Estado con la represión, en lugar de buscar instancias de diálogo y concertación. El clima que se vive en el área donde se proyecta dicha construcción se ha oscurecido por las presiones que han denunciado los ejidatarios, el intento de manipulación de asambleas, la falta de diálogo entre la Comisión Federal de Electricidad y los pobladores que se resisten al proyecto. Los afectados denuncian las violaciones a sus derechos al territorio, a la tierra, a la vivienda, a la información, a la participación, a la consulta, al agua, al manejo de los recursos naturales y a la autodeterminación, derivadas del proyecto.
Con este informe las organizaciones internacionales y nacionales buscan hacer un llamado al gobierno mexicano a reconocer las graves violaciones a los derechos humanos que se producen como consecuencia de proyectos de desarrollo implementados sin considerar a la población afectada directa e indirectamente; y a estimular la adopción de medidas que garanticen estos derechos, en particular los derechos a la vivienda, a la tierra y al territorio de quienes habitan esas áreas, especialmente las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo instan a las autoridades mexicanas a tomar en cuenta y respetar las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas (Organización Internacional del Trabajo, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y los Relatores Especiales) que se han manifestado sobre el caso de La Parota y otros proyectos en el marco del PPP.
Por otra parte, hacen un llamado especial a la Comisión Federal de Electricidad a que entregue información veraz, completa y oportuna sobre el Proyecto de La Parota, sus beneficios y sus impactos, en particular en el marco de su participación en la Asamblea General de la Comunidad Indígena de los Bienes Comunales de Cacahuatepec convocada para el 12 de agosto próximo.
COHRE y HIC, junto con el Espacio DESC, organizaron esta tarde el Seminario “El Derecho a la Vivienda y a la Tierra frente a los Proyectos de Desarrollo – El caso de México” con la finalidad de presentar públicamente su informe y abrir un espacio donde discutir con los principales actores involucrados en los proyectos de desarrollo – comunidades indígenas, campesinas, gobierno federal, ONG, investigadores profesionales - sus aspectos políticos, económicos, sociales y técnicos y apuntar recomendaciones para que el respeto y la plena realización de los derechos humanos sea su principal motivación.
DESCARGAR EL INFORME EN FORMATO PDF
Para más información, favor de comunicarse al correo hic-al@hic-al.org o a los teléfonos (55) 55 12 67 26 y (55) 55 12 15 86 con Silvia Emanuelli o Domitille Delaplace, o con Sebastián Tedeschi, Coordinador del Programa de COHRE para las Américas, sebastian@cohre.org
