Derechos humanos de las mujeres en Nicaragua
Fuente: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos - CENIDH

Febrero de 2007

En Enero de 2007, el Centro Nicaragûensa de Derechos Humanos (CENIDH) ha publicado el Informe anual Derechos Humanos en Nicaragua 2006 (pdf). Contiene un análisis exhaustivo del estado de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del país y profundiza en ámbitos específicos tales como los derechos de las mujeres, niñez, tercera edad, migrantes y los derechos de los pueblos.

Hemos extraído de diferentes capítulos las consideraciones referidas a la situación de las mujeres, que ocupa un importante espacio del informe, las que ofrecemos más abajo, donde se analiza la manipulación alrededor del aborto terapéutico y la reacción de la sociedad, la mortalidad materna e infantil, la violencia intrafamiliar y además el texto completo de "Derechos humanos de las mujeres" (7 páginas en formato pdf), que se encuentra dentro del capítulo "Ambitos específicos" del informe. Allí el informe profundiza en la situación de la participación política y acceso a la justicia por parte de las mujeres, los femicidios y los derechos sexuales y reproductivos entre otros temas.


Manipulación alrededor del tema de aborto terapéutico

Sin embargo, el tema que más controversia generó y que fue manipulado políticamente por los candidatos y los partidos fue el del aborto terapéutico. Durante la celebración de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, patrón de Managua, la Iglesia católica se pronunció en contra del aborto y Edmundo Jarquín, ya siendo candidato presidencial por el MRS, fue preguntado por un periodista qué opinaba sobre el aborto y respondió que estaba de acuerdo con el aborto terapéutico cuando estaba en peligro la vida de la mujer.

Luego un obispo lo calificó de asesino; debido a esta opinión, surgió el debate en un ambiente de doble moral. Las Iglesias católica y evangélica convocaron a una marcha conjunta que se realizó el 6 de octubre y concluyó con la entrega a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de fi rmas en contra del aborto terapéutico; los legisladores, excediéndose en sus atribuciones, ofrecieron derogar el artículo del Código Penal que establece la fi gura jurídica de aborto terapéutico y así lo hicieron el 17 de noviembre, pasando Nicaragua a ser el tercer país latinoamericano en incurrir en semejante atropello a los derechos humanos de las mujeres.

Mortalidad materna e infantil

Numerosas mujeres nicaragüenses, entre ellas adolescentes, mueren durante el parto. El Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional informó que para la semana No. 25 de 2006 (mes de julio) la tasa de mortalidad materna era de 25.63 muertes por 100,000 nacidos vivos; en el año 2005 dicha tasa fue de 29.48 muertes por 100,000 nacidos vivos.

En la región atlántica y zonas de difícil acceso, la tasa de mortalidad derivada de la maternidad llega a duplicar el promedio nacional. Además, en nuestro país uno de cada cuatro nacimientos ocurre como resultados de embarazo adolescente. La mortalidad infantil aumentó considerablemente con respecto al año pasado, ya que para el mes de junio de 2006 se registraban 2.46 muertes por 1,000 nacidos vivos y a fi nales de 2005, 2.39 muertes por 1,000 nacidos vivos.

Según la OPS, la tasa de mortalidad materna en los departamentos más pobres del país se mantiene elevada, debido a que aproximadamente el 55% de las mujeres de estas zonas rurales dan a luz en su casa; la mayoría son analfabetas y carecen de educación sanitaria.

Un tercio de las mujeres que mueren en el parto son adolescentes, aun cuando la tasa de fecundidad en este grupo etario ha decrecido.

La inequidad en el acceso a la salud para la población más pobre es una de las principales causas de la mortalidad materna e infantil en nuestro país, tanto por las grandes distancias entre los centros de salud y hospitales estatales y los poblados rurales como por los gastos económicos que trae consigo el traslado hacia los mismos.

Según los datos de la OPS, las principales causas de muerte en niñas y niños menores de cinco años en comunidades indígenas y rurales son la desnutrición, diarrea, enfermedades respiratorias agudas y meningitis. Según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, en el mes de abril de 2006 personas menores de 5 años representaban el mayor porcentaje de defunciones: el 48%. La tasa de mortalidad más alta, 8.7 por 100.000 habitantes, se registra entre niñas y niños menores de un año.

La falta de acceso a las necesidades básicas como salud y alimentación en el campo y en las zonas urbanas marginales afecta gravemente el derecho a la vida en Nicaragua, pero es aún más preocupante la displicencia del Gobierno ante la problemática y su poco interés de salvaguardar la vida de mujeres, niñas y niños que fallecen por carecer de los cuidados médicos mínimos y de una buena alimentación.

El aborto terapéutico y el derecho a la vida

Desde abril de 2006, el tema del aborto terapéutico, en cuanto al confl icto entre el derecho a la vida de las mujeres y de los no nacidos, generó gran controversia entre los sectores sociales a favor y en contra del mismo. Hubo marchas que exigían a la Asamblea Nacional la derogación del artículo 165 del Código Penal que establece la fi gura del aborto terapéutico y otras en demanda de que dicho artículo se mantuviera en la legislación nacional.

La derogación del mencionado artículo fue un gesto de complacencia hacia el sector religioso que exigió la penalización del aborto en cualquier circunstancia y presionó para lograr este objetivo. Los legisladores dictaminaron a favor de esta demanda de manera extraordinaria y expedita, sin escuchar las voces de quienes se movilizaron a favor del aborto terapéutico.

Entonces, “se protegió el derecho a la vida de los no nacidos” desconociendo el derecho a la vida de las mujeres que enfrentan un embarazo que pone en alto riesgo su salud y su vida.

Ni siquiera fueron escuchadas las opiniones científi cas emitidas por médicos especialistas en ginecología y obstetricia; el único reclamo atendido por el Poder Legislativo fue el de algunos jerarcas eclesiásticos.

Las y los diputados que aprobaron tal derogación basaron sus decisiones en sus creencias religiosas, haciendo referencia en sus intervenciones a citas bíblicas y comparando el aborto terapéutico, que es considerado internacionalmente como un servicio de salud especializado cuya fi nalidad es salvar la vida de las mujeres, con delitos de homicidio y de violación. Asimismo refi rieron que la fi gura del aborto terapéutico era utilizada para interrumpir embarazos no deseados y optaron por suprimirla, sin importarles las vidas de mujeres –en especial, las de limitados recursos económicos– que corren peligro a causa de embarazos de alto riesgo.

El derecho a la vida para un ser humano ya formado debe prevalecer sobre un derecho a la vida en formación. La obligación de no fi nalizar el embarazo de alto riesgo a costa de la vida de la mujer representa una pérdida de justifi cación y sentido de la norma que tutela y protege la vida privilegiando a los no nacidos, a pesar de que la titularidad del derecho se le concede a una persona ya formada.

La eliminación del aborto terapéutico es una flagrante violación al derecho humano a la vida para muchísimas mujeres que morirán en nuestro país a consecuencia de embarazos de alto riesgo. Con esta decisión el Estado de Nicaragua se convirtió en el principal violador de este derecho, desconociendo su obligación constitucional de proteger la vida de las mujeres, establecida en el artículo 23 de la Constitución Política de Nicaragua que proclama: “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte”. También constituye una violación a la obligación asumida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que señala en su artículo 6 numeral 1 que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

Sin embargo, nuestros legisladores, de manera arbitraria y sin mayores reflexiones excepto las motivadas por sus criterios religiosos, lesionaron el derecho a la vida de miles de mujeres nicaragüenses en tan solo unas horas que duró la sesión que eliminó el aborto terapéutico.

No se puede tratar el derecho a la vida de manera tan restrictiva, dejando a las mujeres nicaragüenses que por razones médicas requieran un aborto terapéutico en una encrucijada entre optar por la búsqueda de servicios de salud clandestinos, que muchas veces careen de condiciones sanitarias adecuadas y constituyen de por sí un riesgo para la salud y la vida de las pacientes, o continuar con el embarazo que pone en peligro su vida. Ambas opciones son peligrosas y elevarán a las ya altas tasas de mortalidad materna.

Manifestaciones en contra y a favor del aborto terapéutico

El 6 de octubre de 2006 se realizó una manifestación contra el aborto terapéutico organizada por jerarcas religiosos, apoyados por empresarios y colegios religiosos, quienes alentaron e incluso obligaron a sus estudiantes a manifestarse, con el objetivo de que se derogara el Arto. 165 del Código Penal que permitía el aborto terapéutico y se impusieran penas de 20 años a las personas que practicaran abortos.

Miles de personas participaron en esta manifestación, que contó con buses que transportaron a las y los manifestantes, mantas patrocinadas por empresas y colegios religiosos que dedicaron el día escolar a la participación en dicha protesta. Al llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional los jerarcas fueron atendidos por la Junta Directiva del Parlamento, lo que no ocurrió con otras manifestaciones que se dieron en el transcurso del año.

El 10 de octubre de 2006, las mujeres de Nicaragua fueron convocadas a una marcha para exigir se mantenga el derecho de las mujeres al aborto terapéutico, tal como lo estipula el Código Penal desde hace más de 100 años.

La marcha no fue tan concurrida como la organizada por jerarcas religiosos, pero estaba bastante nutrida y contaba con el apoyo público de numerosas organizaciones del movimiento de mujeres. Por medio de pancartas, las manifestantes exigieron a las y los diputados, a las Iglesias y a las y los candidatos a cargos de el movimiento de mujeres instó a las y los participantes a votar por un candidato que se había pronunciado por la preservación de esta fi gura jurídica.

Víctimas de violencia intrafamiliar enfrentan dificultades para acceder a la justicia

La aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), aprobado por la Asamblea Nacional en 2001, disminuyó drásticamente la retardación de la justicia en Nicaragua. Sin em bargo, el acceso a la justicia en materia penal todavía no está garantizado, hecho que dejó en evidencia un estudio de sentencias relativas a delitos de violencia intrafamiliar y sexual y demandas civiles en materia de familia. El análisis de 1077 sentencias sobre casos de violencia intrafamiliar arrojó que el 94.65% de víctimas de delitos de orden sexual son mujeres. Los delitos más denunciados son: violación (62.62%), lesiones físicas (44%), lesiones psicológicas (25.28%), abusos deshonestos (15.54%), homicidio (15.12%) y estupro (14%).

Del total de casos denunciados, el 54.87% obtuvo en primera instancia sentencias absolutorias y 28%, condenatorias. La Ley 230 (Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal so sobre Violencia Intrafamiliar) prácticamente no fue aplicada, contribuyendo a que una gran cantidad de hechos de violencia quedaron en la impunidad. Los resultados del estudio motivaron a la CSJ a elaborar un acuerdo de Corte Plena en el que se les hace saber a los jueces que la aplicación del Protocolo de Actuación en los casos de violencia intrafamiliar y sexual es obligatoria, y su puesta en práctica será tomada en cuenta en la evaluación al desempeño.

Pese a lo anterior, muchos jueces y juezas consideran que el protocolo en cuestión solo es una guía y que no están obligados a aplicarlo porque no tiene rango de ley, situación que deja en desventaja a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

Es necesario que el Protocolo de Actuación sea aplicado siempre y por todos los operadores de la justicia: la Policía Nacional, médicos forenses, la Fiscalía y las y los jueces.

Es importante destacar que las denuncias de este tipo de delitos han aumentado de 4.412 en 2001 a 12.235 en 2004, incremento que puede deberse en parte al hecho de que cada vez más mujeres se deciden a romper el silencio y salir del círculo de la violencia. Sin embargo, el sistema judicial no ha sido capaz de responder positivamente a las expectativas y demandas de las víctimas de la violencia sexual e intrafamiliar.

La implementación del nuevo CPP también implica nuevos retos en cuanto a la presentación de evidencias. Según las declaraciones del comisionado mayor Javier Dávila, Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, en 2005 más de 50 mil denuncias de diversos delitos ante la policía no fueron aceptados por el Ministerio Público, por considerar que carecían de evidencias sufi cientes para hacer una acusación.

Las estadísticas policiales ponen de manifi esto que de 88.000 delitos, solo un poco más de 37.000 casos, equivalentes a un 42%, concluyeron el debido proceso y fueron aceptados por la Fiscalía.

La fiscal general adjunta María Lourdes Bolaños explicó que a veces influyen factores de orden cultural que tienen que ver con la discriminación y la necesidad de un trato diferenciado para las víctimas, así como la falta de capacitación para trabajar con las pruebas en los casos donde el único testigo es la víctima.

También resulta difícil de cumplir la norma de presentar las acusaciones en el término de 48 horas sin hay personas detenidas.

Cuando el caso ya está en manos del Ministerio Público, las litigantes enfrentan dificultades como la falta de dominio del caso debido al cambio de fiscales (el fi scal que acusa no es el mismo que se encarga de audiencias y de juicio) y criterios patriarcales de los funcionarios judiciales que parecen estar más interesados en “preservar la familia” que en hacer justicia a las denunciantes. Por su parte, los fiscales –cuyo número ha ido aumentando pero todavía no corresponde a las necesidades de la población– se quejan de la falta de tiempo para estudiar el caso, debido a la cantidad de estos asignados.

El CENIDH considera que las instancias involucradas en la atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual deberían mejorar sus coordinaciones e ir superando las debilidades en sus actuaciones. Asimismo es conveniente que tomaran en consideración los señalamientos y propuestas del movimiento amplio de mujeres.

Mortalidad materna e infantil

Durante la Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre del 2000, las naciones del planeta, convocadas por la Organización de las Naciones Unidas, se comprometieron a adoptar directrices generales para reducir la pobreza en sus países. Estos acuerdos quedaron sistematizados en lo que se conoce como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son metas que los Estados deben alcanzar antes del 2015. Uno de los compromisos es mejorar la salud materna, reduciendo la mortalidad materna en tres cuartas partes. Los ODM servirán como referente para evaluar el desempeño de los Estados en cuanto a las medidas que adopten a favor de la salud de las mujeres y en otros temas de carácter económicosocial.

Hasta la segunda semana de diciembre de 2006 la Dirección de Vigilancia Epidemiológica reporta 121 muertes maternas, para una tasa de 100.41 casos por cada 100 mil nacidos vivos registrados por dicha dirección. Es preciso mencionar que el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2006 estableció que la población pobre, que representa el 47.9% del total, utiliza tres veces menos el sistema de salud en la atención de parto, por lo que se debe de considerar la existencia de un subregistro, ya que numerosas mujeres son atendidos por parteras en casas particulares, y estos casos no siempre son reportados a los centros de salud.

La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) presenta la mayor cantidad de muertes maternas, con una tasa de 461.50 casos por cada 100 mil nacidos vivos registrados. En las zonas del país que registran mayor número de casos, la población está concentrada en el área rural, donde es precario no solo el sistema de salud sino también las vías de comunicación.

Mortalidad infantil

Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2004, en Nicaragua la esperanza de vida al nacer es de 70 años y la tasa de mortalidad infantil, de 36 muertes por mil nacidos vivos. La tasa bruta de natalidad es de 26.9% y la tasa global de fecundidad, de 3.3 hijas y/o hijos por mujer.

Según datos del Boletín Epidemiológico No. 38, hasta la tercera semana de septiembre de 2006, se han producido 542 muertes por causa de óbito fetal y 608 muertes neonatales, para una tasa total de 14.43 casos por cada mil nacidos vivos reportados. Este rubro no incluye fallecimientos de niños menores de un año y menores de 5 años, cifras sobre cuya base se calcula el índice de mortalidad infantil.

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2006 establece la tasa de mortalidad infantil en 38 casos por cada mil nacidos vivos reportados; para menores de 5 años, la tasa de mortalidad infantil es de 43.

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Organización para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Publica un informe anual sobre la situación de éstos en el país.

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