Las organizaciones feministas y de mujeres latinoamericanas vienen luchando durante décadas por el derecho al aborto seguro y legal. Cada vez más el derecho internacional respalda sus reclamos. De hecho, los instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos y las interpretaciones autorizadas de dichos instrumentos, realizadas por órganos integrados por expertos calificados de las Naciones Unidas, concluyen que el acceso al aborto seguro y legal es un elemento central para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en términos generales, incluyendo sus derechos reproductivos y aquellos relacionados a su inherente condición de persona. (Del Informe de Human Rights Watch “Derecho internacional de los derechos humanos y aborto en América Latina; (ver texto completo, pdf) )

Si hacemos un repaso de la legislación internacional en los últimos años vemos que en 1994 el aborto inseguro es reconocido como un grave problema de salud pública en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo): ver párrafo 8.25. En 1995, en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) se reafirma las definiciones de El Cairo y se agrega un párrafo sobre los Derechos Humanos en general. Al Párrafo 8.25 de la Conferencia de El Cairo se le incluye una recomendación a los Estados de revisión de sus legislaciones punitivas. En 1998, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció que la mortalidad materna se vincula al aborto inseguro y recomienda su atención. En 1999, en el proceso de revisión de la Conferencia de El Cairo (Cairo +5) se recomienda la capacitación de profesionales para atender a las mujeres en casos de aborto legal y los países integrantes de la CEPAL a su vez se comprometen a elaborar programas para la salud de las mujeres en el marco de los derechos sexuales y reproductivos según lo adoptado en El Cairo y Beijing. En 1995, en el documento de Beijing +5 se señala la necesidad de revisar las leyes que criminalizan las prácticas del aborto inseguro. (1)

Las condiciones legales del aborto en los países latinoamericanos y caribeños no han mejorado sustancialmente en los últimos años, aunque se han producido algunos avances significativos como su despenalización en la capital de la República de México, aprobada el 24 de abril de 2007 por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). En Colombia hay avance en la aplicación de las causales de aborto impune: en 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos especiales: cuando un embarazo amenaza la vida o la salud de la mujer, en casos de violación, y/o cuando se presenten malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina. También ha habido avances en Argentina y Bolivia, entre otros. En otros países como Ecuador y Chile se han desarrollado debates interesantes sobre los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a servicios para la población. En Chile, en enero de 2007 la Presidenta Michelle Bachelet firmó un decreto aprobando el suministro de la píldora anticonceptiva "del día después".

En Brasil y Uruguay, por su parte, el movimiento feminista junto a otros sectores de la sociedad, se encuentra comprometido en la defensa de proyectos de ley que contemplan la despenalización del aborto. Es importante señalar que los únicos países donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba (2), tres países de Antillas Francesas, Guayana Francesa, Guyana y Barbados.

El aborto está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras, Saint Marteen (Antillas Holandesas), República Dominicana y últimamente en Nicaragua. (En Mayo de 2009, en Honduras el Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, finalmente vetó el decreto de Prohibición y Penalización de las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia - PAE). En 27 países se mantienen legislaciones restrictivas y es permitido solamente bajo ciertas condiciones (ver información por país).

La legislación de aborto en la región en parte refleja la legislación heredada de los países colonizadores, la ideología dominante en la época en que se legisló, "y los cambios según las distintas posiciones de las diversas fuerzas sociales, entre las cuales destaca la fuerte presencia e influencia de la Iglesia Católica y de los grupos conservadores en la gran mayoría de los países latinoamericanos. En las décadas de los '70 y '80, si bien se hicieron modificaciones en la legislación en torno a la igualdad entre el hombre y la mujer, al derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos y sobre el acceso a los servicios públicos de planificación familiar en casi en todos los países, estas modificaciones no parecen haber repercutido en la legislación sobre el aborto en la región. Más recientemente, los debates, acuerdos y resoluciones acerca de los derechos sexuales y reproductivos que han precedido y seguido a las reuniones y conferencias internacionales realizadas en los '90, (...) han dado por resultado intentos de cambios en dicha legislación, aunque aún son muy pocos los países que han logrado flexibilizar sus leyes de aborto y proporcionar servicios de calidad". (De informe de CEPED).

De algún modo, puede decirse que género y sexualidad son las dimensiones donde más evidentemente se deja sentir la influencia de los discursos religiosos. Religiones que se han caracterizado por fuertes y violentos enfrentamientos entre sí, han encontrado en su oposición al feminismo y a las minorías sexuales un eje político para la constitución de alianzas. Probablemente el ejemplo más paradigmático lo constituya las Naciones Unidas, donde la Santa Sede, países islámicos y de la derecha religiosa norteamericana han conformado un bloque para enfrentar una supuesta ‘invasión del feminismo radical’ (Ver análisis de Juan Marco Vaggione en "La trampa de la moral única- Argumentos para una democracia laica")

El movimiento de mujeres de la región, las redes y organizaciones de mujeres en toda América Latina y el Caribe han sido un factor fundamental en los progresos que hasta ahora se han obtenido, empeñadas durante años en unir esfuerzos para lograr una efectiva defensa sus derechos. Se han obtenido avances importantes en la construcción de coordinaciones que han incidido favorablemente en los procesos preparatorios (3) de Cairo y Beijing +10; esta red solidaria a su vez ha aportado apoyos regionales para sostener campañas nacionales y se ha aprendido a incidir más fuertemente sobre los gobiernos junto con otros sectores de la sociedad. Se continúa reclamando:

• que se modifiquen las leyes penalizadoras del aborto;


• que se implementen plenamente las disposiciones incluidas en aquellos códigos penales que habilitan el aborto seguro y legal;


• que aquello que es dogma para algunos, no sea ley para todos.