Al menos durante los últimos 30 años, la mayoría de los países en desarrollo se han visto sometidos a un aluvión de deudas externas que, junto con otras injusticias y distorsiones, ahogan su crecimiento y sus oportunidades para reducir la pobreza. Esta crisis continua, contrariamente a lo que los gobiernos acreedores han proclamado hasta la saciedad, nunca ha sido tratada de forma sistemática. Al contrario, a través del FMI, del Banco Mundial y del Club de París, los países ricos han impuesto un prolongado estado de insostenibilidad y emergencia. Como consecuencia, se ha obstaculizado deliberada y consistentemente la salida de la trampa de la deuda, y se ha favorecido que los países deudores continúen en un estado de fuerte dominación y dependencia. El número de negociaciones que muchos países han tenido que soportar a lo largo de los años es una clara muestra de ello: se pueden contar 14 visitas para Senegal, 11 para la República Democrática del Congo, 9 para Costa de Marfil y 8 para Gabón. Es más, uno de los aspectos más preocupantes acerca de esta serie de prolongadas reestructuraciones es que a menudo préstamos odiosos e ilegítimos se consolidan y recatalogan, y como consecuencia su origen real se convierte en algo muy difícil de rastrear.

El Club de París es un cártel de acreedores oficiales cuyo rol es maximizar el rendimiento de sus préstamos. Durante sus cinco décadas de gestión, el Club ha demostrado ser un instrumento muy eficaz a la hora de llevar a cabo reestructuraciones fácilmente, y para recuperar de forma efectiva préstamos extendidos a través de agencias de ayuda y, lo que es de todo punto más significativo, a través de agencias de crédito a la importación. Al privilegiar los intereses de los acreedores, el Club ha hecho muy poco por garantizar tanto un escenario justo y transparente como unos resultados sostenibles para la resolución de la crisis de la deuda.

Esta "no-institución", como gusta de llamarse a sí misma, es un claro ejemplo de procesos y regulaciones no democráticas: solo admite acreedores, y sus decisiones se toman de forma unánime, garantizando poder de veto absoluto al miembro que se acoja a los términos más desfavorables, y basa su labor en la mera capacidad de pago derivada de cálculos internos (que se ocultan con la mayor de las reservas). Todo ello es un claro indicador de la falta absoluta de procesos responsables, abiertos y transparentes. Y la manifiesta arbitrariedad de sus prácticas reales, que tratan de ocultar decisiones tomadas desde una perspectiva geopolítica tras un enfoque pretendidamente técnico y supuestamente definido en función de los países implicados en cada caso es del todo inaceptable, una prueba de la falta de credibilidad que caracteriza a esta entidad. Como ejemplo, el tratamiento diferente de países como Nigeria (con cancelación del 60%), Serbia y Montenegro (67%), Polonia (50%) e Irak (80%), tan solo en los últimos años, indica claramente un nivel de arbitrariedad política que desafía cualquier sentido común de justicia y equidad.

En el Club de París los acreedores son juez y parte: la mayoría del proceso de negociación tiene que ver con la toma de decisiones exclusivamente entre acreedores. La delegación del país deudor puede desempeñar un papel pasivo en el proceso, aceptando o declinando la oferta propuesta por los acreedores. En comparación con las leyes y los procedimientos concursales nacionales de insolvencia de los países miembros, el mismo Club de París es una institución medieval. Si se compara con los sistemas gobernados por leyes constitucionales, las negociaciones de gestión de la deuda internacional carecen de un organismo imparcial que supervise el proceso, que asegure que ambas partes tienen voz, y que establezca criterios vinculantes para ambas partes.

Los representantes del Club de París sostienen que no son una agencia de desarrollo y que por tanto no pueden tratar con otros aspectos que no sean la recuperación de la deuda. Sin embargo, sentados a la mesa en Bercy, encontramos a representantes oficiales de los mismos gobiernos que se han comprometido solemnemente a contribuir a que se alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015. Por lo tanto, al tomar decisiones sobre la gestión de la deuda, también deberán necesariamente valorar en su totalidad y de manera exhaustiva las consecuencias de sus actos, y comportarse de acuerdo con ello.

A día de hoy, el Club de París no tiene ninguna legitimidad, y no ha cumplido con la misión propuesta. Las organizaciones de la sociedad civil del Sur y del Norte exigen un cambio radical del estado actual de la gestión de la deuda internacional. Los gobiernos, y en particular los de las naciones acreedoras, tienen que proporcionar unos mecanismos exhaustivos, justos e imparciales para los casos de deuda insostenible. A tal fin, hacemos un llamamiento a los acreedores para que acepten que necesitan abandonar su implicación como parte y juez último, y para que acepten una instancia neutra que evalúe sus demandas frente a la situación y las necesidades de los deudores. Los gobiernos representados en el Club de París tienen que aprovechar la oportunidad de su quincuagésimo aniversario para poner fin a las prácticas actuales y para virar con decisión hacia un nuevo marco.

Nota: Esta declaración será presentada el 14 de junio de 2006 al cumplirse 50 años de la creación del Club de París. Eurodad recibe adhesiones, comentarios y sugerencias sobre esta declaración HASTA EL 12 DE JUNIO en: assistant@eurodad.org