Los documentos resultados en la segunda fase de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) marcan una ratificación de los acuerdos gubernamentales comprometidos en Ginebra un par de años atrás. Dos son los instrumentos centrales aprobados en terreno tunecino en el marco de la segunda fase de la CMSI: el documento titulado "Compromiso de Túnez" y el "Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de la Información".
En el inicio de ambos, los representantes gubernamentales reiteran su apoyo categórico a la Declaración de Principios y al plan de Acción adoptados en la primera fase de la CMSI. De forma particular, dicen que se basan en los acuerdos de Ginebra para centrarse en “los mecanismos de financiación destinados a reducir la brecha digital, en la gobernanza de internet y en cuestiones conexas”.
En consecuencia reiteran, en el mismo sentido que lo hicieron en Suiza, su reconocimiento a las necesidades particulares de financiación para lograr las metas y objetivos enmarcados en los Objetivos del Desarrollo del Milenio; para facilitar el acceso a las TIC y la prestación de servicios conexos a las zonas rurales y las poblaciones desfavorecidas; y su reconocimiento a la necesidad de mayor financiación para capacitación, acceso a las comunicaciones y conectividad, creación de contenidos e iniciativas destinadas a proporcionar servicios TIC a comunidades. Para Latinoamérica, contar con avances sustanciales en esta materia hubiera resultado de gran importancia. Desafortunadamente, en los instrumentos aprobados no se vislumbran mucho más que reconocimientos, recomendaciones ligeras y el beneplácito por el mecanismo voluntario del Fondo de Solidaridad Digital, dejando de lado la exploración de nuevos modelos y mecanismos, y el compromiso serio hacia la búsqueda y asignación de recursos y medios hacia los países y comunidades más desfavorecidas.
Por otro lado, si bien la creación del Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) puede ser considerado un avance, en esta última fase de la Cumbre Mundial, es fundamental también para la región la definición de sus mecanismos de funcionamiento y modalidades, y de manera particular que los gobiernos reconozcan la necesidad de desarrollar una serie de principios de política pública relacionados con la garantía de recursos de internet en la región.
Sin duda, al no haber novedades sustanciales de interés particular para países como los latinoamericanos, permanecen en grandes marquesinas los retos que, reconocidos en la primera fase, se ratificaron en Túnez. Cabe reconocer, que en algunos temas, desafortunadamente no sólo no se avanzó, sino que incluso no fueron ratificados, quedando fuera de los documentos signados en el país africano. Quedan pendientes así, varios aspectos que particularmente en el terreno regional y en arenas nacionales latinoamericanas toman importancia.
Sin duda, tal como los propios gobiernos lo reconocen, el tema de indicadores de referencia y seguimiento es fundamental para nuestros países, no sólo en los ámbitos nacionales, sino en el regional. Particularmente y con referencia a este nivel, en el documento preparado en el marco del Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica, OCILAC, en noviembre de este año, varias instituciones internacionales mencionan que “hay una fuerte interdependencia entre la aplicación de políticas orientadas a la consecución de los objetivos acordados y su seguimiento, pero en la práctica sólo se ha plasmado en forma parcial” y se reconoce que, si bien muchos países buscan crear mecanismos nacionales para vigilar el progreso logrado en la aplicación de sus estrategias e iniciativas, “las prioridades son diferentes en cada país, de manera que las metodologías y mecanismos nacionales de seguimiento deben adaptarse en consecuencia”. Alcanzar acuerdos que permitan el establecimiento de indicadores de referencia compatibles en todos los aspectos de aplicación, investigación, y marco habilitador en niveles nacionales y regionales resulta entonces un eje básico para sustentar acciones que conlleven a una sociedad de la información democrática orientada hacia el desarrollo en Latinoamérica.
Colocar a Latinoamérica no sólo como consumidora de TIC, sino como productora de tecnología y saberes forma parte de esta lista de retos y pendientes de particular importancia. En este sentido, sustancialmente valioso sería el reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural, pero sobre todo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como base para el desarrollo de cualquier sociedad de la información en nuestra región. Los gobiernos se han planteado como compromiso en el marco de la CMSI “infraestructura de red y aplicaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que estén bien desarrolladas, adaptadas a las condiciones regionales, nacionales y locales, fácilmente accesibles y asequibles y que, de ser posible, utilicen en mayor medida la banda ancha y otras tecnologías innovadoras, ...(para) acelerar el progreso económico y social de los países, así como el bienestar de todas las personas, comunidades y pueblos.” Ahora bien, aun cuando el Convenio 169 de la OIT les confiere el derecho a los pueblos indígenas para decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo económico social y cultural, así como de participar en la formulación aplicación y evaluación de las políticas de desarrollo que les conciernan, las competencias de mercado, la carencia de recursos gubernamentales, la ausencia de consultas entre el gobierno y los pueblos indígenas, son algunos de los factores que impiden que por la vía de los hechos, este derecho sea una realidad. En este sentido, resulta fundamental que políticas públicas orientadas hacia los pueblos indígenas estén basadas en la decisión de los propios pueblos para posteriormente actuar en consecuencia desarrollando acciones concretas que fortalezcan tales decisiones. Sería también el caso del desarrollo de contenidos y su necesario y consecuente fortalecimiento de capacidades, tal como se refieren los Objetivos de Desarrollo del Milenio y como se ha avanzado en el Plan de Acción regional eLac. Desafortunadamante, mecanismos que garanticen los derechos de los pueblos indígenas no fueron discutidos, ni el compromiso para lograrlos se encuentra plasmado en los instrumentos internacionales que se obtuvieron como resultado de la segunda fase en Túnez.
Ahora bien, para impulsar el sentido de Latinoamérica como productora de tecnología, resulta necesario el reconocimiento del software libre y de código abierto en toda su extensión. Ya en la Declaración de la fase de Ginebra se le otorgaba reconocimiento a esta alternativa de monopolio; sin embargo, en la fase de Túnez se reitera la “importancia del software propietario en los mercados de los países” otorgando implícitamente un beneficio a las economías más desarrolladas. Un reto entonces para los gobiernos de la región, debería ser el apoyo absoluto al desarrollo de software libre y de código abierto, así como la asignación de recursos financieros suficientes a la educación e investigación científica y tecnológica que permitan formar y consolidar comunidades productoras de tecnología en nuestra región.
El lenguaje sobre equidad de género se encuentra en los documentos finales. Tanto en el de Túnez como en el de Ginebra se reconoce el papel de las mujeres y la intencionalidad de apoyar un mayor equilibrio de género en el uso y en la implementación de políticas de TIC. Si bien hay avances en tal reconocimiento, es fundamental después de Túnez que en los países latinoamericanos se logre aterrizar con acciones y políticas públicas concretas un poder más equitativo entre hombres y mujeres.
Ahora bien, quedan también pendientes los avances del cumplimiento de compromisos que están enmarcados en el sustancial planteamiento de la Sociedad de la Información basada en los derechos humanos, resultando de particular importancia para la región la garantía de la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de asociación y reunión, el acceso a los medios, y en consecuencia la definición de mecanismos y acciones para monitorear, promover y proteger los derechos en la sociedad de la información que se está construyendo.
Y por supuesto, queda como cuestión pendiente y gran reto post Túnez lograr no sólo en el lenguaje, sino en la vía de los hechos, la participación multisectorial. El proceso de la CMSI demostró la viabilidad y la ventaja de realizar procesos serios con diversidad de participantes, aun cuando varios gobiernos buscaron limitar e incluso impedir la participación de observadores. En el eLac se habla de “establecer o conformar una instancia coordinadora de las estrategias nacionales en cada país de la región, que contemple la participación de la sociedad civil y el sector privado”, así como de “promover y fortalecer planes de acción nacionales para el desarrollo de la sociedad de la información en todos los países de la región, garantizando la participación de la sociedad civil y el sector privado, así como de las entidades relevantes del sector público”. En las reuniones del Grupo de Países Latinoamericanos GRULAC realizadas en la capital tunecina, la sociedad civil buscó hacer efectivo este reconocimiento e intentó acordar su participación para el proceso de desarrollo y revisión de acciones post Túnez; desafortunadamente el logro no es nada sustancial. De nuevo, el compromiso de papel adquiere la característica de instrumento ornamental.
Después de todo, ni siquiera esos tropiezos, a las organizaciones civiles nos romperán el sueño de lograr procesos de desarrollo transparentes y democráticos, dejando que la esperanza de participación real multisectorial dé frutos durante los procesos nacionales en varios de nuestros países.
Ver enlaces relacionados de Choike:
--> Después de la CMSI: Tiempo de balances
--> El largo y sinuoso camino hacia Túnez
--> Documentos para CMSI Túnez
--> Descargar en formato PDF el libro "Sociedad de la Información para el Sur: ¿Visión o alucinación?"
