10º Foro Internacional de AWID - Bangkok, Octubre de 2005.
Bases presentadas por la Soc. Norma Sanchís para la discusión en el taller ”América Latina: Un debate pendiente”

Neoliberalismo y democracia

¿Qué relación existe entre la dimensión económica y los niveles sociales, políticos, institucionales y culturales?

De manera creciente en AL se hace visible la frustración y el malestar por los resultados negativos de las políticas económicas implementadas durante los 90.

Simultáneamente, se incrementa la deslegitimación y la apatía hacia las democracias, la forma de gobierno que caracteriza a la casi totalidad de los países de la región, porque se las visualiza como endebles e inestables. También es cada vez mayor la intolerancia a la corrupción de los distintos niveles de la institucionalidad pública, que parece no ser patrimonio de algún sector o algunos partidos políticos en particular, sino que pareciera adquirir ya características constitutivas y estructurales que necesita el sistema para su autosustentabilidad.

Sin embargo, las críticas al modelo económico y al sistema político/ institucional tienden a correr en paralelo, sin que se hagan visibles sus nexos y articulaciones.

Y en buena medida esto es así porque las decisiones macroeconómicas se revistieron en las últimas décadas de un carácter tecnicista, que encubre sus fundamentos ideológicos, los compromisos que asumen, las relaciones sociales de poder que las viabilizan y los valores que defienden. Esa falta de reconocimiento y visibilidad del proceso político y el conflicto social que implican las decisiones económicas, debilita seriamente a las democracias.

Sin embargo, y con rasgos y matices diferenciales en la región, el modelo económico interactúa con las instituciones sociales, políticas e ideológicas que lo viabilizan. Durante los 90, a medida que se fue consolidando la soberanía de las leyes del mercado, se debilitó la autonomía de los gobiernos para definir sus acciones y políticas. Y esta debilidad de los gobiernos permitió la implementación del modelo sin salvaguardas ni políticas preventivas de sus efectos perjudiciales sobre amplios sectores de la población.

La mercantilización de la economía y la sociedad, invadió también el escenario político, diluyó las ideologías que fueron reemplazadas por la influencia mediática, puso precio a los votos, y las decisiones de los gobernantes y legisladores se negocian. La deslegitimación de la democracia representativa se asienta en su extrema vulnerabilidad frente a los grandes poderes económicos.

En rasgos generales, los partidos políticos pierden su función integrativa y de canalización de intereses ciudadanos para pasar a ser espacios de élites que distribuyen recursos y privilegios y violan sus promesas electorales en función de requerimientos externos. Se percibe a la participación ciudadana como una amenaza y la democracia se vuelve tutelada, restringida. Se genera una doble crisis institucional: la de la representación, en que los representados se sienten muy distantes de los representantes; y la de la participación, con la abstención del voto.
La fragilidad de la institucionalidad democrática, incapaz de procesar el conflicto social entre intereses contrapuestos, da lugar a una concepción de gobernabilidad como puro control del desorden y represión de cualquier amenaza a la seguridad del sistema. El conflicto social es soslayado y percibido como meros intentos de desestabilización del orden establecido.

No se plantea la cuestión de que la gobernabilidad implica necesariamente la búsqueda de la inclusión social y la reducción de las desigualdades.

La paradoja de la gobernabilidad en América Latina radica en la coexistencia de un orden jurídico y político basado en la igualdad de la ciudadanía y un orden económico que preserva y acentúa la mayor inequidad y concentración de la riqueza del mundo.

La redefinición del rol del Estado y el debilitamiento de la dimensión social de la ciudadanía, se produjeron en el marco de regímenes democráticos con amplio consenso de la población. Con matices nacionales muy diferentes, es importante profundizar en esta relación paradojal entre la hegemonía neoliberal y la conformación de Estados mínimos con democracias y procesos participativos débiles.

Así, la globalización de los 90 abrió una etapa en América Latina de Democracia sin Desarrollo, con países que enfrentan dificultades para insertarse en la economía internacional y marcados procesos de exportación de capitales para el pago de la deuda externa.

Los sistemas políticos asentados en la representación partidaria comenzaron a mostrar sus limitaciones para canalizar el descontento y malestar que producen las políticas de ajuste que acentuaron la exclusión social.

Para contener la protesta, el discurso hegemónico agita el peligro de que los conflictos sociales pueden ahuyentar las inversiones o impulsar la relocalización de plantas en lugares menos conflictivos, aumentando así el desempleo y desestabilizando la economía. La amenaza del vaivén de los flujos de capital paraliza y deja prisioneros a sociedades y gobiernos. Además, la envergadura de la desocupación, actúa como factor disciplinador de la protesta social.

El Informe sobre el desarrollo de las democracias en América Latina, del PNUD (2004), analiza que los procesos en las últimas dos décadas no generaron desarrollo económico ni inclusión social, y conformaron el triángulo que caracteriza a América Latina: democracia, pobreza y desigualdad como característica peculiar de la región, es decir nuevamente, la coexistencia del principio igualitario con la exclusión social, con consecuencias de tensiones y conflictos sociales.

Esto genera una serie de paradojas en América Latina, paradojas de democracias sin política, ya que en lugar de diversidad y elección se plantea el modelo económico como la única opción. Otras paradojas son la de democracias sin inclusión, en tanto conviven con niveles importantes de desigualdad y exclusión; democracias sin capacidad regulatoria en materia de flujos financieros, políticas fiscales, redistribución; democracias con escasa capacidad de decisión y legitimidad, en tanto son incapaces de equilibrar poderes entre sectores nacionales e internacionales; democracias sin igualdad, en la medida que se desmantelan y privatizan los sistemas de protección social solidarios y se diseñan políticas sociales focalizadas y muchas veces estigmatizantes. La política social dejó de tener una función integradora y asumió un carácter eminentemente asistencial como combate a la pobreza. En muchos casos, se transforman en herramientas para aliviar situaciones de tensión social y política, que amenacen con desestabilizar el modelo. Se rompe la articulación entre necesidades y derechos: las políticas sociales no apuntan al objetivo de ampliación de la ciudadanía o la inclusión social.

¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia?

Al igual que en muchas otras regiones, en las democracias representativas de AL los ciudadanos no participan de las decisiones políticas, sino que eligen a los decisores políticos. El voto tiene esta característico ambigua: es un acto de participación política que implica la renuncia a la participación política.

Pero la crisis de las democracias abren también oportunidades para recrear formas innovadoras de gobierno. Comienzan a insinuarse experiencias de democracias participativas, de carácter contra-hegemónico, sobre todo en los niveles locales (presupuestos participativos, iniciativas locales, planeamiento participativo de políticas). Estas experiencias participativas no sustituyen a las formas representativas. Por el contrario, para salvar sus problemas de escala, se hace necesaria una combinación del carácter representativo y el carácter participativo del sistema político, inclusive, la participación por directa que sea, implica siempre algún nivel de representación. Desde el otro lado, la representación se oxigena y legitima con mecanismos institucionales que faciliten la participación directa: referendos, plebiscitos, consultas populares, y otras que puedan complementar creativamente las formas representativas y permitan ejercer control social sobre los gobernantes.

Pero hay que tener presente que la institucionalidad democrática involucra la relación de la ciudadanía con el Estado y de los y las ciudadanas entre sí.

Al respecto, en los 90 emergen nuevos actores sociales, con asiento territorial, como colectivos multisectoriales que se unen por una diversidad de temáticas: rechazo a las privatizaciones de servicios públicos, reclamos por vivienda o tierras, denuncias de depredación ambiental, etc. Las expresiones de estos nuevos actores no son unívocas ni necesariamente convergentes. Por el contrario, muchas veces expresan intereses fragmentados y hasta contradictorios.


Así como las banderas de la redistribución económica caracterizaron la mayor parte de la conflictividad social del siglo XX, Nancy Fraser plantea que la lucha por el reconocimiento adquiere caracteres paradigmáticos en el conflicto político de la etapa postsocialista: las banderas de la nacionalidad, la etnia o el género, adquieren preeminencia en las luchas políticas. Así, a partir de los 90 se produce una transición que va del reclamo de redistribución y justicia económica que acompañó las propuestas del socialismo, a la demanda de reconocimiento de la identidad cultural y de las diferencias, que caracteriza la actual economía globalizada postsocialista.

Fraser no encuentra oposición entre estas posiciones, porque ninguna de ellas se agota en sí misma: es necesario combinar la teoría cultural de la identidad con la teoría social de la redistribución.

Esto implica considerar dos tipos de injusticia: la socioeconómica, que diferencia estratos sociales básicamente en el acceso a recursos y oportunidades, y la cultural o política, asentada en las representaciones sociales y las modalidades propias, que no necesariamente corresponden al grupo dominante.

Ambas injusticias se entrecruzan y articulan y en conjunto producen subordinación económica, social, política y cultural. Las dos presionan contradictoriamente y entran en tensión cuando se trata de diseñar tanto políticas de igualdad como también de diferencia, como propone el feminismo. El género es un caso paradigmático de subordinación económica y cultural/política. Desde su identidad de género, las mujeres requieren tanto un reconocimiento equitativo por sus contribuciones y aportes, como un reconocimiento identitario de sus diferencias, según sus especificidades de género.

La inclusión de estas distintas contradicciones abre nuevas perspectivas para contrarrestar la creciente fragmentación social y la multiplicación de antagonismos. La consideración de concepciones alternativas y no antagónicas de redistribución y reconocimiento, pueden satisfacer requerimientos de justicia y equidad que permitan profundizar la democracia.
Más allá de las reglas de juego institucionalizadas para la competencia política, una democracia legitimada coloca a la ciudadanía como sustento y fundamento del poder político, promueve la acción colectiva que procure el bien común que supere el individualismo y la fragmentación que impone el mercado, y propicia el control de la ciudadanía sobre la acción de los gobernantes. También implica una gestión deliberativa de las políticas públicas, para lograr consenso entre los diferentes actores sociales cuyos intereses estén involucrados
Los consensos colectivos radicalizan la democracia, permitiendo superar la marginación de los que quedan excluidos de las decisiones, las relaciones perversas de cooptación y clientelismo por parte de gobernantes autoritarios y manipuladores, y la impunidad de representantes que no dan cuenta de las responsabilidades que les fueron delegadas.

La radicalización de la democracia implica también incorporar el enfoque de género en las relaciones institucionales y como meta en el diseño de políticas. El movimiento de mujeres exige el reconocimiento como actoras sociales con derecho a participar en los espacios públicos -donde se identifican y construyen las necesidades sociales- y a ser interlocutoras del Estado.

Conclusiones

En la medida que el estado recupere capacidad regulatoria para condicionar los flujos de inversión, para controlar a las grandes empresas y los grupos más influyentes, también podrá equilibrar la distribución de recursos y poder entre sectores sociales, fortaleciendo y amplificando la voz de los grupos más débiles. Este es un requisito insoslayable para garantizar los derechos humanos.

Y esto sólo puede ser impulsado por las luchas democráticas de hombre y mujeres libres, considerados iguales y con los mismos derechos. Para ello, la prioridad es fortalecer la participación de los actores sociales para abrir un amplio debate que cuestione la actual concentración de los recursos y el poder

Preguntas para el debate

¿Qué cambios en la institucionalidad política pueden contribuir a cambiar el paradigma de desarrollo y la distribución de los ingresos?
¿Qué condiciones económicas pueden mejorar la calidad de las demoracias?

¿Cómo fortalecer a la ciudadanía para mejorar la calidad de la democracia?

¿Cómo la sociedad civil, además de voto puede tener voz?

¿Qué herramientas, qué mecanismos pueden fortalecer de mejor manera la acción política de los actores sociales?
-----------

La sesión "América Latina: Un debate pendiente", del 10º Foro Internacional de AWID, analizó el impacto de las decisiones macroeconómicas en América Latina desde una perspectiva feminista, teniendo en cuenta que afectan de manera diferente a los distintos géneros. ¿En qué medida y bajo qué condiciones puede la liberalización económica y financiera estimular el desarrollo? ¿En qué medida la flexibilización laboral, que se ha desarrollado en respuesta a los nuevos paradigmas, necesariamente genera inestabilidad en el empleo? ¿En qué medida la economía se relaciona con variables sociales, políticas, institucionales y culturales? Estas preguntas centradas en América Latina pueden enriquecer el debate de forma tal que podamos pensar las desigualdades en la región pero también a escala mundial.

Alejandra Scampini, Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM)/DAWN, Uruguay
Alma Espino, Uruguay
Cecilia Lopez, REPEM, Colombia
Fanny Gomez, Colombia
Norma Sanchis, IGTN, Argentina
Rosalba Todaro, Chile

10º Foro Internacional de AWID - Bangkok, Octubre de 2005 Líderes y activistas por los derechos de las mujeres del mundo entero se reunirán en Bangkok, del 27 al 30 de Octubre, en ocasión del 10º Foro Internacional de AWID sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, que es tanto una conferencia como un llamado a la acción.