La escalada de precios de los medicamentos y la tragedia de millones de víctimas de sida de los países pobres, que no pueden pagar los medicamentos necesarios para estabilizar la enfermedad, ha concitado preocupación general y ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el alto costo de esas drogas y de los medicamentos en general.

El otro gran tema en discusión es la igualdad de oportunidades de los países desarrollados y aquellos en desarrollo para acceder a los medicamentos que sus poblaciones necesitan con el fin de combatir diversas enfermedades, entre las que la epidemia de sida que asola al África subsahariano constituye una verdadera tragedia.

Las regulaciones comerciales tienen mucho que ver con esta situación. Las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio con respecto a la propiedad intelectual afectan directamente el precio que los países del sur pagan por los medicamentos, ya sea por las altas tarifas que fijan o por las limitaciones que imponen a la importación de drogas genéricas. Las transnacionales farmacéuticas, por su parte, afirman que no son las patentes las que impiden el acceso a los medicamentos sino que se trata más bien de problemas de infraestructura, corrupción política y segregación cultural de los países afectados. De esta manera, deslizan su responsabilidad hacia cuestiones difusas donde se hace difícil encontrar un culpable.

Siguiendo esta línea, en noviembre de 2001 se llegó a un acuerdo histórico en la cuarta conferencia ministerial de la OMC en Doha, Qatar. Allí se estableció que las disposiciones relacionadas con las patentes no impedirán que los países miembro tomen medidas destinadas a proteger la salud pública o promover el acceso a los medicamentos. Sin embargo, los países no lograron ponerse de acuerdo en algunos “puntos sensibles”. A fines de agosto de 2003, poco antes de la 5ª Conferencia Ministerial de Cancún, se llegó a una “solución” definitiva que, de acuerdo a la sociedad civil, podría significar un eventual retroceso frente a los avances de Doha.

La OMC, sin embargo, no constituye la única preocupación de la sociedad civil en cuanto a patentes y medicamentos. Algunas organizaciones han denunciado que las negociaciones para un nuevo tratado internacional de patentes. Este acuerdo instauraría un nuevo régimen de patentes, vigilado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una agencia de Naciones Unidas con sede en Ginebra.

Los países en desarrollo están peleando por incorporar sus intereses a las negociaciones, sobre todo alentados por el éxito que supuso el “fracaso” de las negociaciones de la Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún. Junto con la sociedad civil, han demostrado que es posible enfrentar los intereses corporativos de las grandes transnacionales: las patentes todavía no han ganado la batalla.