Agroindustriales, farmacéuticos y agroquímicos de los países andinos forman frente común contra el TLC
Fuente: Fundación Solon *

Los gobiernos de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia al centro de la presión social y los mandatos de Estados Unidos; la sociedad civil exige un referéndum antes de abrir las puertas al capital norteamericano.


Líderes de los sectores farmacéutico, agroquímico y agroindustrial de cuatro países de la región se oponen a la manera en que sus gobiernos manejan los intereses de estos gremios en la VII Ronda de negociación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

De firmarse el acuerdo comercial, los ciudadanos serían afectados en sus lados más sensibles: los precios de las medicinas y los alimentos, lo cual puede generar terrorismo y narcotráfico, dijo Manuel Yzaga, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen de Perú (Adifan), quien anunció que su sector se sumará a la movilización convocada por gremios agrarios para expresar su descontento frente al curso de la negociaciones del TLC.

Yzaga señaló que no hay equidad en las actuales negociaciones y demandó al gobierno negociar el capítulo de propiedad intelectual en el marco de la OMC, no en la VII ronda del TLC. "En la mesa de propiedad intelectual las demandas de EEUU están muy por encima de lo acordado en la OMC, porque el objetivo es consolidar el monopolio de su industria transnacional", señaló.

El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Luis Zúñiga, afirmó que un TLC significará la desaparición de la industria farmacéutica y el desempleo de miles de campesinos sin mercado donde vender sus productos. Zúñiga propuso realizar por lo menos una ronda adicional de negociaciones del TLC, además de la que se realizará en Washington, para tratar los temas sensibles.

Una de las demandas del equipo norteamericano sería establecer un período de exclusividad de 10 años a los datos de prueba (información necesaria para la versión genérica del medicamento), lo que involucra a los agroquímicos utilizados en el campo. El extender la exclusividad de patentes de los agroquímicos significará un incremento de los costos de producción agrícola, con lo cual el precio de los productos directamente vendidos a la población podría aumentar. De esta forma se atenta contra la seguridad alimentaria porque a la larga los países andinos dependerían en un 100% de la importación de los alimentos.

Los tres países andinos que negocian el TLC con los EEUU defenderán en Cartagena un texto conjunto para negociar el tema de propiedad intelectual. La propuesta sería otorgar protección a los datos de prueba de agroquímicos por un plazo máximo de 10 años; y al resto de productos (medicinas), por un año. Los andinos ratificaron su "no rotundo" a temas como las patentes de doble uso (compuestos que pueden recibir una segunda patente para un nuevo uso).

Perú y Colombia dicen que si el agro no gana, no conviene el TLC

La negociación del TLC con los países andinos podría extenderse más de lo planeado e incluso llegar a un punto muerto si es que no se flexibilizan las rígidas posiciones en torno a la liberalización agrícola.

En la negociación del TLC, EE.UU. ha dicho que sus subsidios, que el año pasado ascendieron a 11.487 millones de dólares, no se pueden tocar, pero exige a los andinos eliminar su franja de precios, un mecanismo para evitar que los productos subsidiados ingresen a sus mercados a un precio tan bajo que hagan quebrar a los productores locales. La potencia del norte tampoco quiere asegurar un acceso real a su mercado para las exportaciones agrícolas andinas, que seguirían enfrentando fuertes barreras sanitarias y fitosanitarias.

Ministros de Colombia y Perú dejaron entrever que a los inflexibles planteamientos de Estados Unidos se opondrá una postura similar andina. Si Estados Unidos insiste con el "lo tomas o lo dejas", la respuesta podría ser "lo dejo", pues Colombia, Ecuador y el Perú saben que si el agro no sale contento con el acuerdo, aparte de las marchas y protestas que sucederían, el TLC no sería ratificado por sus congresos.

El ministro de Agricultura de Perú, Álvaro Quijandría, advirtió que "no podemos firmar un TLC que nos perjudique". El nuevo ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias, señaló que "si el sector agropecuario no sale bien librado, el tratado no se puede legitimar, hay cosas que no son negociables".

El gobierno peruano piensa que con el TLC se perjudicarían el maíz, el algodón y el trigo. Los agricultores añaden a la lista el arroz, el azúcar, los lácteos, las carnes y los aceites, de los que dependen miles de campesinos.

El jefe de la Comisión Negociadora ecuatoriana, Cristian Espinosa, informó que tratarán bilateralmente la cadena del maíz y del arroz, y productos como la soya y la palma. Ni los lácteos ni las carnes estarán en la agenda. El negociador ecuatoriano indicó que insistirá en la aplicación de la franja de precios, único mecanismo que ayudará a proteger a los productores agrícolas.

Se supone que Estados Unidos puede ofrecer arroz, maíz, leche, carnes de vaca y de pollo y papa congelada a precios más bajos.

Un referéndum para el TLC

Los gobiernos andinos confían en que las empresas extranjeras comenzarán a llegar a la región para hacer inversiones con la entrada en vigor del TLC y de esta manera se reducirán los índices de pobreza, pero especialistas y estudiosos en la materia no son tan optimistas.

Por ejemplo, Juan Manuel Villasuso, catedrático de la Universidad de Costa Rica y ex ministro de Planificación y Política Económica, piensa que un acuerdo comercial de este tipo modificará la estructura productiva, el marco institucional y el esquema distributivo de los países. Entonces, es fundamental evaluar adecuadamente las ventajas y desventajas de esos cambios antes de lanzarse a la piscina.

El TLC de Costa Rica con Estados Unidos, explica Villasuso, es un instrumento jurídico para la administración del intercambio de bienes, servicios y factores de producción entre los dos países. En lo fundamental, el TLC incluye dos categorías de acuerdos. La primera incorpora aquellas disciplinas relacionadas directamente con el comercio y las inversiones, es decir, las normas que regulan de manera específica el acceso a los mercados: aranceles, cuotas, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias, etc. En la segunda categoría están los acuerdos que tienden a modificar las relaciones de producción y las estructuras de mercado, que tienen características propias en cada país y se desarrollan dentro de un determinado marco institucional: política económica, propiedad intelectual, estándares laborales y ambientales, etc.

La razón por la que se incluye esta segunda dimensión de acuerdos es porque el comercio se ve afectado por las especificidades de las estructuras productivas y por la forma en que funcionan los mercados. Esas particularidades se reflejan tanto en el precio de los bienes y servicios como en la mayor o menor participación que puedan tener en la oferta y la demanda de un país las empresas y personas del otro país.

Desde luego, añade Villasuso, los acuerdos para modificar las estructuras productivas y el marco institucional de los mercados también alteran los esquemas distributivos del ingreso y la riqueza en los países. Es por ello que se señala, con toda propiedad, que el TLC no es neutro, sino que redefine ganadores y perdedores.

Si eso es así y la estructura productiva, el marco institucional y el esquema distributivo de los países se verán modificados por el TLC, entonces resulta fundamental poder evaluar adecuadamente las ventajas y desventajas. ¿En qué nos benefician y en qué nos perjudican? Desafortunadamente, existen grandes dificultades conceptuales para poder evaluar "objetivamente" el TLC con Estados Unidos. Dos de esas dificultades tienen que ver con el ámbito de referencia de la evaluación y con la ponderación que se les conceda a los aspectos positivos y negativos.

No es lo mismo un análisis sectorial que tome en cuenta los intereses empresariales, que una valoración desde el punto de vista macroeconómico que considere el efecto del TLC sobre las cuentas fiscales, la balanza de pagos, el crecimiento y el empleo. Aun en la dimensión sectorial-empresarial, ¿cómo apreciar y comparar correctamente los beneficios esperados en una actividad con las pérdidas posibles en otra rama productiva? ¿Cómo juzgar las ganancias de los textileros o los azucareros en relación con los quebrantos de los arroceros o los porcicultores?

Los resultados también podrían ser diferentes si la evaluación no solo examina los aspectos económicos, sino también el impacto social y distributivo, especialmente si se considera que mayores inversiones y exportaciones no necesariamente se reflejan en menor pobreza y reducción de la desigualdad.

Finalmente, ¿cómo valorar la apertura del mercado de telecomunicaciones y de seguros? ¿Es positivo porque permitiría mayor competencia o es negativo porque pone en riesgo una historia solidaria de servicios de acceso universal?

Si a estas dificultades conceptuales para evaluar "objetivamente" el TLC añadimos la insuficiencia de información básica, la distorsión y manipulación interesada de cifras, la carencia de estudios razonablemente serios sobre impacto económico y social y la incertidumbre respecto al futuro de acuerdos comerciales actualmente vigentes con Estados Unidos, verdaderamente nos enfrentamos a una situación nebulosa en que la decisión sobre el TLC se sustentará en concepciones ideológicas, intereses y sentimientos y no en criterios sólidos y consistentes, opina Villasuso.

Ante esa realidad, el ex ministro de Planificación y Política Económica de Costa Rica propone votar el TLC. "Exijo que se me permita hacer uso del derecho que me otorga la Constitución Política de votar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en un referendo. No quiero delegar esa responsabilidad, que compromete el presente y el futuro de los míos, a 57 diputados cuyo voto no será objetivo sino ideológico e interesado y que, además, sobre este tema no me dijeron absolutamente nada en la anterior campaña electoral".

Si el TLC constituye un hito para el desarrollo futuro, deben ser todos y cada uno de los ciudadanos los que, por la vía democrática del voto, decidamos en un referendo nuestro futuro, propone Villasuso.

* Con datos de los diarios Correo, La República y El Comercio (Perú); Hoy, El Comercio y El Universo (Ecuador) y Agencia EFE.




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