En el marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre, Social Watch organizó un taller sobre DESC y políticas públicas que tuvo su foco de interés en los modelos de combate a la pobreza y la perspectiva de los derechos humanos. Participaron miembros de la red de Social Watch de Argentina, Brasil, Canadá, México, Tanzania y Uruguay.
Como fenómeno diverso e inabarcable, el Foro Social Mundial (FSM) también encierra sus contradicciones. O, al menos, sus particularidades. Una de ellas es que se realicen al mismo tiempo y en lugares diferentes actividades sobre los mismos temas. Pero es que en todo caso se trata de un reflejo de la realidad: sobre muchos temas hay trabajando distintas organizaciones que a veces ni siquiera se conocen entre sí. Se supone que el Foro debería propiciar el encuentro entre ellas, pero eso no siempre ocurre. Principalmente porque, a pesar de compartir las mismas preocupaciones, las urgencias no son las mismas para organizaciones de distintas partes del mundo desarrollado o en desarrollo.
Eso se notó en la mañana del domingo 30 (a propósito: qué fácil es en el foro olvidar en qué día de la semana se está viviendo): mientras Social Watch convocaba al taller sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y políticas públicas, uno sobre la campaña por el Protocolo facultativo sobre DESC tenía lugar en otro sector del gran predio que alberga al FSM a orillas del Lago Guaíba, en Porto Alegre. Es que se suponía que esto no debía pasar, pero -como es frecuente en este mega evento- hubo una alteración de la agenda.
El problema de que esto suceda es que, a la vez que los temas de cada encuentro se complementan, “compiten” por un mismo público que podría estar interesado en ambas propuestas. Pero todo esto no le quita mérito a cada taller en sí mismo, cuyos respectivos organizadores tampoco pueden hacer mucho al respecto.
La necesidad de un control ciudadano
Graciela Dede, miembro del equipo coordinador de Social Watch en Montevideo, Uruguay, fue la moderadora del encuentro y la encargada de realizar una introducción al trabajo de Social Watch (Control Ciudadano), una red internacional de organizaciones de ciudadanos que realiza un monitoreo de las políticas de los estados en relación a la pobreza y la equidad de género. Para ello, Social Watch toma como base los compromisos asumidos por los países a través de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague) y la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995. Pidiendo cuentas a los gobiernos, al sistema de Naciones Unidas (ONU) y a las instituciones internacionales sobre el cumplimiento de los compromisos nacionales, regionales e internacionales, la red realiza indicadores sobre los avances y retrocesos en cada nación del mundo.
De esa manera, y teniendo en cuenta que la pobreza -en todas sus dimensiones- implica una violación virtual de todos los derechos humanos fundamentales, es que los DESC son parte importante del trabajo realizado por Social Watch.
Pablo Ceriani, director del Programa de DESC del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, fue el encargado de ofrecer un marco general y mapa de la situación, así como una breve introducción al tema del taller. Principalmente Ceriani explicó por qué es importante hablar de derechos humanos y su protección al analizar las políticas estatales, no sólo las vinculadas a temas sociales sino también las económicas, impositivas, de acceso a la justicia, etc. Remarcó la importancia de definir cuál es la función del estado, partiendo de la idea de bien común y satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y la necesidad de asegurar el acceso a los derechos humanos sin discriminación, a pesar del predominio de políticas neoliberales. Se preguntó “para qué tenemos sistemas democráticos sino es para que los representantes elector por la gente garanticen los derechos humanos de las personas”.
Ceriani dijo que hay varios elementos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar políticas públicas en relación a los DESC. El primero de ellos es la información como derecho humano en sí mismo. “El estado deber producir información. Es imposible elaborar políticas públicas sin saber cuál es la realidad de la sociedad en la que esas políticas se van a implementar. Sin información previa, cómo saber qué se está haciendo?”
Otro elemento fundamental, según Ceriani, es el derecho de las personas a acceder a esa información como forma de controlar esas políticas y, por lo tanto, evaluar la gestión del estado. Y finalmente el principio de no discriminación e igualdad ante las leyes.
Un análisis del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no reconocido por todos los estados, muestra que hay tres aspectos que deben cumplir los estados firmantes para estar en concordancia con sus principios: contenido mínimo (garantizar el cumplimiento básico de los derechos), prohibición de regresividad (no retroceder en el cumplimiento de esos derechos, lo que se traduciría en evitar que empeoren las condiciones de vida de las personas), y obligación de progresividad (avanzar en mejorar las condiciones de vida de las personas).
“Estos son elementos esenciales para que los DESC alcancen a todas las personas”. Pero hay más: hace falta que se garantice el debido proceso, es decir que muchos estados no ofrecen medidas para efectivizar reclamos judiciales (exigibilidad) frente a las negativas del Poder Ejecutivo de un país a garantizar un determinado derecho humano. El Pacto Internacional de DESC también incluye la especial obligación (recomendación?) de que los estados pongan sus políticas públicas al servicio de los sectores en posición más vulnerable dentro de la sociedad.
Ceriani destacó otra cuestión importante a tener en cuenta: el derecho de la sociedad a la participación en el diseño de políticas públicas que la afectarán.
Vivir al mínimo: pan para callar las bocas
Es otra de las características del FSM: en este punto, el taller -que ya contaba con la atención de unas 25 personas, aunque después se sumarían más- debió mudarse hacia otra tienda ubicada a unos 50 metros de su ubicación original. Es que el ruido producido por una movilización cercana hizo imposible seguir escuchando sin un sistema de amplificación.
A poco de llegar a la nueva tienda, los organizadores repartieron botellas de agua entre los asistentes (algo insólito en este foro) como forma de combatir los cerca de 35 grados de sensación térmica.
Era el turno de Lena Lavinas, profesora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Según Lavinas, quien se mostró muy crítica con las políticas públicas de combate a la pobreza, “estamos caminando en dirección contraria a los DESC”. “La idea de garantizar un 'mínimo' es un problema, los derechos deben ser asegurados en su totalidad”. Refiriéndose a que las políticas públicas de combate a la pobreza se centran en la atención a los más pobres entre los pobres, Lavinas aseguró que con eso no alcanza: “si queremos luchar contra el hambre y la pobreza hacen falta políticas más universales, de lo contrario sólo estamos ante una reproducción de la desigualdad”.
Se mostró molesta con la metodología utilizada por los gobiernos y por la propia ONU, orientadas a realizar una elección entre pobres y no pobres. “Esto nos distancia de un sistema más justo y equitativo, de un sistema de protección universal. Estamos creando un mundo dividido entre países desarrollados, donde se protegen los derechos de toda la sociedad, y países en desarrollo donde apenas se busca garantizar el mínimo indispensable para los pobres (aquello de vivir al menos con un dólar al día)”. Esto produce no sólo grandes desigualdades, sino que profundiza problemas ya existentes como los de la inmigración, y puso como ejemplo el caso reciente de Francia donde 6.500 niños de entre 4 y 14 años fueron arrestados tras ingresar ilegalmente desde países pobres.
Lavinas abogó porque el de los DESC sea un discurso alternativo al de las instituciones financieras internacionales y al del gobierno de Estados Unidos, con su permanente búsqueda de liderazgo mundial en las cuestiones equivocadas. “Necesitamos ser más agresivos”, dijo. “No necesitamos transferir ingresos a los pobres sino realizar cambios radicales, verdaderos e integrales”.
La participación de algunos de los asistentes permitió rozar algunas cuestiones importantes, como que la reducción de los gobiernos en materia de gastos sociales responden en gran medida a los mandatos de las instituciones financieras internacionales. También se mencionó la importancia de integración de “nuevos derechos” cuyo reconocimientos ha surgido tras la aprobación del Pacto sobre DESC, como es el caso de los derechos ambientales y los sexuales y reproductivos.
Una chica de 19 años de Paraguay dijo que, en su país, vivir con un dólar al día significa tener acceso únicamente a un poco de pan y leche, “y a comerlos fríos, porque tampoco me alcanzaría para pagar el gas”. Como Lavinas, se mostró en desacuerdo con las políticas asistencialistas que, en el caso de Paraguay, significan mantener a un millón y medio de personas viviendo en la pobreza. “El mismo agente que nos corta el brazo nos entrega luego apenas una curita. Es dar pan para callarnos la boca”, dijo enérgicamente.
La segunda sesión del taller estuvo dedicada a repasar modelos de políticas de combate a la pobreza desde un enfoque de derechos humanos. Experiencias nacionales fueron ofrecidas por miembros de la red de Social Watch: Domitille Delaplace, de Equipo Pueblo (México), Pablo Ceriani de CELS (Argentina), Rehema Sameji de Women's Legal Aid Center (Tanzania), John Foster del North-South Institute (Canadá) y nuevamente Lena Lavinas de Brasil.
