Una vez más, el agua es un tema importante dentro del Foro Social Mundial que está ocurriendo en Porto Alegre. Más de 32 eventos relacionados con el agua han sido registrados en este foro global por parte de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, sindicatos, campesinos y grupos indígenas. A pesar del avance generalizado de las privatizaciones promovidas por las instituciones financieras internacionales, la sociedad civil celebra una pequeña gran victoria: en El Alto, Bolivia, cayó un nuevo contrato del gobierno con una compañía transnacional ante la presión popular.
Los eventos relacionados con el tema del agua tienen lugar en el Espacio E (cerca del anfiteatro Pôr-do-Sol), bajo el lema “Afirmando y defendiendo los bienes comunes de la Tierra y de los pueblos como alternativa a la mercantilización y al control de las transnacionales”. Uno de ellos, “Estrategias de los movimientos sociales para defender el agua frente a los tratados de libre comercio y las organizaciones financieras internacionales”, se realizó en un espacio que quedó chico para el interés que generó.
Se llevó a cabo el viernes 28 de enero por la mañana, y estuvo organizado por la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua, Public Citizen, Institute for Agriculture and Trade Policy (Estados Unidos); Council of Canadians (Canadá); Red VIDA (El Salvador); FENTAP (Perú), ASSAMAE (Brasil), FECON (Costa Rica), REDES-Amigos de la Tierra (Uruguay) y ATALC-FoE Latinoamérica y Caribe.
Nueva victoria de la gente en Bolivia
La atención estuvo centrada, sobre todo, en el testimonio de Abel Mamani, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, Bolivia, donde la movilización popular nuevamente hizo caer la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento que estaba en manos de la multinacional francesa Suez. Mamani hizo un breve repaso del proceso que condujo a este momento.
Señaló al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada como cómplice de la privatización, desde 1997, del agua y otros servicios básicos en El Alto y La Paz. El contrato con la empresa Aguas del Illimani -controlada por la transnacional francesa Suez- para operar y expandir los servicios de agua potable y saneamiento se extendía por 30 años. Suez ha tenido ganancias en 2003 por 51.508 millones de dólares. El Banco Mundial, a través de la International Finance Corporation (IFC), es uno de los socios de la compañía Aguas del Illimani.
Esta concesión dudosa, hecha a espaldas de la sociedad civil y alterando incluso normas legales del país, resultó en que 200.000 personas de El Alto no tuvieran acceso a su derecho al agua potable y al saneamiento. Mientras la empresa y el gobierno afirmaban que todo estaba bien y que la cobertura de agua potable era del 100 por ciento, la realidad era muy distinta. Unas 70.000 personas no tenían acceso al agua porque las tarifas subieron hasta 445 dólares (aproximadamente nueve salarios mínimos) y otras 130.000 estaban dentro del área de concesión de Aguas del Illimani pero quedaron fuera de los servicios prestados por la empresa.
Según la compañía se invirtieron 60 millones de dólares en infraestructura; Mamani sostiene que sólo se invirtieron entre 3 y 5 millones. Y lo peor fue que la mayoría de estas inversiones vinieron a través de créditos blandos otorgados por la cooperación internacional (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF) o donaciones de gobiernos como el suizo con la finalidad de facilitar el acceso al agua de poblaciones pobres.
Con el antecedente de la movilización de Cochamamba, donde cayó la primera concesión privada del agua en Bolivia, la FEJUVE decidió en julio de 2004 poner las cosas en orden y denunciar el fiasco de la privatización y la responsabilidad del Banco Mundial como socio de la empresa. Pasaron cinco meses en los que el actual gobierno hizo oídos sordos a las denuncias de la gente, a pesar de que, en palabras de Mamani, “para nosotros el gobierno no son los políticos sino nosotros, el pueblo”.
El 20 de diciembre el pueblo alteño decidió realizar un paro cívico y pacífico de tiempo indefinido, única medida posible para forzar al gobierno a tomar cartas en el asunto. Días antes de la fecha pautada para el inicio de la acción, “quisieron chantajearnos”: el gobierno anunció que Estados Unidos estaba dispuesto a otorgar 200 millones de dólares a cambio de que el parlamento aprobara la inmunidad para el ingreso de soldados norteamericanos en Bolivia. La medida no fue aprobada.
El gobierno de Carlos Mesa intentó dos veces consecutivas revisar el contrato con Suez-Aguas del Illimani, pero la transnacional rechazó tajantemente la autoridad de la Superintendencia de Saneamiento Básico, o de cualquier otro organismo oficial de Bolivia, para dicha revisión. Frente a esta situación, el 10 de enero de 2005 comenzó la huelga general en El Alto, sumando la solidaridad de otros pueblos y ciudades de Bolivia, en reclamo del derecho al agua para toda la población. Tres días después, el gobierno canceló el contrato con Suez-Aguas del Illimani tanto en las ciudades de El Alto como de La Paz, ya que el sistema es indivisible.
“Esto demuestra”, dice Mamani, “nuestro convencimiento de que el pueblo es quien le debe decir al gobierno lo que éste tiene que hacer, y no al revés”.
Transitoriamente se hará cargo del servicio la antigua empresa municipal, hasta que se constituya una nueva empresa social con participación de los vecinos y bajo control social de la FEJUVE. Suez-Aguas del Illimani no aceptó la finalización del contrato y ya ha amenazado con demandar al estado boliviano por 120 millones de dólares ante el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión), dependiente del Banco Mundial. Como el Banco posee el 8 por cientode las acciones de Aguas del Illimani, de prosperar esta demanda la institución será juez y parte involucrada.
Mamani afirma que “no estamos dispuestos a pagar nada, es el pueblo el que debe demandar a la empresa por todos los daños ocasionados”. “Estamos aquí en el Foro Social Mundial porque buscamos el apoyo y la solidaridad con el objetivo de crear un bloque de países que se oponga a las transnacionales del agua. “Estamos convencidos de que el pueblo unido conseguirá lo que busca y podrá derrotar a las transnacionales”.
Las acciones como parte de una campaña mundial contra Suez y las transnacionales del agua incluyen: plantones y manifestaciones frente a las oficinas de Suez en Francia y todos los países donde se ha privatizado el servicio; cartas al gobierno de Francia condenando a Suez por los juicios que ha instaurado contra Argentina, Filipinas, Indonesia, y los que pretende instaurar contra Bolivia y otros países; denuncia desde todos los países ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales por los atropellos de Suez y otras compañías contra el derecho humano al agua; acciones en todo el mundo contra la privatización del agua el 28 de marzo (Día Internacional del Agua) y del 10 al 16 de abril de 2005 (Semana de Acción Global de los Pueblos contra el Libre Comercio y las Privatizaciones); exigir que el agua, en cualquiera de sus usos, esté fuera de cualquier tipo de acuerdo de libre comercio o tratado bilateral de inversiones; promover una Convención Internacional del Agua que prohíba la mercantilización de ese recurso vital para la vida.
Por una Convención de Naciones Unidas sobre el derecho al agua
Precisamente, el jueves 27 por la mañana tuvo lugar un encuentro para intercambiar ideas sobre la necesidad de un tratado de Naciones Unidas específico sobre el derecho humano al agua. Movimientos sociales de todo el mundo se dieron cita para discutir cómo crear una campaña para alcanzar ese objetivo. Entre las organizaciones convocantes estaban: Public Citizen, Council of Canadians, Centre of Housing Rights and Evictions (COHRE), FIAN International, Bread for the World Alemania, Red VIDA, Both Ends e IBON (Filipinas).
Allí se explicó que el objetivo es crear una coalición de cabildeo amplia y multinacional por un marco de trabajo legal sobre el derecho al agua. La idea de hacer una campaña por un tratado fue una de las metas apoyadas por las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el Foro Mundial del Agua de la Gente en Delhi, India, en enero de 2004. Los activistas por una convención internacional sobre el agua están convencidos de que es necesaria una ley internacional para establecer inequívocamente el derecho al agua para todas las personas; para garantizar el derecho al agua a las próximas generaciones; y para prevenir que el agua sea privatizada y degradada hacia la categoría de bien comerciable, entre otras razones de peso.
Una de las panelistas, Carolina Fairstein (investigadora del Programa de Derecho al Agua de COHRE) señaló las ventajas que desde el punto de vista legal tendría la existencia de un tratado específico sobre el derecho al agua. Fairstein comenzó diciendo que ya existen instrumentos legales internacionales que reconocen el derecho humano al agua (como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra toda forma de Discriminación hacia las Mujeres), sobre todo el Comentario General número 15 del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) adoptado en noviembre de 2002.
Pero más allá de la existencia de estos instrumentos legales generalmente no respetados, “una convención terminaría con el debate entre los países sobre la interpretación de algunos de estos textos internacionales, que suele servir de excusa para evadir la aplicación del derecho al agua”.
Todas las panelistas (eran sólo mujeres) estuvieron de acuerdo en que alcanzar una convención sobre el derecho al agua no significa abrir las puertas del cielo, pero al menos sería un instrumento mucho más preciso y concreto para garantizar el acceso al agua de millones de personas que actualmente carecen de él. También se señaló el tiempo que llevaría su implementación; una convención internacional implica un acuerdo entre los países sobre el texto de esa convención, que incluiría obligaciones y derechos. Luego debería abrirse un proceso de firma por parte de los estados (voluntad del Poder Ejecutivo) y otro de ratificación (votación del parlamento), algo que seguramente enfrentaría la oposición de países como Estados Unidos y Japón, que hoy niegan que el acceso al agua sea un derecho humano fundamental.
La canadiense Maude Barlow, co-autora (junto a Tony Clarke) del libro “Oro Azul” tomó la palabra y seguramente convenció a cualquiera que estuviera dudando sobre la importancia de movilizarse en torno al tema. Dijo que éste “no es un debate semántico, es real, porque el agua no es sólo una necesidad sino un derecho”, y acusó al Banco Mundial y al Foro Mundial del Agua de negar el derecho al agua. Apuntó que las privatizaciones están cayendo en varios países en desarrollo (Argentina, Bolivia, Filipinas); y que hay que seguir el ejemplo de Uruguay, primer país en el mundo en que el se reforma la Constitución nacional mediante voto popular para explicitar que el agua es un derecho humano fundamental que debe quedar en manos públicas y ser gestionada junto a la sociedad civil. Dijo que este es un buen mecanismo para que la gente se exprese por sí misma. Proclamó que el agua debe salir de manos de las corporaciones; “el agua no es para la venta”, dijo. Y entre aplausos salió hacia otro evento del Foro donde requerían su presencia.
La sensación general fue que faltó tiempo para que muchos de los presentes formularan no sólo su opinión sino preguntas a las panelistas, teniendo en cuenta la importancia del tema. Pero la ventaja de un evento como el Foro Social Mundial es que la discusión, en realidad, nunca se termina.
De hecho, uno de los talleres que seguirán intentará definir estrategias de la sociedad civil en defensa del derecho al agua rumbo al Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en Ciudad de México en 2006. Como en Kyoto tres años antes, se espera que este encuentro sea escenario de muchas visiones antagónicas respecto al futuro del agua y a la administración de los recursos acuáticos. “Los movimientos sociales por el derecho al agua deberán planificar su estrategia para evitar que el cuarto Foro Mundial del Agua legitime la privatización que sólo beneficiará a las compañías transnacionales y a los gobiernos del G-7”, según reza la convocatoria de Public Citizen, Polaris Institute, entre otras organizaciones, para el domingo 30 de enero al mediodía.
Concesión del agua en Pacasmayo, Perú, fue recuperada por los usuarios en 2004
Los servicios de agua potable y saneamiento de la provincia de Pacasmayo, entregados a Norwasser SAC en 2002, han sido recuperados por las municipalidades en el año 2004. La concesión prevista para durar 60 años no llegó a cumplir su segundo año debido a que el gobierno local declaró su caducidad el 5 de mayo de 2004.
Los hechos que determinaron la finalización anticipada de la primera concesión de servicios de agua potable y saneamiento en el Perú fueron relatados por Luis Isarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado de Perú (FENTAP), que reúne a 42 sindicatos de trabajadores y forma parte de la Red VIDA. El dirigente participó de la mesa sobre “Estrategias de los movimientos sociales para defender el agua frente a los tratados de libre comercio y las organizaciones financieras internacionales” que tuvo lugar el viernes 28 de enero.
Isarra Delgado identificó el origen de proceso privatizador en el gobierno de Alberto Fujimori, en la década del 90. Durante dicha administración, el ex presidente reformó el estado en cuatro aspectos básicos: suprimió su rol como prestador de bienes y servicios; privatizó las empresas públicas; redujo el rol del estado al de un subsidiario de emprendimientos privados; y creó entidades reguladoras de servicios públicos. “Se realizó una descentralización de las empresas de agua”, explicó Isarra. “Actualmente hay 53 empresas municipales y una pública, y los servicios pueden ser proporcionados por empresas públicas, privadas o mixtas”.
Tras la concesión de los servicios en Pacasmayo, la primera en Perú, se constataron diversas irregularidades en la selección y contratación del concesionario, la inoperancia del operador privado para ofrecer una gestión de cambio, la nula inversión para mejorar la calidad de los servicios, y la falta de capacidad del órgano regulador del estado para tomar las medidas correctivas.
“La concesión de los servicios no aportó dinero, deterioró los servicios que ya estaban en situación difícil, incumplió el contrato estipulado y vulneró normas esenciales de contratación y prestación”. La lección más importante de este primer caso de privatización, según FENTAP, es haber demostrado la inoperancia de los organismos reguladores del Estado, entidades que actuaron sólo debido a la presión ejercida por la sociedad civil y los gobiernos locales.
Pero la lucha continúa. El gobierno de Alejandro Toledo insiste en privatizar junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones financieras internacionales. La nueva modalidad es obtener préstamos que se destinan al proceso privatizador. “Antes los préstamos eran para mejorar la calidad de los servicios”, dice Isarra. “Ahora se usan para privatizar”. El dirigente alertó sobre cómo este flujo de dinero que llega a manos de administradores municipales suele ser el origen de una gran corrupción, y recordó que ya hay varios alcaldes a los que se les han iniciado procesos judiciales por quedarse con dinero público.
Todo este proceso lleva a que se ignoren tres puntos fundamentales: que el agua es un bien público, que el operador privado funciona de hecho como un monopolio, y que el servicio de agua potable es un servicio esencial. Pero además, “no se informa a la sociedad civil, se niegan las oportunidades para encontrar soluciones imponiendo las concesiones cuando los verdaderos propietarios de las redes de agua potable, que las han trabajado toda la vida, es el pueblo”.
Al mismo tiempo, el gobierno inició una campaña de sensibilización que manifiesta las ventajas de las concesiones a privados. Para ello se contrató a varios medios de comunicación con el objetivo de desarrollar campañas, solo que estas campañas no son democráticas ya que no permiten la intervención de dirigentes y representantes de la sociedad civil que quisieran aportar su punto de vista.
Isarra explicó que en Perú se ha formado un frente de defensa del agua integrado por trabajadores, ecologistas, miembros de la sociedad civil. “Hay alternativas y propuestas”, dice, “pero no son atendidas”. “Queremos empresas eficientes y modernas y sobre todo que se consulte al pueblo antes de cualquier decisión que se tome”, agregó Isarra, reiterando el lema de la campaña nacional e internacional que están llevando a cabo: “defender el agua es defender la vida”.
