Nacido como un sistema de comunicación de carácter militar, Internet se ha convertido en un medio esencial de comunicación para la sociedad civil, con un alto potencial democrático que permite la organización de movimientos sociales capaces de desafiar la dominación del poder político y económico.
Desde los atentados del 11 de setiembre a las Torres del World Trade Center y el Pentágono, algunos gobiernos han promovido medidas para la vigilancia de los individuos y de las organizaciones como parte de la "guerra contra el terrorismo". De hecho, ha sido una perfecta excusa para introducir medidas que hubieran sido de otra forma rechazadas por aquellos preocupados por la amenaza que estas nuevas reglas significan para las libertades civiles.
Se han hecho varios intentos para adoptar una definición global del "cibercrimen" pero el alcance de este término es aún incierto. Mientras existe consenso respecto a la criminalidad de la pornografía infantil, por ejemplo, el "crimen organizado" o el "terrorismo" son definidos de manera distinta en cada país. Como consecuencia, un acto de protesta callejera, puede ser considerado una amenaza grave en algunos países y, por lo tanto, sus organizadores son pasibles de actos de investigación y represión en su contra.
Los principales actores hacia una legislación internacional han sido hasta ahora el Consejo de Europa (COE) y el G-8, mientras que Estados Unidos se ha mantenido activo tanto en el desarrollo como en la promoción de estos esfuerzos. Luego de varios años de negociaciones a puertas cerradas, en 2001 se adopta la Convención sobre Cibercrimen del Consejo Europeo, que requiere la cooperación entre países para la investigación de los cibercrímenes, aún si el "crimen" a investigar no fuera considerado tal en el país al que se le requiere información. Las implicancias de este marco regulatorio para la sociedad civil y las ONG son enormes especialmente teniendo en cuenta que en muchas partes del mundo la lucha por los derechos humanos es considerada un acto criminal en sí mismo.
Un hecho reciente de gran trascendencia ilustra la amenaza que estos tratados presentan para los derechos civiles básicos: el 7 de octubre de 2004, los servidores de la Comunidad de Medios Independientes -conocida como Indymedia- fueron confiscados por agentes del FBI. Las razones para este acto aún no fueron develadas, sin embargo, Rackspace, la empresa que proveía el servidor para Indymedia, expresó que "actuó como buen ciudadano corporativo y está cooperando con las leyes de autoridades internacionales". En definitiva, lo que ocurrió fue que autoridades de un país reclamaron la entrega de los servidores respaldándose en un tratado de cooperación transnacional. Este episodio sirve de muestra para ver cómo estos tratados pueden ser usados para violar la libertad de expresión y obstaculizar el debido proceso.
La Convención sobre Cibercrimen de la COE ha sido propuesta como modelo de gobernanza de Internet para regular el cibercrimen más allá de las fronteras nacionales. Teniendo en cuenta la amenaza que este régimen global representa para los derechos humanos básicos, el tema deberá ser seriamente considerado en el proceso preparatorio para la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se llevará a cabo en Túnez en diciembre de 2005.
