El derecho a la comunicación y la información como derecho humano fundamental se ha visto crecientemente amenazado por los acuerdos de libre comercio que, bajo el pretexto de considerarlos servicios comercializables como cualquier otro, regulan diversos aspectos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Cada vez más las decisiones se toman a puertas cerradas, sin consulta a la sociedad civil, pero sí incluyendo el punto de vista de los grandes conglomerados mediáticos que fomentan la apropiación corporativa de la información ignorando la diversidad cultural.

Los actores que impulsan ésta visión de la sociedad de la información orientada al mercado son principalmente las grandes empresas de medios, en su mayoría norteamericanas, que concentran desde medios tradicionales hasta empresas de Internet como la recientemente fusionada AOL-Time Warner. Su brazo gubernamental es el gobierno de Estados Unidos que obra a favor de los intereses de estas empresas en el ámbito interno, mientras que su brazo internacional alcanza organizaciones multilaterales tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Estos organismos, en conjunto con otros regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) cumplen un doble rol a favor de los “Grandes Medios”: levantan las barreras para la expansión de las transnacionales a la vez que aseguran sus ganancias a través de acuerdos sobre propiedad intelectual.

Con la creación de la OMC en 1995, el comercio de servicios pasa a ser regulado conjuntamente con el comercio de bienes a través del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) que incluye el comercio de las telecomunicaciones. Este ambicioso acuerdo proyecta la liberalización de los servicios con serias implicancias para las políticas sociales de los estados firmantes a los cuales se les restringe el uso público de las telecomunicaciones en favor de la propiedad privada.

Con el fin de cumplir con lo delineado en AGCS, se celebran en los años subsiguientes dos acuerdos fundamentales: el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) y el Acuerdo Básico de Telecomunicaciones (BTA). El primero, firmado por 55 países en 1996, tenía como fin la reducción de tarifas de productos de TICs para el año 2000 lo que permitió el crecimiento de las grandes compañías de la telecomunicación aumentando su competitividad en el mercado internacional. Por otro lado el BTA da un paso aún mayor hacia la liberalización puesto que compromete a los firmantes a la apertura de sus mercados, imponiendo un sistema pro-competitivo que prohíbe los subsidios a las empresas nacionales de telecomunicación.

Muchos países en vías de desarrollo se muestran flexibles a liberalizar las TICs en la espera de que el mundo desarrollado les conceda a cambio subsidios para sus productos, generalmente agrícolas. Sin embargo, la expectativa por este “intercambio” se vio frustrada en la reunión ministerial de Cancún 2003 donde Estados Unidos protegió a sus productores agrícolas.

La cooperación Sur-Sur logró defender su posición de establecer un límite a la explotación privada de las telecomunicaciones en vista de asegurar cierta pluralidad de los medios de comunicación que permita un equilibrado manejo de la información en respeto de las diversas culturas.

No obstante, y ante el colapso de la negociaciones, Estados Unidos se ha movido agresivamente por los acuerdos bilaterales – con Chile, Singapur, Marruecos, Australia y países de Centroamérica- que prohíben la introducción de medidas que regulen los “productos digitales” y en especial el Internet que se espera será la nueva forma de difusión de la creación.

Las tensiones presentes en las relaciones Norte-Sur, y la pugna sobre el papel del mercado, han traspasado un nuevo escenario: la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) cuya segunda fase se celebrará en Túnez en noviembre de 2005.

El evento, convocado por la UIT, abrió espacios para que redes de la sociedad civil expresaran sus cuestionamientos y propuestas que se plasmaron en una Declaración de la Sociedad Civil. En cuanto a la progresiva liberalización de los regímenes regulatorios para las telecomunicaciones expresaron que “no es aceptable que estos marcos de gobierno mundial […] sean diseñados por y para pequeños grupos de poderosos gobiernos y empresas, y posteriormente sean exportados a todo el mundo como hechos consumados. En vez de ello, deben reflejar las diversas opiniones e intereses de la comunidad internacional en su conjunto.”