En un acontecimiento histórico, más del 60% de los uruguayos respaldó la Reforma Constitucional en Defensa del agua, agregando a la carta magna la consideración del agua como un derecho humano, sentando las bases para que su gestión se realice exclusivamente en forma pública, participativa y sustentable.
De acuerdo con informaciones difundidas por las diferentes empresas encuestadoras en las últimas horas, la Reforma Constitucional en defensa del Agua fue aprobada con más del 60% del apoyo de la ciudadanía. A pesar de que se trata de datos no oficiales, tanto las organizaciones promotoras de la Reforma como las autoridades partidarias y los medios de comunicación han aceptado el resultado como válido.
El mecanismo de democracia directa fue puesto en marcha por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). Esta comisión se conformó en el año 2002 como respuesta a la firma de la Carta de Intención entre el gobierno uruguayo y el Fondo Monetario Internacional en la que se comprometía la extensión de la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento a todo el país.
Esta privatización comenzó en el departamento de Maldonado, con la presencia de la multinacional francesa Suez Lyonnese Des Aux en primer lugar, y luego continuó con la española Aguas de Bilbao.
Al igual que en la mayoría de los casos de privatización de agua registrados en el último año a lo largo del planeta, estas privatizaciones tuvieron consecuencias negativas.
Desde el punto de vista social, se excluyó a amplios sectores del acceso al agua potable por no poder cubrir el costo de la conexión al servicio. Servicio que por otra parte se degradó considerablemente en su calidad, con respecto al que prestaba la empresa estatal. Tanto, que los organismos de contralor recomendaron que el agua no se consumiera directamente ya que no presentaba condiciones de potabilidad.
Desde el punto de vista económico, el "negocio" fue pésimo para el estado uruguayo. No sólo las empresas no cumplieron con los cronogramas de obras previstos en los contratos, sino que no hicieron efectivo el pago de los cánones previstos, acudiendo a una serie de reconsideraciones contractuales con el Estado, que asumió las pérdidas ocasionadas en cada caso.
Desde el punto de vista ambiental, la empresa Aguas de la Costa (subsidiaria de Suez) fue responsable de la desecación de la Laguna Blanca, la que utilizaba como fuente para la potabilización. Precisamente por esta causa, los vecinos del departamento de Maldonado han iniciado un juicio por daño ambiental a la empresa.
El agua contra todo
La victoria del plebiscito del agua fue una verdadera victoria social. La CNDAV constituye un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas enfrentadas a la concepción mercantilista del agua.
Entre sus fundadores se cuentan organizaciones de vecinos, el sindicato de trabajadores de la empresa estatal (FFOSE) y Amigos de la Tierra Uruguay (REDES-AT). Luego de conformada se amplió, incluyendo al partido político mayoritario (el Frente Amplio, ganador de las elecciones realizadas el mismo 31 de octubre) y a uno de los sectores del partido nacionalista.
Sin embargo, a pesar de este respaldo político, el tema del plebiscito por el agua fue secundario en la agenda política y mediática. A esto se agregó que tanto las empresas privatizadoras, tanto como las empresas de agua de otros sectores (por ejemplo, las embotelladoras) así como sectores empresariales conservadores (latifundistas, forestales, arroceros) realizaron un fuerte lobby político y mediático contra la reforma.
En los meses previos a la campaña, el Fondo Monetario Internacional (FMI) polemizó públicamente con la CNDAV, negando que "impusiera" condiciones al gobierno uruguayo y rechazando la responsabilidad atribuída por la CNDAV al contenido de la Carta Intención de 2002.
El trabajo que permitió el triunfo de la propuesta de Reforma Constitucional estuvo basado en un trabajo social de base, que logro transmitir el espíritu y el contenido del articulado.
El auspicioso resultado del plebiscito abre las puertas para la elaboración de una política de aguas que parta de una visión de este recurso como bien común, y lo gestione públicamente, en base a criterios de participación social y sustentabilidad.
Aguas de octubre
Por Eduardo Galeano
Un par de días antes de que al norte de América se eligiera al presidente del planeta, al sur de América hubo elecciones y hubo plebiscito en un país ignorado, un país casi secreto, llamado Uruguay. En esas elecciones ganó la izquierda, por primera vez en la historia nacional; y en ese plebiscito, por primera vez en la historia mundial, el voto popular se opuso a la privatización del agua y confirmó que el agua es un derecho de todos.
(…) La izquierda ha logrado ganar, en primera vuelta, por mayoría absoluta. La gente votó contra el miedo.
También el plebiscito del agua fue una victoria contra el miedo. La opinión pública uruguaya sufrió un bombardeo de extorsiones, amenazas y mentiras. Votando contra la privatización del agua, íbamos a sufrir la soledad y el castigo y nos íbamos a condenar a un porvenir de pozos negros y charcos malolientes.
Como en las elecciones, en el plebiscito ha vencido el sentido común. La gente ha votado confirmando que el agua, recurso natural escaso y perecedero, debe ser un derecho de todos y no un privilegio de quienes pueden pagarlo. Y la gente ha confirmado, también, que no se chupa el dedo y sabe que más temprano que tarde, en un mundo sediento, las reservas de agua serán tanto o más codiciadas que las reservas de petróleo. Los países pobres, pero ricos en agua, tenemos que aprender a defendernos. Más de cinco siglos han pasado desde Colón. ¿Hasta cuándo seguiremos cambiando oro por espejitos?
¿No valdría la pena que otros países sometieran el tema del agua al voto popular? En una democracia, cuando es verdadera, ¿quién debe decidir? ¿El Banco Mundial o los ciudadanos de cada país? ¿Los derechos democráticos existen de veras, o son las frutillas que decoran una torta envenenada?
Unos años antes, en 1992, también el Uruguay había sido el único país del mundo que había sometido a plebiscito la privatización de las empresas públicas. El 72 por ciento votó en contra. ¿No sería democrático plebiscitar las privatizaciones en todas partes, habida cuenta de que comprometen el destino de varias generaciones?
Los latinoamericanos hemos sido educados, desde hace siglos, para la impotencia. Una pedagogía que viene desde los tiempos coloniales, enseñada por militares violentos, doctores pusilánimes y frailes fatalistas, nos ha metido en el alma la certeza de que la realidad es intocable y no tenemos más remedio que tragar en silencio los sapos nuestros de cada día.
El Uruguay de otros tiempos había sido una excepción. Contra la herencia del no hay caso y del no se puede, y contra la costumbre de confundir el realismo con la obediencia y la traición, este país supo tener educación laica y gratuita antes que Inglaterra, voto femenino antes que Francia, jornada de trabajo de ocho horas antes que Estados Unidos y divorcio antes que España (70 años antes que España, para ser exactos).
Ahora estamos empezando a recuperar aquella energía creadora, que parecía perdida en la larga noche de la nostalgia. Y nada mal nos vendría tener muy en cuenta que aquel Uruguay de los tiempos fecundos fue hijo de la audacia, no del miedo.
Fragmentos de un artículo del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Para leer el texto completo: Semanario Brecha (Montevideo, Uruguay)
