Por Roberto Blancarte
Diario Milenio
México, 18 de mayo del 2004
De manera sintomática, el debate sobre el matrimonio entre homosexuales se ha centrado en cuestiones legales y eventualmente económicas, más que morales o religiosas. Quizás porque ahora la ley en Massachusetts sólo reconoce un hecho ya existente. O porque el verdadero punto es la igualdad de los ciudadanos, independientemente de su credo religioso, raza u orientación sexual.
El día 17 de mayo se convertirá en una fecha simbólica para todas las parejas estadunidenses del mismo sexo, pues Massachusetts se habrá convertido en el primer estado de la Unión Americana en permitir el matrimonio de homosexuales. El gobernador del estado (republicano) hizo lo imposible para evitar su aplicación. El Congreso de Massachusetts (demócrata) también. Pero al final, sus recursos legales se agotaron. La Suprema Corte de Justicia rechazó intervenir, al igual que un tribunal federal de apelaciones, para frenar la nueva disposición judicial. Así que ya no hay obstáculos para su aplicación. No se trata, como en el caso de México, de la posibilidad de uniones civiles que no se equiparan al matrimonio. No. En este caso estamos hablando de la misma figura legal que hasta ahora se consideraba en Estados Unidos exclusiva para parejas heterosexuales.
Como muchas cosas en la Unión Americana, todo comenzó con una decisión en la Suprema Corte del estado de Massachusetts, luego de una controversia interpuesta por siete parejas del mismo sexo, demandó el derecho de los homosexuales al matrimonio. La corte (en una cerrada decisión de cuatro contra tres) aceptó el reclamó y fijó el 17 de mayo como fecha para la aplicación de la sentencia. Los legisladores del estado cuestionaron si lo mandado por la Suprema Corte significaba matrimonio o si se le podían hacer equiparables las uniones civiles, lo cual fue negado por el supremo tribunal del estado. Como respuesta, los representantes de Massachusetts elaboraron una enmienda constitucional que prohibiría los matrimonios entre homosexuales, y en su lugar aprobaba las uniones civiles. Sin embargo, tal como lo establece la Constitución, este tipo de enmiendas requieren ser aprobadas por otra sesión en la Cámara de Diputados local y luego por los electores en 2006. Así que por lo pronto, y hasta entonces, Massachusetts es el primer estado en aprobar el matrimonio entre homosexuales, los cuales podrán celebrarse a partir del día fijado o tan pronto como sean procesadas las primeras solicitudes de una ya larga lista.
Curiosamente, el asunto en Estados Unidos parece estar más orientado a las implicaciones legales y sobre todo fiscales y económicas, más que a las morales o religiosas. O las iglesias ya dijeron todo lo que tenían que decir o a pocos les importa lo que defienden. Como era de esperarse, algunas iglesias evangélicas de corte conservador han señalado su desaprobación por la medida legal y pretenden combatirla por los mismos medios. El arzobispo católico de Boston, Sean O’Malley, quien apenas está recuperando a la arquidiócesis luego del escándalo sobre abusos sexuales de sacerdotes a menores, mostró una actitud más franciscana.
Dijo que la tristeza alrededor de estos hechos no debía conducir a los católicos al envilecimiento o el enojo contra cualquier grupo de personas, “especialmente nuestros hermanos y hermanas homosexuales”. En suma, una débil protesta que no quiere ser confundida con agresiones u obstáculos a los derechos humanos de las parejas del mismo sexo. Lo cierto es que el asunto parecería concluido y es ya un antecedente que podría ser utilizado por otros tribunales estatales en estados que se consideran liberales, como Nueva York.
La primera consecuencia de que Massachusetts sea el primer estado en aprobar el matrimonio entre homosexuales es que ya muchas parejas del mismo sexo que no residen en la entidad planean de cualquier manera viajar a Nueva Inglaterra para casarse. En principio, la nueva reglamentación está dirigida exclusivamente a los residentes de Massachusetts pero, como usted podrá imaginar, las parejas del mismo sexo no quieren desaprovechar esta ventana legal que se ha abierto y que no se sabe si se ampliará o si durará. Así que ahora la discusión se trasladó hacia la decisión del juez del registro civil en relación con la aceptación de parejas provenientes de otros estados (¿o de otros países?). El gobierno del estado, cediendo a la presión, ya sostuvo que dependerá del criterio de cada funcionario el solicitar o no los papeles de residencia. Y en respuesta, ya algunas ciudades como Provincetown, Springfield, Somerville y Worcester anunciaron que no pedirán tal requisito a los contrayentes. En pocas palabras, la puerta está abierta para que las parejas del mismo sexo puedan casarse en dicho estado.
Los comerciantes de Provincetown son los más emocionados. Sobre todo porque ya anunciaron que no pedirán certificado de residencia a las parejas homosexuales que quieran casarse y esperan un incremento en sus ventas. De hecho, los hoteleros, restauranteros y otros prestadores de servicios están entusiasmados por un ya notable incremento en sus reservaciones y un inigualado aumento de la actividad económica en la ciudad. En otras palabras, si había reticencias morales o religiosas, éstas se borran rápidamente con el dinero. Los homosexuales se convierten en consumidores y eso los convierte nuevamente en ciudadanos como los demás. No puede uno dejar de observar cierto fariseísmo en esas actitudes.
El asunto del dinero amenaza con convertirse en el centro de la discusión sobre las consecuencias de este tipo de matrimonios. Así por ejemplo, las parejas homosexuales ganarán derechos relacionados con los beneficios en materia de seguridad social y jubilaciones. Pero ya algunos especialistas fiscales están anunciando que muchas nuevas parejas homosexuales van a empezar a pagar más impuestos que antes y probablemente van a tardar más en recibir ciertos beneficios. Una de las razones es que la legalización estatal de los matrimonios no es seguida por el pago federal de impuestos.
Esto significa que el asunto podría convertirse en una verdadera madeja administrativa con resultados no siempre ideales para las nuevas parejas. Las compañías no parecen estar preparadas para entender la nueva forma de retención de impuestos. De hecho, muy pocos saben lo que va a suceder en el futuro. Las aseguradoras, por ejemplo, tendrán que hacer sus propios cálculos para adaptar sus costos y beneficios de acuerdo con las disposiciones legales.
Lo más extraño de todo es que pocos parecen estar discutiendo las implicaciones sociales de esta figura legal. La atención se ha centrado en la dura batalla que las parejas homosexuales han tenido que librar para finalmente obtener el mismo derecho que hasta ahora han tenido los heterosexuales. Poco se ha dicho sobre el inevitable siguiente asunto que se desprende del matrimonio, es decir el del derecho de adopción de estas parejas. Quizás porque debe ser entendido como una lógica consecuencia de la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Quizás porque no somos capaces de visualizar el impacto que esto tendrá sobre las relaciones sociales. O quizás simplemente porque esa realidad ya existe y nos habíamos resistido a aceptar que era necesario reconocer los derechos de esas personas.
No es por azar que el inicio de los matrimonios gay se efectúa el mismo día que en Estados Unidos se conmemoran los 50 años de otra importante decisión de la Suprema Corte: la relativa a la necesidad de terminar con la segregación racial en las escuelas. Al empatar las fechas, los tribunales norteamericanos están mandando una señal inequívoca a los ciudadanos estadunidenses: todos tienen los mismos derechos, independientemente de la creencia religiosa, color de la piel, posición política u orientación sexual.
El asunto trasciende, entonces, el asunto religioso y moral y se convierte, en una democracia moderna, en lo que tiene que ser, es decir, en los derechos que tienen todos los ciudadanos de un país; los cuales no pueden ser mayores, pero tampoco menores que los de otros.
