Los derechos humanos tal como los conocemos hoy en día se basan en los principios de igualdad, libertad y solidaridad surgidos de la revolución francesa y recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque todo derecho humano debe interpretarse considerando estos tres principios rectores, por motivos históricos, cada uno de ellos dio origen a un conjunto distinto de derechos.

Aquellos regidos por el principio de la libertad, llamados también "derechos de primera generación", que comenzaron a ser exigidos en el siglo XVI, incluyen el derecho a la vida y la integridad física, a pensar y expresarse libremente, a participar del gobierno del propio país, a no ser detenido sin un motivo legal, a ser juzgado con garantías de imparcialidad y a tener propiedad, entre otros. Este conjunto de derechos se conoce como "derechos civiles y políticos".

La "segunda generación" de derechos se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho al empleo y al salario justo, a la vivienda, a la salud, a la educación y a la cultura. Estos derechos fueron reivindicados sobre todo por el movimiento obrero a lo largo de los últimos siglos a partir de la constatación que no se pueden ejercer los derechos civiles y políticos si no se asegura el acceso de todos a un conjunto mínimo de recursos imprescindibles.

Este tipo de exigencias fue abriendo el camino a una nueva mentalidad según la cual es necesario que el estado no se limite a mantener el orden publico y el cumplimiento de los contratos, sino que actúe positivamente para que los derechos de la primera generación no sean un privilegio de unos cuantos, sino una realidad para todos. Por esta razón se dice que la segunda generación constituye un conjunto de exigencias de la igualdad.

Los llamados "derechos de la tercera generación" indican que toda persona tiene que nacer y vivir en un ambiente que le permita el ejercicio real de todos sus derechos. La contaminación de los recursos naturales, así como todas las expresiones de violencia, incluyendo los conflictos bélicos, atentan contra esta posibilidad. Estos derechos no han sido recogidos todavía en una declaración internacional, pero en los últimos años se ha generado la conciencia de que su promoción es imprescindible si se desea alcanzar una sociedad más equitativa, para lo cual es necesario un fuerte compromiso solidario a nivel internacional.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por Naciones Unidas, proclama la universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos como las dos condiciones esenciales para su eficaz puesta en práctica. Esto significa que cada derecho es aplicable a todo ser humano y que todos los derechos humanos reconocidos tienen una dimensión colectiva y forman una unidad que no puede ser separada sin que se alteren sus propósitos originales.

El panorama político internacional en el contexto de la guerra fría, sin embargo, llevó a que los países de occidente promovieran la defensa de las libertades civiles mientras que en los países menos desarrollados y en los del este se persiguiera el acceso a los derechos económicos y sociales. En 1966, con la adopción del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (PIDCP) por un lado y el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" (PIDESC) por otro, la comunidad internacional marcó la división en el sistema de derechos humanos vigente hasta entonces.

Aún hoy, mientras existen mecanismos formales para la promoción de los derechos civiles y políticos, como el Protocolo Facultativo del PIDCP que otorga al Comité de Derechos Humanos la facultad de recibir y considerar denuncias de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto, todavía no existe un protocolo similar aplicable a los derechos económicos, sociales y culturales.

Las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos en el mundo, que surgieron en la década de los 60, se volcaron a la defensa de los derechos civiles y políticos, lo cual sin duda contribuyó significativamente al desarrollo de los mismos. Es indudable que no es posible aspirar a la realización de todos los derechos humanos sin asegurar derechos básicos como la vida o la libertad. La acción de muchas personas trabajando en la defensa de los derechos humanos en el mundo ha dificultado su violación por parte de los gobiernos y ha contribuido a que muchos crímenes cometidos por regímenes autoritarios no hayan quedado impunes. Todavía hoy son muchas las personas víctimas de este tipo de abusos y es necesario que se profundicen acciones que aseguren la salvaguarda de los derechos de todos los seres humanos, tal como han sido proclamados en una larga lista de tratados internacionales.

La marginación histórica de los derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo, ha tenido su impacto en el presente y ha mostrado que asegurar los derechos civiles y políticos es imprescindible pero no es suficiente. A pesar de un elaborado régimen legal internacional diseñado para satisfacer los requerimientos básicos de las personas, comunidades enteras son víctimas de políticas nacionales e internacionales que las siguen empobreciendo y privando de sus derechos. Sin instrumentos concretos que permitan considerar a estas políticas como violaciones a derechos reconocidos internacionalmente, los movimientos sociales se ven desprovistos de herramientas efectivas para hacer frente a estas situaciones.

En los últimos años, con un nuevo esquema político internacional, la comunidad internacional ha percibido esta realidad y se está promoviendo un retorno a la visión original de derechos humanos como un conjunto indivisible. Organismos de Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han manifestado su compromiso respecto a la indivisibilidad y la no jerarquización de los derechos humanos. La posibilidad real de millones de personas de obtener el disfrute pleno de sus derechos dependerá en gran medida del éxito de esta visión.