La globalización
- Lunes 08/09/2003
Fuente:
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Un comunicado de prensa de organizaciones ecuatorianas exige la deportación del representante del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cecilia Chérrez, Acción Ecológica
El día jueves 4 de septiembre a las 3:30 de la tarde se interpuso una demanda de deportación ante la Intendencia de Policía en contra de BOB TRAA, jefe de la misión del FMI presente en el Ecuador, por uso indebido de su condición migratoria e incitar a las autoridades nacionales a adoptar medidas que atentan contra el interés público y la seguridad nacional.
La demanda fue suscrita por varias personalidades y líderes de organizaciones, como son Humberto Cholango, César Cabrera, Luis Maldonado Lince, Elsie Monje, Edgar Ponce, Nidia Arrobo, Elizabeth Bravo, entre otros.
Los denunciantes acusan a Bob Traa de "incitar a las autoridades para realizar recortes al gasto social, la privatización y venta de los bienes y empresas de la nación a precios irrisorios, la contracción de los salarios, la subida de los precios de los servicios públicos, la construcción del OCP, que está por inaugurarse y que como se lo advertía, no tiene crudo que transportar; todas estas medidas "atentan contra la seguridad nacional en tanto alimentan el descontento, la protesta, el enfrentamiento entre los actores sociales".
Las 13 Cartas de Intención suscritas con el FMI en los últimos 20 años han empeorado la situación económica, social y ambiental del país. Por su parte, el FMI reconoció haber alentado a nuestras autoridades a usar buena parte de los ingresos petroleros para pagar la deuda externa pública, así mismo afirmó que el país se encontraba en la "víspera de la crisis argentina", y que para evitarla debían profundizarse las políticas de ajuste estructural recomendadas por este organismo, igual recomendación hecha a ese país hasta el día mismo de su quiebra.
El sindicado ha venido en estos momentos con "el expreso propósito de inmiscuirse en el distributivo del presupuesto general del Estado, incidiendo en las finanzas públicas".
El pedido de deportación se sustenta en el artículo 19.II de la Ley de Migración, y en los artículos de la Constitución 1, 2, 3, 23.6, 242, y los capítulos de los derechos colectivos y los derechos ambientales.
Las organizaciones declararon que las políticas neoliberales y de ajuste impuestas por el FMI ahondan las inequidades internas; propician la contaminación y destrucción ambiental; difunden una cultura de mercado vacía de solidaridad; fortalecen un sistema de exclusión; sabotean las bases del aparato productivo nacional al exponerle a la competencia subsidiada de los bienes y servicios de factura extranjera, en la línea impulsada a nivel mundial por la OMC y a escala americana por el ALCA, jinetes ambos del Apocalipsis de la Globalización.
|
