Todos los esfuerzos bilaterales para reducir las deudas de los países más empobrecidos han fallado en sus objetivos. El último de estos intentos fue tratado de Nápoles de 1994, según el cual el Club de Paris podría suspender hasta un 67% del servicio de la deuda de un país que esté aplicando reformas económicas, y hasta un 67% del principal, si ha logrado avances en la aplicación de dichas reformas.
La iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), firmada en 1996, fue la primera tentativa de las Instituciones Financieras Internacionales de ocuparse del problema de una manera global, con todos los acreedores comprometidos a reducciones de deuda tales que los países elegibles puedan conseguir niveles predefinidos y sostenibles de deuda. La primera implementación de la iniciativa PPME, sin embargo, fue criticada por tener niveles del sostenibilidad de la deuda insuficientes para permitir el desarrollo de los países en los cuales se aplicó.
La iniciativa reforzada, convenida por el G7 en junio de 1999 en Colonia (Alemania), fue algo más lejos, redefiniendo los niveles de sostenibilidad y conviniendo que, en principio, $50 mil millones adicionales del stock de deuda de los países empobrecidos incluidos en el programa serían cancelados tan pronto como fuera satisfecho un conjunto de condiciones.
En setiembre de 1999 el Banco Mundial reveló un nuevo conjunto de condicionalidades para los países que deseen acogerse a la iniciativa PPME. Los denominados Documentos de Estrategia de la Reducción de la Pobreza (DERP o PRSP, por sus iniciales en inglés) indican que los países que soliciten asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME tendrán que haber adoptado una estrategia de reducción de la pobreza en el punto de decisión (el momento en que los acreedores participantes comprometen los recursos de alivio de la deuda), y al alcanzar el punto de culminación (el momento en que se proporciona irrevocablemente la totalidad de los recursos de alivio de la deuda), tendrán que haber avanzado en forma comprobable en la implementación de la estrategia.
Desde la Sociedad Civil se han realizado críticas profundas a estas iniciativas, argumentando que suponen un fuerte impacto negativo en la soberanía económica de los países. Muchos consideran que la "lucha contra la pobreza" es en realidad la justificación más reciente para las viejas recetas encaminadas a aumentar la apertura general del "país anfitrión" hacia los actores económicos externos y las reglas del libre mercado.
