A primera vista, puede parecer extraño abordar el derecho a la vivienda como un derecho humano básico. Un techo inadecuado e inseguro, sin embargo, amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. En otras palabras, la violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna. Esta idea ha sido reflejada en el derecho internacional, a través de instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¿Cuáles son los elementos que constituyen el derecho humano a la vivienda?

Habitat Internacional Coalition (HIC), una red de ONG que trabaja con el tema de la vivienda, desarrolló una herramienta de monitoreo que identifica 14 elementos constitutivos del derecho humano a la vivienda. Estos elementos se desprenden de las obligaciones que los estados contrajeron al ratificar diferentes tratados internacionales y otras leyes comúnmente aceptadas.

Estos elementos son: seguridad de tenencia; bienes y servicios (entre los cuales se encuentra el agua, considerado un requisito esencial para un pleno derecho a la vivienda); accesibilidad económica, habitabilidad, accesibilidad física, ubicación, tradiciones culturales, libertad frente a posibles desalojos, información, capacitación, participación y libertad de expresión, realojamiento, ambiente saludable, seguridad y privacidad.

A pesar de que este derecho se encuentra bien definido, existe una gran distancia entre las palabras y los hechos. De acuerdo a cifras de la ONU, mil millones de pobladores urbanos tienen problemas relacionados con la vivienda. La mayoría vive en asentamientos irregulares en países en desarrollo. De acuerdo a la sociedad civil y a diferentes expertos, la gran culpable es la globalización corporativa y sus efectos negativos en las vidas de los pobres. Como señala Miloon Kothari, relator especial de la ONU en temas de vivienda, “las apremiantes desigualdades de ingreso y oportunidad entre y dentro de los países han conducido al incremento en la cantidad de personas sin vivienda adecuada y segura. Los derechos humanos que poseen las personas y las comunidades a la vivienda, el agua y el saneamiento (…) siguen erosionándose a medida que el proceso de privatización se profundiza y acelera”.

Instancias de discusión

En el ámbito de la ONU está teniendo lugar un debate candente. Conferencias, declaraciones y seguimientos se han convertido en un campo de batalla donde las ONG vienen denunciando regresiones con respecto a logros ya obtenidos.

La primera conferencia sobre vivienda y asentamientos, conocida como Habitat I, tuvo lugar en Vancouver (Canadá) en 1976. Equidad, justicia social, solidaridad, dignidad humana, libertad de acción y de movimiento fueron los principios fundamentales articulados en esta conferencia. Allí se recomendó que los gobiernos y las organizaciones internacionales dediquen todo su esfuerzo a tomar acciones urgentes. Sin embargo, los problemas no solo persistieron sino que se multiplicaron en número y alcance.

Veinte años más tarde, en 1996, la ciudad de Estambul fue sede de Habitat II. La Agenda Habitat, documento adoptado por los estados miembro, representó un gran adelanto. Allí se reconoció el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. Durante todo el proceso se hizo énfasis en la importancia de la participación de la sociedad civil, transformando el abordaje con el que hasta ese momento se habían encarado los objetivos de Vancouver. Se promovió una participación real y efectiva de las ONG en los procesos de negociación.

En la conferencia Estambul + 5, que tuvo lugar en Nueva York en 2001, la ONU revisó la implementación de la Agenda Habitat. De acuerdo a las ONG presentes, este nuevo proceso implicó un retroceso con respecto a Habitat I, en cuanto a participación de las ONG y autoridades locales. En este contexto HIC emitió una declaración, firmada por 30 ONG de 20 países, donde condenó la ausencia de toda referencia al derecho a la vivienda como un derecho humano en la declaración final de la Conferencia. Allí declaró que “esta regresiva tendencia post Estambul ha sido defendida por muy pocos estados”.

El derecho a la vivienda también está siendo discutido en otro ámbito: las Metas de Desarrollo del Milenio. En el año 2000 los estados miembro de la ONU acordaron trabajar de cara al cumplimiento de ocho metas de desarrollo, subdivididas en 18 objetivos específicos y mensurables. La meta 7 - objetivo 11 apunta a una mejora significativa en las vidas de cien millones de habitantes de asentamientos irregulares para el año 2020. Los relatores especiales del Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU están promoviendo la participación de las ONG en el monitoreo que está llevando a cabo UN-HABITAT, organismo de la ONU encargado de los temas de vivienda y asentamientos. También están promoviendo la adopción de una perspectiva de derechos humanos (que incluye a los derechos económicos, sociales y culturales) en el proceso general de las Metas de Desarrollo del Milenio.

El Banco Mundial ha participado en esta iniciativa a través de su programa “Alianza de las ciudades” (lanzada conjuntamente con UN-HABITAT). De acuerdo a sus promotores, el programa fue creado para “fomentar nuevas herramientas, enfoques prácticos e intercambio de ideas para promover el desarrollo económico global y atacar los problemas de pobreza urbana. Sus actividades refuerzan la implementación de la Agenda Habitat”.

Al considerar el derecho a la vivienda como un derecho humano es necesario adoptar una perspectiva de género. Las mujeres, ya sean de hecho o de derecho, son excluidas y discriminadas en prácticamente todos los aspectos relacionados con la vivienda. Es necesario que se tomen acciones positivas para asegurar su derecho a la herencia y la propiedad de la tierra y otros bienes; al crédito; a los recursos naturales y la tecnología apropiada, así como también para garantizar su derecho a la seguridad de tenencia y la capacidad de ser parte de un contrato.

Los palestinos que viven en los territorios ocupados constituyen otro grupo vulnerable. Aquí la demolición de hogares se ha convertido en un sistemático y poderoso medio de dominación. Las zonas aisladas de la Franja de Gaza, tal como varias ONG locales lo han señalado, son ejemplo del castigo colectivo que Israel les inflinge a los civiles palestinos. A este respecto es importante señalar que ha habido una regresión respecto a un derecho ya adquirido y reconocido internacionalmente.

¿Cuál es la respuesta de la sociedad civil a esta crítica situación global?

Muchas ONG están trabajando activamente para encontrar soluciones alternativas. Sus ejes de acción son básicamente dos: participación de la comunidad e intercambio cara a cara de experiencias exitosas. Existe un número creciente de grupos pertenecientes a comunidades pobres que se están movilizando, organizando encuentros y visitas. Esta metodología de intercambio y aprendizaje ha demostrado ser particularmente exitoso a la hora de romper con el aislamiento de muchas comunidades.

UN-HABITAT y The Together Foundation han lanzado una iniciativa que reúne muchas de estas experiencias exitosas. De esta manera se ponen de manifiesto “los mecanismos prácticos en los que el sector público, el privado y la sociedad civil han trabajado juntos para mejorar la gobernabilidad, erradicar la pobreza, proveer acceso al techo, la vivienda y los servicios básicos, proteger el ambiente y apoyar el desarrollo económico.”