Los países industrializados generan una cantidad enorme de residuos tóxicos de reciclado imposible o extremadamente caro, por lo que durante mucho tiempo se utilizó la solución de exportarlo a países del tercer mundo donde las regulaciones ambientales fueran menos estrictas, la necesidad de dinero mayor y la preocupación por la salud de los habitantes mínima o inexistente. Luego de varios escándalos relacionados con el tráfico de residuos acontecidos en los ochenta, el 22 de marzo de 1989 se acordó en Basilea un convenio con el fin de controlar el traslado y el desecho de todo tipo de residuos tóxicos y peligrosos.

En un principio el Convenio, que entró a regir el 5 de mayo de 1992, fue criticado por los grupos ambientalistas debido a su incapacidad de prohibir efectivamente la exportación de residuos tóxicos a los países pobres, habiendo logrado apenas la exclusión de la Antártica como destino de dichos residuos. Sin embargo la presión de varios países y grupos ambientalistas consiguieron la aprobación en 1995 de una enmienda al Convenio que prohíbe cualquier tipo de exportación de materiales contaminantes, prohibición que sólo entraría en vigor cuando dicha enmienda sea ratificada por 62 de los países participantes del Convenio (para mayo de 2003 lo habían hecho 36 países). Que Estados Unidos, el principal productor de basura tóxica del mundo, no sea firmante del Convenio limita notablemente los alcances del mismo.

El propósito de la prohibición de exportar residuos tóxicos consiste en reducir a un mínimo la generación de residuos tóxicos y garantizar que todo lo producido sea desechado en forma no perjudicial para el ambiente, tan cerca como sea posible del lugar de generación; la prohibición a los países productores de exportar sus residuos a naciones en desarrollo para recuperarlos, reciclarlos o desecharlos a bajo costo tiene por finalidad estimularlo a desarrollar tecnologías de producción limpias. Los países industrializados producen cerca del 80% de los 400 millones de toneladas generados anualmente en el mundo, y de esa proporción exportan el 10%, en su gran mayoría a países subdesarrollados con grandes necesidades económicas. América Latina, y en particular países del sur como Paraguay o Argentina, fue durante años utilizada como basurero de los países industrializados, lo que llevó a que algunos de estos países hayan sido de los principales promotores de la ratificación. No obstante, tratados bilaterales excluidos del Convenio han posibilitado transgresiones al mismo como la pretendida importación de residuos nucleares australianos a Argentina con el supuesto objetivo de su tratamiento y retiro.

A pesar de las restricciones impuestas por los grupos ambientalistas con respecto al destino de los residuos tóxicos no sólo no se ha reducido la cantidad de basura generada sino que la misma ha aumentado en los últimos años sin que se hayan implementado tampoco técnicas serias de reciclaje o conservación de recursos.

El 6 de mayo de 2003 se aprobó, como parte de un nuevo plan estratégico de 10 años del Convenio de Basilea, una serie de 15 proyectos diseñados para prevenir los embarques ilegales de desechos peligrosos y mejorar las condiciones de eliminación de los mismos.