CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TALLER REGIONAL PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS PARA AFRODESCENDIENTES
Los representantes de Gobierno, los representantes de las asociaciones de Defensores del Pueblo y Procuradores de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales de afrodescendientes de la región de América Latina y el Caribe, y las agencias del sistema de las Naciones Unidas, reunidos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, del 7 al 9 de mayo de 2003:
Reafirmando que la cooperación internacional en la promoción y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es uno de los propósitos de las Naciones Unidas;
Teniendo presente los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos declarativos y vinculantes del sistema de protección universal de los derechos humanos y inspirados en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición;
Recordando que la Declaración y el Programa de Acción de Viena estableció que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales son universales, interdependientes e indivisibles;
Teniendo en cuenta la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social y la Declaración de Copenhague que se adoptó en ella, estableció un nuevo consenso para poner a la persona humana en el centro del desarrollo sostenible, erradicando la pobreza, promocionando el empleo total y productivo, y fomentando la integración social para obtener sociedades estables, seguras y justas para todos;
Considerando que la Declaración y Programa de Acción adoptados en Durban por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia, reconoce que la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia es una responsabilidad primordial de los Estados; alienta a elaborar o desarrollar planes de acción nacional para promover la diversidad, la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la participación de todos, adoptando medidas y estrategias afirmativas o positivas con la finalidad de crear las condiciones necesarias para que todos participen efectivamente en el proceso de adopción de decisiones y ejerzan los derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales sobre la base de la no discriminación;
Reconociendo la importancia fundamental de que los Estados, al combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, consideren la posibilidad de firmar o ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes, o de adherirse a ellos, con miras a lograr su universalización;
Destacando que la diversidad cultural es un valioso elemento para el adelanto y el bienestar de la humanidad en general, y que debe valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y adoptarse como un valor que enriquece nuestras sociedades;
Considerando que el Programa de Acción de Durban en su párrafo 5 pide a los Estados que, apoyados en su caso por la cooperación internacional, consideren favorablemente la posibilidad de concentrar nuevas inversiones en sistemas de atención sanitaria, educación, salud pública, electricidad, agua potable y control del medio ambiente, así como en otras medidas de acción afirmativa o positiva en las comunidades integradas principalmente por afro descendientes;
Reafirmando que la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia, en su párrafo 4 del capítulo II urge a los Estados a permitir la participación de Afro-descendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y el desarrollo económico de sus países, promocionando un mayor conocimiento y respeto por su herencia y cultura;
Subrayando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago, los Gobiernos de la región de América Latina y el Caribe reconocieron, inter alia, que los Afro-descendientes, durante siglos, han sido víctimas de racismo, discriminación racial y esclavitud y se les han negado muchos de sus derechos y afirmaron que deberían ser tratados con igualdad y respeto a su dignidad y no deberían sufrir discriminación de ningún tipo en base a su origen, cultura, color de piel o condición social, debiéndose impulsar el reconocimiento a sus derechos, cultura e identidad propia; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural;
Señalando que las políticas de acción afirmativa de carácter temporal, concertadas entre todos los actores sociales, están estrechamente vinculadas con el concepto de reparación y deben tender a la construcción de un nuevo diseño social sustentado ética y moralmente en valores de justicia y equidad;
Reconociendo que las acciones afirmativas en tanto medidas para identificar y tratar las injusticias estructurales y las inequidades basadas en el racismo y la discriminación deben estar integradas en políticas nacionales destinadas a erradicar las raíces profundas del racismo y la discriminación racial en la sociedad;
Tomando nota que los Estados de América Latina y el Caribe han suscrito la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas que establece indicadores precisos para alcanzar en el 2015 metas de desarrollo en las áreas de erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el logro de la enseñanza primaria universal, la promoción de a igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna, el combate del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, la sustentabilidad del medio ambiente y el fomento de una asociación mundial para el desarrollo;
Adoptan las siguientes conclusiones y recomendaciones, que se enmarcan en el proceso de consolidación de los logros obtenidos en la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, y otras formas conexas de intolerancia, de Santiago , República de Chile en diciembre del 2000, y la Declaración y Plan de Acción adoptado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, de Durban, Sudáfrica, de setiembre del 2000.
Recomendaciones generales:
1. Establecer mecanismos de intercambio de información, y experiencias de aprendizaje y buenas prácticas en materia de derechos humanos entre los países de la región, con participación de todos los actores sociales.
2. Promover la creación de instituciones nacionales de derechos humanos, como los ombudsman en aquellos países donde todavía no tienen existencia legal y facilitar la creación de subcomisiones dedicadas a recibir denuncias sobre discriminación racial, incluida la posibilidad de presentar acciones de carácter colectivo en nombre de grupos de personas discriminadas
3. Instar a los Estados a establecer programas permanentes de monitoreo del progreso en la implementación de sus políticas de acción afirmativa, incluyendo elaborar indicadores válidos y confiables de avance, como ejemplo la creación de observatorios en este tema.
