imprimir    enviar   corregir 

Financiamiento para el desarrollo humano integral y políticas para el desendeudamiento

Declaración de LATINDADD (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, en el marco de la Conferencia Anual de Eurodad - octubre de 2006

El crecimiento promedio de América Latina y el Caribe, en el año 2005, fue de 4,5%. Este incremento puede explicarse por el aumento de las exportaciones de las materias primas, el alza de los precios de estos recursos naturales y el acceso a mercados de China e India. Sin embargo, este crecimiento no se ha reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros países. Por el contrario, la pobreza aumentó hasta llegar, en promedio, al 44% de la población y la pobreza extrema al 19%, indicadores que están por encima de los promedios mundiales. El indicador de desigualdad (Ìndice de Gini) ha llegado al 0,45, convirtiendo a América Latina en el continente más desigual del mundo.

Esta problemática se constituye en un desafío para encontrar los mecanismos adecuados para la financiación del desarrollo auténticamente humano y sostenible. En consecuencia, es de suma importancia establecer las definiciones precisas sobre la deuda ilegítima y la deuda odiosa. En estas líneas, LATINDADD ha venido trabajando en la elaboración de propuestas y documentos de posicionamiento en la búsqueda de la financiación responsable, de modo que el financiamiento no se convierta en una futura deuda ilegítima e insostenible. Ejemplo de ello son las propuestas y acciones sobre judicialización, auditorías ciudadanas, referéndum sobre la deuda o estudios de sostenibilidad con enfoque de desarrollo humano, así como el trabajo por un código financiero internacional, las cuales han sido estrategias de incidencia llevadas a cabo en Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. Adicionalmente, hemos aportado a la formulación de estrategias nacionales y subregionales sobre la reducción de la pobreza y el derecho al desarrollo.

Sin embargo, observamos que en la región, cada año, hay un flujo negativo de recursos financieros, que en el 2005, por ejemplo, llegó a USD$ 77.000 millones. Este hecho renueva la pregunta de quién es el deudor y quién el acreedor, en otras palabras ¿quién está financiando a quién?

Para LATINDADD, los derechos humanos, considerados de manera integral, son la base sobre la cual se erigen sus acciones y propuestas. Es por ello que hemos exigido a nuestros gobiernos que asuman su responsabilidad, tanto en el diseño como en la ejecución de políticas para el bienestar de las comunidades empobrecidas y excluidas.

Vemos con preocupación la tendencia actual, tanto en los países de ingresos medios como en aquellos considerados HIPC, el hecho de que el endeudamiento interno, mediante la emisión de bonos soberanos, ha sido una de las estrategias adoptadas por nuestros gobiernos para el financiamiento de sus presupuestos públicos, lo que a su vez ha implicado la implementación de programas de ajuste estructural que, adicionalmente, han generado mayores migraciones de personas que no encuentran en su propio país posibilidades para una vida digna. Hoy en día, las remesas de migrantes latinoamericanos ascienden a USD$ 50.000 millones anuales.

Las políticas de las Instituciones Financieras Internacionales, e incluso las de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, han dado un trato discriminatorio al hacer distinciones entre países HIPC y países de ingresos medios. Sin embargo, en ambos casos, se exige la aplicación de políticas de ajuste y cumplimiento de condicionalidades que agravan la situacion social descrita.

Con respecto al comercio, la tendencia a la liberalización extrema se ha venido imponiendo mediante Tratados de Libre Comercio en condiciones desventajosas para los países de América Latina y el Caribe que, por un lado, obstaculizan su desarrollo productivo y, por otro lado, acentúan la desigualdad, la precariedad del empleo y el empobrecimiento, lo que afecta principalmente a las mujeres rurales y urbanas. Además, el fracaso de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, en particular por la negativa de los países industrializados a reducir sustancialmente sus subsidios a la producción agrícola, refleja la manera en que los países del norte entorpecen el acceso a mercados en condiciones justas para los países del Sur.

Todos estos elementos facilitan un escenario propicio para la corrupción en todos los niveles, desde las grandes empresas multinacionales hasta los funcionarios de Estado. Esta situación debilita aún más los mecanismos para la exigibilidad de los derechos y deja en la impunidad violaciones flagrantes de los derechos humanos, entre las que se encuentran delitos de lesa humanidad.

Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe estamos avanzando en una mayor articulación, dentro y entre los países. Vemos la imperiosa necesidad de establecer agendas comunes con otras organizaciones del Sur, principalmente de África, para la elaboración de estrategias conjuntas en la búsqueda del desarrollo, la paz y la efectiva vigencia de los derechos humanos para nuestros pueblos.

Por todo lo anterior, LATINDADD propone:

1. Un nuevo financiamiento para el desarrollo, basado en una auténtica reforma tributaria bajo los principios de equidad y progresividad, en el que se de prioridad el autofinanciamiento. Asimismo, es sumamente importante una renovada cooperación internacional para el desarrollo integral.
2. La recuperación del derecho de los países para la formulación e implementación de sus políticas públicas, libre de condicionalidades de todo tipo.
3. La formulación de planes integrales de desarrollo humano y sostenible que permitan superar la pobreza y la desigualdad.
4. Uno de los pilares de la financiación para el desarrollo debe ser la corresponsabilidad entre las instituciones financieras y los países del Norte y del Sur del mundo.
5. La condena a todo tipo de deuda ilegítima, tal como la deuda odiosa, la resultante de capitales buitres, así como de todas las formas de corrupción.
6. La realización de auditorías ciudadanas y oficiales sobre la deuda interna y externa, así como la veeduría ciudadana sobre el endeudamiento antiguo y nuevo.
7. El impulso de procesos de arbitraje justos y transparentes, basados en un código financiero internacional.
8. La judicialización de casos de deuda ilegítima en tribunales independientes y justos.
9. La participación activa de la sociedad civil en cualquier proceso de desendeudamiento como son las conversiones de deuda externa en inversión social, tanto en la gestión como en la vigilancia.
10.El rechazo a cualquier forma directa o indirecta de restricción a la participación de la sociedad civil que bajo argumentos legales esconden propósitos intervensionistas contra la autonomía de dichas organizaciones.
11. La promoción de verdaderos acuerdos de integración entre los pueblos de la región, para promover integraciones equitativas en los ámbitos continental y global.

¡JUSTICIA Y SOLIDARIDAD PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE!

imprimir    enviar   corregir