La privatización de los servicios públicos básicos se ha convertido en un tema dominante en el discurso político, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. En los últimos años, las políticas que conciernen al agua, la electricidad, la salud y la educación han generado tanta controversia política y movilización social en algunos países como los impuestos, la reforma agraria e incluso el comercio exterior.

¿Qué tienen de especial los servicios básicos? Las políticas de prestación de servicios orientadas al mercado han estado sometidas a un nivel de escrutinio público sin precedentes. Desde la perspectiva de los diversos movimientos de la sociedad civil, el tema de los servicios básicos abarca una gran variedad de zonas temáticas, como la responsabilidad y transparencia de las instituciones internacionales de gobierno, los derechos humanos, la reducción de la pobreza, la democratización, la soberanía nacional, la igualdad de los géneros, la reducción y cancelación de la deuda y la protección ambiental.

Las ONG orientadas a la política que abogan por una causa particular están ahora incluyendo los servicios públicos entre sus objetivos. Por ejemplo, numerosas organizaciones de ciudadanos con experiencia en el seguimiento de las instituciones de Bretton Woods han tomado un repentino interés en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, un convenio de la OMC que podría “trabar” la privatización (haciéndola prácticamente irreversible) y socavar la capacidad de los gobiernos para reglamentar o incluso financiar los servicios públicos.

En las negociaciones en curso, que se iniciaron en noviembre de 2001, los gobiernos se presionan mutuamente para abrir el sector de los servicios al sector privado y a proveedores sin fines de lucro (ONG), aun en zonas socialmente sensibles como el agua, la salud y la educación. En la mayoría de los casos, son los poderosos gobiernos del Norte y sus sectores empresariales que impulsan el proceso de liberalización de los servicios. El GATS podría socavar el progreso logrado en aras de las metas sociales y ambientales porque limita la capacidad de los gobiernos para regular o prestar servicios. Por ejemplo, podría poner en jaque el acceso al agua y otros servicios de la población pobre y otros grupos vulnerables.

Por una parte, las instituciones de Bretton Woods y los gobiernos que son sus principales contribuyentes, elogian los beneficios que traería la privatización del sector público. Un análisis en elaboración del Informe de Desarrollo Mundial 2004 del Banco Mundial, cuyo tema son los servicios para los pobres, señala que ni el crecimiento ni el incremento del gasto público mejorarán suficientemente los servicios como para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Luego argumenta que para alcanzar esos ODM hace falta rechazar el modelo gubernamental de prestación de servicios vigente y adoptar reformas que, en gran medida, pasen por alto al Estado, como las concesiones privadas y la subcontratación.

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil del Norte y el Sur resisten cada vez más la adopción de políticas que coloquen los servicios básicos en manos privadas. Algunas medidas privatizadoras provocaron movilizaciones ciudadanas espontáneas que amenazaron la supervivencia de gobiernos nacionales.