Los avances en la apretada agenda negociadora de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), sugieren que el fracaso de Seattle, las movilizaciones de la sociedad civil y los efectos fragmentacionistas del 11 de septiembre del 2001, no han sido suficientes para debilitar el apetito de los países industrializados por las reformas globales.

En sólo doce meses, la OMC dio inicio a la primera etapa de las negociaciones ordenadas por la Reunión Ministerial de Doha en noviembre de 2001 y sus grupos de trabajo elaboraron gran parte de la agenda de la Reunión Ministerial de Cancún en 2003. A mitad de camino, los ministros de comercio de 23 países definieron en Sydney los compromisos básicos de la segunda y decisiva etapa de las negociaciones multilaterales. En noviembre, el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA dio a conocer en Quito el segundo borrador del Tratado y procedió al traslado de las negociaciones a Puebla, sede de la etapa final de la creación del acuerdo hemisférico. Se espera que ambas instancias arriben a acuerdos definitivos antes del 1 de enero de 2005, previsión alentada por la aprobación de la autoridad "fast track" en Estados Unidos, la cual ya permitió en diciembre de 2002 la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile, el primero que suscribe el país del Norte desde 1994.

Este Tratado es importante no sólo por los significados que tiene para la economía de ambos países, sino porque establece con relativa precisión algunos de los suelos negociadores del ALCA. En materia de propiedad intelectual promueve el refuerzo de los instrumentos y normas de control de las patentes, además de la protección de marcas y el combate a la importación de copias de productos farmacéuticos. Este último aspecto contiene una velada advertencia a la industria de fármacos de la Argentina y el Brasil, bajo presión permanente de parte de Estados Unidos. El capítulo agrícola, sector estratégico de Chile, pero también de la Argentina e importante para Colombia y Centroamérica, permitirá la liberalización inmediata de pocas frutas (uvas y peras), la otras teniendo que esperar 12 años. Otro tema en el cual Estados Unidos hizo avanzar sus posiciones fue la eliminación de los controles al capital extranjero, distintivo de la política financiera chilena. Según el acuerdo, los mecanismos regulatorios tendrán una vigencia de un año y en caso de obstaculizar las salidas de capital los inversionistas podrán exigir compensaciones después de 6 y 12 meses dependiendo del tipo de inversión.

No obstante el dinamismo negociador y sus resultados, puede decirse que el avance en la apertura de mercados, el flujo de inversiones y la solución de controversias no ha implicado un progreso en las posiciones de los países en vías de desarrollo, en particular de América Latina. El balance de tres de sus demandas respalda esta afirmación.

Leer el análisis completo de Germán A. de la Reza, publicado por el Programa de las Américas del Interhemispheric Resource Center
Germán A. de la Reza es especialista en integración económica afiliado con la Universidad Autónoma de México (UNAM).

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