La reunión de Bonn deja una buena noticia: la restauración de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como el lugar de negociación de un acuerdo internacional sobre el clima. Y si bien la traumática y caótica Conferencia de Copenhague sigue arrojando una incómoda sombra, todos los países hablaron de manera amistosa pese a sus discrepancias.

¿La razón de esta buena noticia? El Acuerdo de Copenhague, surgido de una reunión de un pequeño grupo de países sin legitimidad ni consenso, ha sido integrado ahora en un nuevo texto –elaborado por el presidente del grupo de trabajo especial sobre la cooperación a largo plazo– para facilitar las negociaciones, dando continuidad al Plan de Acción de Bali.

La mala noticia es que persisten las diferencias. El Acuerdo de Copenhague es el principal responsable por tres motivos.

En primer lugar, porque incorporó un débil sistema de “promesas nacionales” por el cual los países desarrollados sólo harían una reducción voluntaria de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto se contrapone con el criterio “de arriba hacia abajo” en el cual se traza un objetivo general acorde a las exigencias científicas –como una reducción del cuarenta por ciento para 2020, comparado con los niveles de 1990– y luego cada país establece sus compromisos, que totalizan el objetivo general.

Estos dos criterios opuestos están en el texto como opciones alternativas y los países se enfrentaron en Bonn en torno a cuál sería preferible.

En segundo lugar, quedó en evidencia que tuvieron razón quienes criticaron el débil sistema de promesas y anunciaron que daría muy pocos resultados. Los científicos han demostrado que las promesas realizadas en el marco del Acuerdo son “increíblemente insuficientes”. En el peor escenario, las emisiones de los países desarrollados podrían aumentar 6,5 por ciento para 2020, comparado con 1990, y en el mejor, podrían disminuir 15,6 por ciento, comparado con el porcentaje requerido de veinticinco a cuarenta por ciento.

Las promesas realizadas en el marco del Acuerdo de Copenhague han puesto al mundo en un curso suicida en la medida en que la temperatura media tendría un aumento catastrófico de tres a cuatro grados centígrados para ese año. Esto contradice el propio objetivo del Acuerdo de un aumento de dos grados.

En tercer lugar, el Acuerdo de Copenhague estimuló el plan de los países desarrollados de prescindir del Protocolo de Kioto, que tenía carácter jurídicamente vinculante y en el marco del cual han transcurrido las negociaciones para obligar a los países desarrollados –excepto Estados Unidos, que no es miembro– a establecer los compromisos requeridos y comparables de reducción de emisiones.

Ahora, los países desarrollados intentan reemplazarlo con un nuevo acuerdo voluntario por el cual sólo prometen hacer lo que puedan.

Los negociadores de los países en desarrollo han tratado de revertir la situación argumentando a favor del criterio “de arriba hacia abajo”

para fijar un objetivo general para los países desarrollados, unido a que cada país establezca un compromiso comparable, todo de acuerdo con los requerimientos científicos. Indicaron, además, que estaban dispuestos a adoptar sus propias medidas de mitigación, pero que los países desarrollados debían apoyarlos con transferencias financieras y de tecnología.

La primera semana de junio hubo una nueva fase en la titánica batalla.

En el grupo sobre la extensión del Protocolo de Kioto, los países en desarrollo insistieron en una cifra global de cuarenta a cincuenta por ciento de reducción de emisiones de parte de los países desarrollados para 2020 (comparado con 1990). Pero este criterio “de arriba hacia abajo” fue resistido por los países desarrollados –con la posible excepción de los países europeos–, aun cuando previamente lo habían acordado.

La misma resistencia se dio en el grupo sobre la cooperación a largo plazo. Allí el liderazgo lo asumió Estados Unidos –apoyado por Japón, Australia, Rusia y Canadá–, para que los países desarrollados presentaran sólo promesas nacionales de carácter voluntario.

Al mismo tiempo presionaron para que los países en desarrollo también se comprometieran con medidas de mitigación, que quedarían sujetas a sistemas de monitoreo, información y verificación internacional, si son financiadas internacionalmente, o a un sistema de consulta y análisis internacional Martin Khor cada dos años, aun si las medidas no son financiadas.

Los países desarrollados también han estado utilizando la “zanahoria”

de la promesa de fondos, pero los montos siguen siendo irrisorios. Y no responden si se trata de fondos “nuevos y adicionales” o simplemente de los existentes presentados de manera diferente.

Algo positivo sería el avance en la exigencia de los países en desarrollo de que se cree un nuevo fondo dentro de la Convención.

Pero todavía falta trabajar en detalles importantes, como dónde se ubicará, cómo se controlará y las fuentes y cantidades de los fondos.

En materia de transferencia de tecnología, el texto sobre la creación de un “mecanismo tecnológico” es muy débil. Resulta claro que los países desarrollados no quieren cooperar realmente más allá de las ventas comerciales de tecnología y equipos. Pero los países en desarrollo están procurando que se cree un órgano con la potestad de elaborar políticas en materia de tecnología y que opere dentro de la Convención, que increíblemente todavía no existe y es resistido por algunos países desarrollados.

Todas estas diferencias se debaten a la hora de la redacción de un texto en el que los países esperan avanzar antes de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en diciembre en Cancún.

Un nuevo borrador del presidente del grupo de trabajo especial debe ser el catalizador de otra ronda de discusiones. Los negociadores esperan ansiosamente ver si se han tomado en cuenta sus argumentos y si se introdujeron nuevas opciones y enmiendas en el lenguaje. Esta ronda de conversaciones finalizará este viernes.

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.