Las políticas económicas, comerciales y laborales tienen impactos diferenciados sobre los hombres y las mujeres, sin embargo los análisis y la elaboración de esas políticas han ignorado sistemáticamente el concepto de género. Si bien los economistas muestran cierta apertura en reconocer la desigualdad de género en la microeconomía –fundamentalmente en la distribución dentro de los hogares- en el ámbito macroeconómico y de los acuerdos comerciales esta perspectiva no está incorporada pues se parte del supuesto que son espacios “neutrales” al género.

Algunos de los principales problemas para formular el análisis económico desde una perspectiva de género -por ejemplo los efectos de la liberalización multilateral del comercio- se relacionan con la propia teoría económica, la cual basa gran parte de sus estudios en análisis de un ente representativo promedio que desconoce las diferencias entre hombres y mujeres.

La ausencia de teorías, metodologías, la falta de indicadores y la propia ausencia del tema en las facultades donde se forman los economistas reproduce esta situación. En las últimas décadas, se ha avanzado desde el análisis feminista en desarrollar investigaciones que reformulan las teorías, metodologías y modelos tradicionales logrando incluir al género como categoría analítica y profundizar en los efectos que sobre las relaciones de género tienen las medidas de política económica.

La perspectiva de género en la investigación económica enfrenta la llamada "ceguera de género" de los enfoques tradicionales y señala la existencia de relaciones desiguales entre los géneros, las que hacen que las mujeres generalmente reciban impactos desfavorables de las políticas implementadas.

También se abrieron análisis sobre los efectos negativos que los estereotipos de género tienen sobre las oportunidades económicas, el mercado de trabajo, la calidad del empleo, las condiciones de vida y la pobreza de las mujeres.

Los fenómenos económicos ocurridos desde los inicios de la década de los noventa han producido cambios, en algunos casos radicales, sobre los modos de producción y la evolución del empleo, sobre las relaciones entre el Estado y las estructuras sociales, así como sobre los vínculos entre los países y la comunidad internacional. Estos cambios han tenido repercusiones concretas en la vida de las mujeres.

Los programas de ajuste estructural aplicados por los gobiernos (generalmente impuestos por las instituciones financieras internacionales) incluyen la liberalización del comercio y de las inversiones, privatizaciones, desregulación y medidas de austeridad con recortes en las políticas sociales del Estado. Estos programas, sin embargo, no son neutrales en términos de género, pues uno de sus principales sesgos es la transferencia de los costos estatales a la economía reproductiva y al trabajo no remunerado de las mujeres.

En cuanto a los cambios en los sistemas productivos y en el mercado de trabajo, ocurridos a partir de la liberalización económica, se han estudiado sus efectos en la flexibilidad, informalidad y precariedad laboral, en los nuevos encadenamientos productivos y en el fenómeno de la maquila. Estos análisis también aportan visibilidad al trabajo doméstico no remunerado y a la necesidad de que éste se valore como trabajo en los presupuestos nacionales, adoptando distintos métodos para su medición de manera que contribuyan al debate y a los análisis sobre las actividades no remuneradas y de carácter no financiero, principalmente las desarrolladas por las mujeres en el hogar y en la comunidad (economía reproductiva).

Para obtener análisis que no sufran de “ceguera de género”, es necesario desarrollar modelos macroeconómicos que reflejen el rol de las relaciones de género en la economía y muestren una posición crítica sobre los supuestos de los actuales modelos. Asimismo, los economistas que tradicionalmente aportan análisis “neutrales” al género, deberían incluir en sus investigaciones los aportes que hace años desarrollan las economistas feministas, contribuyendo de esta manera a que no existan dos academias sobre los mismos fenómenos.

“La división sexual del trabajo ha sido, y aún es, funcional para los sistemas económicos, puesto que garantiza la oferta de mano de obra subsidiada por el trabajo de las mujeres que se hacen cargo sin costo de la producción de bienes y servicios que de otro modo tendrían que ser provistos por el mercado o por el Estado. El acceso al mundo laboral por parte de las mujeres se ve condicionado por lo que la economista feminista Ingrid Palmer (1992) ha denominado “el impuesto reproductivo”, que se deriva del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares, producto de un pacto no escrito por el que se consagró al varón como proveedor económico universal de las familias y a las mujeres como cuidadoras”. PAL, “El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe”, agosto de 2007)