Frente al desalojo de los comerciantes del mercado de Santa Anita, el tratamiento gubernamental y la campaña mediática en torno a este hecho, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales de base expresaron su repudio a estos hechos.

COMUNICADO

A la opinión pública sobre el desalojo del mercado de Santa Anita


Frente al desalojo de los comerciantes del mercado de Santa Anita, el tratamiento gubernamental y la campaña mediática en torno a este hecho, las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales de base abajo firmantes, expresamos a la opinión pública lo siguiente:

1) Consideramos indispensable recordar que la Constitución Política del Estado vigente, en su primer artículo señala "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado", lo que implica respetar los derechos humanos de las personas por el solo hecho de serlo.

2) Es necesario puntualizar que en el caso del mercado de Santa Anita han intervenido tres grupos: uno constituido por los traficantes de terrenos que han obtenido grandes ganancias y que aún se encuentran libres; segundo, los comerciantes que "compraron" sus puestos e invirtieron en acondicionar el terreno; y tercero, las personas más humildes que trabajaban en los puestos, vivían en ellos y que son las mas vulnerables. Tomemos en cuenta que de los denominados "invasores", la mayoría son víctimas y agraviados.

3) Expresamos nuestra solidaridad con las miles de familias que han perdido su principal sustento de trabajo y en muchos casos, su vivienda. Asimismo mostramos nuestra disposición de ayudar en todas las gestiones que sean necesarias para su pronta reubicación y para que el Estado cumpla con disponer de un espacio para la vivienda de aquellos que realmente lo necesitan.

4) El Estado peruano no debe olvidar que existen normas internacionales sobre el desalojo, que contemplan que existiendo resoluciones judiciales que exijan el desalojo, debe haber una previsión adecuada sobre la reubicación de los afectados Así mismo, si bien el invasor no tiene derecho a quedarse de acuerdo a ley, el Estado tiene la obligación garantizar que no se afecten los derechos humanos tras realizar un desalojo.

5) Nos parece cuestionable la demora de la autoridad metropolitana en buscar una solución negociada que hubiera evitado los gastos de inversión realizados por estas familias. Cabe mencionar, sin embargo, el boicot que hizo el gobierno fujimorista a las iniciativas de intervención por parte del entonces alcalde Alberto Andrade

6) Condenamos todas las formas de ESPECULACIÓN URBANA, VENGAN DE DONDE VENGAN, ya que juegan directamente con las necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad peruana. A ellos debe caer todo el peso de la ley y el Poder Judicial debe actuar con la mayor celeridad posible. Planteamos además que se considere como un agravante el tráfico de tierras y se incrementen las penas. De otro lado consideramos que en la medida que el Estado cumpla con su rol de planificar la ciudad y el crecimiento del suelo, previendo donde y de que manera las familias pobres van a vivir y trabajar, se evitarán que los "traficantes de tierra" y "asesores políticos" especulen con la necesidad de esta familias.

7) Asimismo recordamos la responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de orientar el desarrollo de la ciudad en base a una planificación participativa que combata la informalidad a través de una formalidad incluyente. Cabe recordar que la política de vivienda en nuestro país se ha centrado históricamente en la regularización de invasiones de terrenos públicos y sin valor económico, en vez de prever programas de vivienda para las personas de menores recursos que no pueden acceder a terrenos debidamente urbanizados a través de los mecanismos del mercado.

8) Si bien coincidimos en que nuestra ciudad necesita de la existencia de espacios eficientes de comercio mayorista que hoy se gestionan desde el mercado de "La parada" en condiciones deplorables, consideramos que en el manejo de la ciudad, se debe promover no solo el desarrollo de grandes inversiones, sino apoyar con decisión a las peque ñas iniciativas que ofrecen más empleo y mejores servicios a la población.

Consideramos que el Estado peruano y la autoridad municipal han priorizado los megaproyectos de la ciudad, tales como los "mega mercados" en sus diferentes expresiones, dejando de lado la repotenciación y optimización de los mercados ya existentes de la ciudad.

9) Invocamos a las autoridades del Estado competentes (Municipalidad Metropolitana de Lima, Ministerio de vivienda, Defensoría del pueblo, Superintendencia de Bienes Nacionales, entre otros) actuar con diligencia en resolver la situación de las familias que no cuentan con un techo ni oportunidades de trabajo.

10) Manifestamos la preocupación de los pobladores de asentamientos humanos que ocupan terrenos de propiedad privada y se encuentran en procesos de saneamiento físico-legal a través de expropiación o que esperan hace más de 4 años que implementen los programas de prescripción adquisitiva de dominio, frente al precedente sentado por la Municipalidad de Lima con el desalojo de Santa Anita.

Lima, 10 de junio de 2007


-Federación de Organizaciones Vecinales de Lima y Callao -FOVELIC

AH Los Olivos de Pro sector C, AH Vista Alegre de Cerro Candela (San Martín de Porres); AAHH Los Rosales de Pro, Programa Municipal de Vivienda Confraternidad: AH San Martín, AH Los norteños, AH Laura Caller, AH Los Olivos de Pro (Los Olivos); AH Ampliaciones unidas de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán (Ate Vitarte); Proyecto Integral Los ángeles, AH Juan Pablo II (San Juan de Lurigancho);AH Tejada Alta (Santiago de Surco); AH José Olaya II (Chorrillos), Asoc. de Desarrollo Integral Afectados 9 de Octubre (El Agustino); Mesa de concertación para el desarrollo integral de los pueblos de la margen izquierda del río Rímac-MECOMIRR, AH Santa Rosa 2 (Cercado de Lima); AH Manzanilla II (La victoria) ; AH 7 de junio (Pueblo Libre).

-Central Unificada de Asentamientos Humanos y Pueblos de las Partes Altas de Carabayllo – CUDAHPPA, Confederación de Instituciones de Trabajadores Ambulantes, Mercados y similares de Lima y Callao-CONFIAR.

-Comité de campaña por el derecho a una vivienda digna para todos y todas (APDES, CEPROMUR, CENCA, Estrategia, SEA)

-Plataforma interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Capítulo Perú; Llamado mundial a la acción contra la pobreza-Perú ; Red de Jubileo- Perú; Campaña desafío Miqueas- Perú ; CIDAP; Alternativa.