El tema del financiamiento está en el centro de los preparativos de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que tendrá lugar en Túnez en noviembre de 2005. Como elemento central del debate se encuentra la definición de los protagonistas y las soluciones más adecuadas para la consecución de los objetivos proclamados en la primera fase de la CMSI en Ginebra, en el año 2003.

El advenimiento de una nueva lógica que considera las tecnologías de la información y la comunicación como bienes y servicios ha reducido el rango de acción del Estado que, hasta no hace mucho, gozaba de un amplio espacio para la implementación de políticas de acceso. La liberalización de las telecomunicaciones y su incorporación a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha acompañado, a la vez que precipitado, una feroz competencia entre empresas que imponen la lógica del mercado a este sector.

Sería falso afirmar, sin embargo, que el Estado no dispone ya de ningún margen de maniobra. En los últimos años han aparecido nuevos mecanismos tales como obligaciones de servicio universal incluidas en las concesiones y licencias otorgadas a los operadores, impuestos de interconexión asimétricos favorables a los operadores rurales y, especialmente, fondos de acceso universal. Éstos últimos aparecen como uno de los mecanismos más esperanzadores como demuestra la experiencia en algunos países en desarrollo, especialmente en Latinoamérica.

Surgidos en 1994 en América Latina, los fondos de acceso universal (FAU) han visto una rápida expansión, como consecuencia del éxito alcanzado en Chile, Perú y Colombia. El proceso es simple: el Estado, en colaboración con autoridades locales, identifica en primera instancia las necesidades y las divide en proyectos más pequeños (por ejemplo, un tele-centro en cada pequeña ciudad del país). Luego se permite la "competencia" entre empresas para la realización del proyecto: la empresa que requiere menos subsidios obtiene la licencia para operar.

Actualmente estos fondos existen o están planificados en cerca de 60 países en vías de desarrollo o en transición. Su objetivo: permitir el servicio de comunicaciones en regiones rurales y/o aisladas a manos de compañías privadas, acordando una subvención para cubrir los gastos y las elevadas inversiones iniciales.

Si bien el carácter muy reciente de estos mecanismos y la variabilidad de los resultados impiden, por el momento, realizar un balance en profundidad, algunos aspectos de éstos han probado ser muy prometedores. En principio, el modo de atribución de las subvenciones, poniendo en competencia a las empresas a través de un sistema de pujas inversas, permite ahorros considerables puesto que triunfa el que demanda la subvención menos elevada.

Segundo, el gran potencial del modelo, que ha sido aplicado no solamente a proyectos de infraestructura sino también a proyectos de telemedicina (e-health), de enseñanza a distancia (e-learning), de creación de contenidos y de iniciación a las tecnologías de la información. Por último, la definición de los proyectos por un organismo único permite mantener una visión de conjunto y una coherencia a nivel nacional.

Basado en el informe "Financiamiento del acceso universal" de Joëlle Carron