Una agenda de la OMPI para el desarrollo
Fuente: IP Watch
El 30 de junio de 2006, después de dos semanas de reuniones e intensas consultas a lo largo del año, se dio fin a los debates encaminados a reforzar la perspectiva de desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sin que se pudiese llegar a un acuerdo. Se decidió que las propuestas se remitirían a la reunión anual de los Estados miembros de este organismo especializado de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en septiembre de 2006. Sin embargo, según trascendió, se prevé que el debate continúe de alguna forma el año siguiente. [ampliar]
 
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Fuente: Red del Tercer Mundo
Martin Khor

El movimiento para reformar el sistema mundial de derechos de propiedad intelectual en general y la OMPI en particular cobró impulso cuando, en octubre de 2004, un grupo de países en desarrollo planteó enérgicamente su propuesta. En una reunión especial de tres días sobre una Agenda de Desarrollo para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 14 países que se denominan "Grupo de Amigos del Desarrollo" (GAD) presentaron un amplio documento en el que exhortan a reformular los derechos de propiedad intelectual (como las patentes y los derechos de autor) y la forma de funcionamiento de la OMPI.

La OMPI es un organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de los derechos de propiedad intelectual. Su actividad principal hasta ahora ha sido promover los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. Muchos países en desarrollo y grupos de interés público creen que la organización ha ido demasiado lejos en la promoción de las patentes y los derechos de autor, a expensas de los consumidores y del público en general.

El GAD, encabezado por Brasil y Argentina, arguyó que recientes tratados internacionales celebrados en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OMPI han obligado a países en desarrollo a adoptar criterios muy estrictos de derechos de propiedad intelectual, con efectos económicos y sociales adversos. El Grupo exhortó a orientar las normas y futuras negociaciones sobre derechos de propiedad intelectual hacia los principios de desarrollo. Además, la OMPI debería cambiar su mandato, su sistema de decisiones y el asesoramiento técnico que brinda a los países. Finalmente, la organización debe promover la transferencia de tecnología a países en desarrollo. Los países del Grupo arguyen que la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, sino un medio para promover el interés público, la innovación y el acceso a la ciencia, y que debería existir un equilibrio adecuado entre el interés del público y el de los propietarios de esos derechos.

En la Asamblea General de la OMPI en 2004 hubo un choque de opiniones, principalmente entre países industrializados y en desarrollo. La mayoría de los países en desarrollo (incluso grupos regionales representantes de África, Asia y América Latina) apoyaron la propuesta de una amplia "Agenda de Desarrollo" que involucraría la reforma de la OMPI y una revisión de sus tratados y el trabajo futuro. Sin embargo, el grupo de países industrializados adoptó una posición diferente. Su posición fue que el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual contribuiría al desarrollo, que la OMPI está haciendo un buen trabajo en ese sentido, y que la agenda de desarrollo debería concentrarse en la mejora de las actividades de asistencia técnica de la OMPI. Durante el debate, muchos países en desarrollo destacaron que la agenda de desarrollo propuesta no podría equipararse con más asistencia técnica.

En lugar de reformar la OMPI, Estados Unidos propuso crear un sitio web para acercar a donantes y receptores de asistencia técnica sobre cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Un documento de Gran Bretaña también propuso únicamente mejorar el trabajo de asistencia técnica de la OMPI. Estas propuestas no cayeron bien a los países en desarrollo que promueven reformas más profundas. Sudáfrica destacó que no apoyará ninguna sugerencia que presente la asistencia técnica como agenda de desarrollo, y exhortó a todos los países miembros a examinar con cuidado todos los elementos de la propuesta del Grupo de Amigos del Desarrollo, que no se limita a la asistencia técnica.

El Grupo de África respaldó una agenda que introduzca la dimensión del desarrollo en los programas de la OMPI, y también recibió con beneplácito la propuesta del Grupo de Amigos del Desarrollo. En una declaración analítica, India señaló que es imperativo para el desarrollo hacer que los intereses de los dueños de propiedad intelectual no se realicen a expensas de los usuarios, los consumidores o las políticas públicas en general. Según India, la base principal de la protección de la propiedad intelectual es promover el desarrollo social estimulando la innovación tecnológica. El monopolio legal otorgado a los propietarios de propiedad intelectual se aparta excepcionalmente del principio general de mercados competitivos. Tal excepción no se otorga para permitir ganancias monopólicas, sino para incentivar la innovación, de modo que ésta beneficie a la sociedad y compense a los consumidores por la pérdida.

Los derechos de monopolio son entonces un incentivo especial que cada país debe calibrar cuidadosamente, tomando en cuenta los costos y beneficios de tal protección. Si esa motivación deja de existir, como en el caso de los derechos transfronterizos que involucran a países industrializados y en desarrollo, la única justificación para otorgar un monopolio sería una obligación contractual, como el acuerdo de la OMC en la materia (TRIPS, o acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), señaló India. En tal situación, tiene poco sentido que una parte, y en especial la más débil, acepte asumir mayores obligaciones que las que está obligada contractualmente a aceptar. Esto es lo que han hecho hasta ahora los países industrializados en el marco de la OMPI, observó India. "El mensaje de la Agenda de Desarrollo es claro: los países en desarrollo no están dispuestos a aceptar ese criterio ni la continuación de la situación actual", enfatizó.

Ni la protección de la propiedad intelectual ni la armonización de leyes conducentes a una mayor protección en todos los países puede ser un fin en sí mismo. Para que los países en desarrollo se beneficien de una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual de individuos y empresas de países industrializados, éstos deberían asumir la obligación de transferir tecnología a aquéllos. En caso contrario, se perpetuaría un arriendo asimétrico de la propiedad intelectual, y los beneficios de la protección de ésta nunca llegarían a los consumidores de los países en desarrollo. Según la propuesta del Grupo de Amigos del Desarrollo, la transferencia de tecnología debe ser un objetivo básico del sistema mundial de propiedad intelectual, y la OMPI tiene la responsabilidad de tomar medidas en ese sentido como parte de la agenda de desarrollo, señaló India.

Los países industrializados deberían reconocer que la protección de la propiedad intelectual es un instrumento político que debe ser utilizado cuidadosamente en los países en desarrollo, concluyó India. Aunque los supuestos beneficios del fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual son materia de debate, es indudable que tendría costos sustanciales, reales e inmediatos para los países en desarrollo. Cada país precisa flexibilidad para que el costo de la protección de la propiedad intelectual no sea mayor que sus beneficios. La OMPI debería reconocer esto y formular su programa de trabajo de manera acorde, y no limitar sus actividades a la promoción ciega del fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual.

Muchas ONG de interés público han respaldado la iniciativa del GAD, sosteniendo que los consumidores ya experimentan grandes problemas, como el alto costo de los medicamentos debido a las patentes, el alto costo de los programas de computación, y las crecientes restricciones al uso de libros, lo que restringe el acceso a la información. Las ONG destacaron el problema de la "biopiratería" o el patentamiento de recursos genéticos de países pobres por grandes compañías de países ricos. Asimismo, exhortaron a los gobiernos a reformar el sistema de propiedad intelectual de modo de otorgar prioridad a los intereses de los consumidores y de las pequeñas empresas de los países en desarrollo.

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