La privatización de los servicios públicos básicos se ha convertido en un tema dominante en el discurso político, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. En los últimos años, las políticas privatizadoras del agua, la energía, la salud, la seguridad social y la educación han generado controversias políticas y movilizaciones sociales en gran cantidad de países (ver documento de Tim Kessler, Social Watch).

En este contexto se incluye la polémica sobre las reformas del sistema de seguridad social implantadas en diferentes países, o que se pretenden establecer en otros. Estas reformas, que eran una peculiaridad en América Latina, comenzaron en Chile en 1980 y se generan fundamentalmente a partir del modelo impulsado por el Banco Mundial, sintetizado en su libro de 1994, "Envejecimiento sin crisis". Se han aprobado en varios países de América Latina y algunos de la Europa Central y del Este.

Mediante los programas de ajuste estructural adoptados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha presionado a los gobiernos a efectuar estas reformas. Hay en cambio quienes opinan que debería ser la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) los que determinen la cantidad y calidad de las prestaciones de salud y otras contingencias sociales, para evitar que el derecho financiero y el derecho mercantil desplacen al derecho social. En las reformas actuales, según diversas organizaciones sociales y la propia OIT, no se cumple con los principios fundamentales establecidos por la organización: solidaridad, equidad, universalidad, igualdad de trato y subsidiaridad del Estado.

Los regímenes de pensión basados en la capitalización de los sistemas de prestaciones de largo plazo (IVS) y capitalización individual, administrados por sociedades anónimas, se sustentan en la idea del derecho de propiedad sobre el aporte, entendiendo que los trabajadores difieren una parte de su salario actual para consumirlo en un futuro, con sus respectivos intereses. Pero, según los análisis y balances realizados hasta ahora, nadie puede garantizar que esto se cumpla.

Según expresa la OIT en su boletín informativo 2003/1, "Sigue observándose en el mundo entero una fuerte tendencia hacia la privatización de las pensiones de jubilación, si bien es muy temprano para medir su impacto total sobre la seguridad de ingreso de los jubilados.

Asimismo, la evolución hacia regímenes de pensión basados en el aporte de contribuciones aumenta la inseguridad. En Europa Oriental, en particular, los problemas consisten en la falta de reglamentación de los mercados de pensiones privados y de las reglas para el cálculo de las anualidades.

Las repercusiones generales sobre el nivel de las pensiones serán más evidentes dentro de 20 o 30 años, pero la introducción de cuentas de ahorro individuales ya ha puesto de relieve las importantes desventajas del sistema."

Recientemente en América Latina, según documento de Ernesto Murro, cuyo texto completo proporcionamos en este informe, se aprecia cierto enlentecimiento de la ola de implantación de regímenes de capitalización individual. Durante el año 2002 no se han aprobado nuevas legislaciones en ese sentido; en Brasil se afirma la reforma no estructural. En Venezuela se aprobó una reforma no estructural. En Argentina, en agosto de 2002, a iniciativa del nuevo Secretario de Seguridad Social se propuso un debate para la reforma del sistema mixto vigente, considerándose que no ha cumplido sus objetivos ni expectativas y se convoca a un amplio espectro político social. En Chile, el gobierno de Lagos propone un debate general sobre el sistema. En Uruguay, las perspectivas de cambio de gobierno en el 2004 y la iniciativa de los trabajadores en base a una Propuesta Alternativa, indican también posibles cambios y en la opinión pública según reiteradas encuestas, el sistema no está consolidado.

A estas alturas, luego de la aplicación de las reformas en varios países y la polémica actual desatada en muchos otros, como en Francia (acompañada en ese país por huelgas y enormes manifestaciones que rechazan la reforma) y en Alemania, debida a la intención de sus gobiernos de implementarlas, se puede contar con un balance de sus resultados y diversos análisis sobre este tema. Ya en octubre de 2000, una declaración en Diakonisches Werk, de la Iglesia Protestante de Alemania, asumió la siguiente postura frente al tema: «Debido a su lógica funcional distinta, la provisión privada no puede reemplazar a la provisión reglamentaria. Existen dos razones principales a favor de brindar una protección confiable del nivel de vida para los grupos de medianos y bajos ingresos: las personas con jubilaciones insuficientes rara vez contratan un seguro privado; la provisión voluntaria –aunque sea subsidiada por el Estado– rara vez es una opción para las personas de bajos ingresos porque los grupos de población que corren el mayor riesgo de quedar empobrecidos consumen todos sus ingresos disponibles.» (Social Watch, texto completo en formato pdf).

Es importante incorporar a esta discusión la 89°.Conferencia tripartita de OIT, en su 3ª. conclusión relativa a seguridad social, que proporcionamos más abajo. Allí se establece que “La seguridad social administrada correctamente aumenta la productividad al proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales. En conjunción con una economía creciente y unas políticas de mercado laboral activas es un instrumento para el desarrollo económico sostenible. Facilita los cambios estructurales y tecnológicos que requieren una fuerza laboral adaptable y móvil. Cabe señalar que la seguridad social, aunque represente un costo para las empresas, es también una inversión en las personas o un apoyo a las mismas. Ante la mundialización y las políticas de ajuste estructural, la seguridad social es más necesaria que nunca (...)

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