La falta de espacios de diálogo y de participación y la lucha por controlar recursos naturales de Chile aparecen como obstáculos a la solución del centenario conflicto mapuche que cobró una nueva víctima: un joven de 24 años abatido por la policía en una toma de terrenos.

Evo Morales hizo uno de los anuncios más esperados por los movimientos indígenas: este 2 de agosto presentó un decreto y un proyecto de ley que da comienzo a la implementación de las autonomías indígenas establecidas en la Constitución Política del Estado.

Mundos paralelos llamados abiertamente a encontrase y condenados aparentemente a no hacerlo. En uno de ellos los Estados asociados en las ONU proclaman la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el otro mundo, entre tales Estados se emprenden políticas que arruinan la posibilidad misma de eficacia y arraigo de la Declaración.

Gran parte de las violaciones a los derechos humanos y libertades ciudadanas, se relacionan con la defensa de derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas.

El evento es parte de la estrategia de asegurar la visibilidad estadística de afrodescendientes en la región como una acción política que garantice la recolección y el análisis de datos especificados en los censos de 2010/2012.

Como reacción al episodio de violencia que estalló en Perú el pasado 5 de junio, relevantes personalidades del país están adoptando medidas drásticas contra las ONGs, tanto peruanas como extranjeras.

Miles de manifestantes rechazan la negativa de las autoridades a derogar las "leyes de la selva", decretos legislativos que promueven la explotación de recursos naturales en territorios selváticos e indígenas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) repudió “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes y población civil”.

El 4 y 5 de junio de 2009 tuvo lugar en Lima el Seminario Internacional "Crisis Global y su Impacto en los Derechos Sociales de los Pueblos Andinos y Amazónicos".

El Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU concluyó el viernes su octavo período de sesiones con una reafirmación de los derechos de los pueblos autóctonos a ser consultados sobre cualquier proyecto de explotación que afecte a sus territorios.