¿Qué lecciones debe sacar América Latina de la crisis capitalista que golpea a Europa? ¿Cuáles son los impactos de la crisis en la región? ¿Qué esfuerzos que se están haciendo en términos de establecer políticas económicas y monetarias soberanas? Analistas de Europa y América Latina responden a estas interrogantes y revisan los esfuerzos que se están impulsando en la región, en términos de establecer políticas económicas y monetarias soberanas y de dotarse de una nueva arquitectura financiera.
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El segundo Foro de Cooperación para el Desarrollo, llevado a cabo el 29 y 30 de junio pasado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, propuso una revisión de la agenda de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Las principales conclusiones giraron en torno de la necesidad de rever las formas tradicionales de ayuda, de manera de llegar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y la necesidad de reconsiderar el paradigma financiero e incorporar las nuevas formas de cooperación.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) no es sólo el gran prestamista de última instancia al que acuden los gobiernos en emergencia financiera, sino que además es el gran vigilante encargado de disciplinar a los países miembros para evitar nuevas crisis y su contagio sobre los vecinos. Esta vigilancia no fue capaz de evitar la caída de Wall Street a fines de 2008 y la consiguiente crisis de la economía global, ya que el FMI no tiene dientes capaces de sujetar a las economías más poderosas, pero para el resto de los ministros de Finanzas del planeta, como en la canción mexicana, “su palabra es la ley”.
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Diversas organizaciones y movimientos sociales de mujeres se reunieron en Brasilia previo a la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL que se lleva a cabo en Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010 cuyo tema fue “Que Estado para que Igualdad?”. La declaración del Foro de organizaciones feministas resalta que a pesar de los avances a 15 años de Beijing, la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres, aun no constituye una dimensión inherente de la justicia social, sobre todo en cuanto a la contradicción entre los compromisos internacionales asumidos y la materialización de las políticas para la igualdad y la plena garantía de derechos.
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